Represión e impunidad. Luz Santos Morón: “Los juicios de lesa humanidad demuestran que el genocidio fue de clase”
La abogada de 34 años milita en el CeProDH y hace años integra la querella de Justicia Ya! en juicios contra genocidas como Miguel Etchecolatz. En esta charla con La Izquierda Diario habla de cómo se formó, cómo se dio el proceso de lucha contra la impunidad y qué significa defender los derechos humanos. “Luchar por juicio y castigo a los genocidas, levantando la bandera de los 30.000, es también pelear hoy por construir una sociedad sin opresión y explotación”, sentencia.
Cuando en 1997 un grupo de abogadas, abogados y jóvenes de otras disciplinas formaron el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) en Buenos Aires y otras ciudades del país, Luz Santos Morón tenía diez años. Iba al quinto grado de la escuela 2 de General Pinto, ciudad de unos once mil habitantes ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Santos Morón recién conocería al CePRoDH una década después, cuando se fue a estudiar Derecho a la Universidad de La Plata. Corría 2006 cuando vio en acción a las y los militantes de ese organismo de derechos humanos, gran parte de ellos a su vez militantes a su vez del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS). Sabría entonces que el CeProDH se creó en la segunda mitad de los 90 con el objetivo de poner las profesiones al servicio de la defensa de la clase trabajadora y los sectores populares, especialmente de quienes luchan por sus derechos, contra los patrones y sus instituciones políticas y judiciales.
En 2006, la joven estudiante del primer año de abogacía empezó a involucrarse en el movimiento de derechos humanos. Allí conoció a Myriam Bregman, Alejandrina Barry, Carla Lacorte y demás compañeras y compañeros del CeProDH, quienes como parte del colectivo de organizaciones Justicia Ya! eran querellantes de importantes juicios a genocidas. Y también participó de la lucha en las calles por la aparición de Jorge Julio López.
Hoy, con 34 años, es ella quien representa a Justicia Ya! (junto a otras abogadas y abogados) en diversos juicios de lesa humanidad. Allí no sólo enfrenta a genocidas de todo pelaje, sino que también tiene la responsabilidad de defender la memoria y la verdad de 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, luchando (en los tribunales y en las calles) contra la impunidad que el régimen político-judicial garantiza desde hace décadas.
Foto Joaquín Díaz Reck | Enfoque Rojo
En esta conversación con La Izquierda Diario, Luz Santos Morón recuerda sus primeros pasos como abogada defensora de los derechos humanos, pero también analiza como militante del PTS en el Frente de Izquierda el largo proceso de lucha colectiva contra la impunidad genocida y el presente cargado de nuevas luchas que, inevitablemente para ella, se mezclan y retroalimentan.
Dictadura, “democracia” y lucha contra impunidad
¿Cómo analizás el proceso que se dio en las últimas cuatro décadas en torno a las consecuencias del genocidio? Y, en ese marco, ¿cómo se fue dando la lucha contra la impunidad?
Hubo diferentes momentos políticos y, en ese marco, cada gobierno adoptó diferentes relatos para explicar el proceso de los 70, la represión y el genocidio. En una primera etapa hubo una reivindicación de la dictadura, de la “lucha contra la subversión” como la llamaban, que obviamente garantizó la plena impunidad durante esos años. Después estuvo la “teoría de los dos demonios”, de la mano del prólogo del Nunca Más, que intentaba mostrar dos bandos, como si no hubiera una responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad.
¿Y cómo describirías el discurso de derechos humanos que hizo el kirchnerismo desde 2003?
Como un tercer relato. Luego de la anulación de las leyes de impunidad hubo una reivindicación de aquella generación setentista, pero sin una perspectiva de clase de lo que significó el ascenso obrero a fines de los 60, de la mano de la lucha del movimiento estudiantil. Ese relato, parte de un discurso del kirchnerismo, no sacó lecciones para adelante. Reivindicaban una militancia desde los idearios de la “justicia social”, pero sin decir que esa generación peleaba por terminar con la explotación y la opresión, que cuestionaba las bases del sistema capitalista.
Sos crítica de esos tres relatos, ¿cuál es tu posición?
Hay un cuarto relato, del cuál en el PTS somos impulsores y lo planteamos en el libro Insurgencia Obrero. Recomiendo mucho leer ese libro para conocer más qué fue lo que sucedió en los 70 y por qué se dio el golpe de Estado. Este cuarto relato muestra que lo que hubo fue un genocidio como reacción a un proceso de ascenso donde el movimiento obrero y el movimiento estudiantil, con coordinación y unión, pusieron en jaque al sistema. Fue una generación que se propuso cambiar el sistema de raíz.
En ese sentido, fue un genocidio de clase
Claro, no fue un ataque a la población en general. El proceso represivo había comenzado previamente al 76, con la Triple A, la CNU y otros organismos paraestatales durante el gobierno peronista. El golpe vino a marcar a sangre y fuego que ese cambio no se iba a llevar adelante y, a su vez, vino a instaurar un régimen económico y social en el que cambiara la relación de fuerzas. Para nosotros no fue un ataque a los “derechos humanos” en general, no se trata de delitos de lesa humanidad en el sentido de un ataque general a la población, sino que fue un plan sistemático de exterminio contra una generación de trabajadores, de estudiantes y de luchadores populares que cuestionaban al sistema de raíz. La dictadura vino a terminar con ese proceso de organización profundo que se daba en Argentina y era parte de un proceso que se desarrollaba a nivel internacional.
¿Y el proceso de lucha contra la impunidad cómo se da en este período?
Esos relatos van de la mano de políticas concretas. Hay una primera parte, luego de la dictadura, que tiene que ver con el juicio a las Juntas y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que buscaban cerrar esa etapa garantizándoles la impunidad a los genocidas. Eso fue parte de un pacto entre el radicalismo y el peronismo, como expresiones políticas mayoritarias del régimen. Luego vinieron los indultos del menemismo. En ese contexto se dieron los llamados “Juicios por la Verdad”, donde no se juzgaba a los genocidas pero fue un proceso de acumulación de testimonios que, al día de hoy, tiene expresión en los juicios que se llevan adelante. Producto de décadas de lucha de las Madres, de las Abuelas, de los hijos, de los organismos de derechos humanos y de la izquierda en las calles es que llegamos a la anulación de esas leyes de impunidad.
¿Qué cambió con la anulación de esas leyes e indultos?
Luego de anuladas las leyes, en 2006 se realizó en La Plata el primer juicio, contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Ahí logramos por primera vez una sentencia donde esos crímenes fueron juzgados en “el marco de un genocidio”. Pero la lucha contra la impunidad sigue hasta el día de hoy, porque luego de la anulación de las leyes siguió un proceso de juzgamiento fragmentado y a cuentagotas, que no hace más que perpetuar la impunidad. Costó mucho mostrar lo que fue la dimensión del genocidio. En nuestro país hubo unos 500 centros clandestinos de detención y el conjunto del aparato del Estado estaba orientado a llevar adelante esa represión. Entonces al día de hoy es ínfima la cantidad de genocidas juzgados y condenados. Y en su inmensa mayoría, los que fueron llevados a juicio, están con prisión domiciliaria o en libertad.
¿Qué ejemplo concreto podés mencionar?
En La Plata se está realizando el juicio que abarca el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y lo que se conoce como El Infierno, que era la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda. Tres grandes centros clandestinos de detención del Circuito Camps. Ahí se está juzgando sólo a 17 genocidas. Muchos de los imputados murieron impunes (entre ellos Miguel Ángel Ferreyra, reconocido por Nilda Eloy). Abarca a casi 500 víctimas y se da luego de 45 años de la dictadura. Eso marca un proceso de impunidad que se perpetúa, haciendo más de una década que se anularon las leyes. La fragmentación de los juicios, que sean a cuentagotas y las domiciliarias después de décadas de impunidad generan, en última instancia, una impunidad biológica.
Marta Ungaro, María Laura Bretal, Luz Santos Morón, Nora Cortiñas, Pía Garralda y Maine García
¿Qué significa eso?
Que los genocidas se mueren en sus casas, sin condena. A su vez muchas víctimas y familiares también mueren, sin justicia. Y esa perpetuación de la impunidad también garantiza la impunidad de las fuerzas represivas hoy. Por eso el planteo que hacen muchos de que ya se consiguió la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, como hecho consumado, es completamente falso. Es parte de una pelea que damos todos los días quienes impulsamos las causas de lesa humanidad en todo el país.
El revés del Derecho
Pasando a tu propia biografía, ¿cuándo y por qué decidiste ser abogada defensora de los derechos humanos?
En la adolescencia, como todos los jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar (porque obviamente no todos la tienen), me surgió la inquietud de hacer una carrera que estuviera relacionada a lo social y a lo político. En 2006, por la sensibilidad que tengo, porque quería estudiar algo que fuera una herramienta para poder transformar la sociedad y también porque quería ir a estudiar a La Plata, me decidí por Derecho. Entendía que el derecho y las leyes son armas de opresión de los sectores dominantes y que era fundamental manejar esa herramienta para poder defender a los trabajadores, a los sectores oprimidos, a las mujeres, a los pueblos originarios.
Además llegaste a La Plata en un momento muy intenso
A mí siempre me interesó la historia de los 70, de esa generación militante que luchó por terminar con este sistema. Pero cuando llegué a estudiar a La Plata, en 2006, se estaba haciendo el juicio a Etchecolatz y ahí me involucré mucho más. En ese juicio intervenía Myriam Bregman, una de las abogadas que logró la condena por genocidio por primera vez en la historia. Fueron mis primeras experiencias militantes, ligadas al CeProDH. Apenas empecé la carrera me involucré con las causas de lesa humanidad. En un contexto en el que, además, sucedió la segunda desaparición forzada de Julio López. Eso también me marcó mucho y creo que marcó a toda mi generación que empezó a hacer sus primeros pasos militantes.
Luz Santos Morón y Pía Garralda
¿Cómo viviste el momento de la desaparición de López?
Jorge Julio López había sido un testigo clave en la causa contra Etchecolatz y también era integrante de la querella de Justicia Ya!, así que la lucha por su aparición era a su vez una denuncia de cómo seguían actuando las fuerzas represivas, que seguían en funciones luego de haber estado a las órdenes de Etchecolatz en dictadura (en ese momento eran alrededor de 9.000 efectivos). Y una denuncia a la política de un gobierno que se reivindicaba defensor de los derechos humanos pero frente a esa desaparición respondió con más impunidad. Oímos a Aníbal Fernández decir que López estaba grande y que por ahí estaba en la casa de la tía tomando el té. Una política que garantizó que durante los primeros meses no lo buscaran como lo tenían que haber buscado desde el minuto uno.
Fue una “escuela” importante para vos
Entendí enseguida que la pelea no es sólo en los tribunales, no es sólo en los juicios, sino que va de la mano de la organización y la lucha en las calles. A partir de ese momento conocí a grandes referentes de derechos humanos, como Nilda Eloy, Adriana Calvo, Cachito Fuckman, a mi compañera entrañable Myriam Bregman. Esas compañeras y compañeros no sólo daban batalla en los tribunales sino que luchaban en las calles, se organizaban y entendían que la lucha contra los genocidas es una lucha que, necesariamente, tiene que ser independiente del Estado y los gobiernos que durante décadas garantizaron la impunidad.
Mi militancia se forjó al calor de hacer una experiencia con organismos de derechos humanos y grandes personalidades, que además estaban en cada una de las peleas que se daban y que se siguen dando. Nilda siempre decía que la pelea en las calles contra los genocidas iba de la mano de la pelea en las calles por todos los derechos. La lucha por los derechos humanos es la lucha por los derechos de los trabajadores y los sectores populares.
¿Cómo empezaste a trabjar de lleno en juicios de lesa humanidad?
Mi experiencia militante es previa a haberme recibido. Una vez recibida empecé a participar más activamente del colectivo Justicia Ya! que integramos diferentes organismos de La Plata. El primer juicio en el que participé activamente fue el que se conoció como La Cacha. Posteriormente se inició el juicio conocido como FT5 (Fuerzas de Tareas 5) donde se juzgaban los delitos cometidos en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada contra trabajadores del Astillero Río Santiago, de YPF, del frigorífico Swift, entre otras empresas. En ese juicio logramos que por primera vez se dicte condena como coautores del delito internacional de genocidio. Eso fue un hito en el marco de la pelea que ya veníamos dando para mostrar que se trató de un plan sistemático.
También participaste en el juicio a Castillo y Pomares de la CNU
Sí, fue después y también en La Plata. Se juzgaba a dos miembros de esa organización paraestatal de la derecha peronista que actuaba con el aval del Estado en prácticas represivas contra luchadores y activistas gremiales, políticos y de izquierda. En La Plata la CNU tuvo una actividad muy prolífera, cometió más de 60 crímenes demostrados. En ese momento denunciábamos que era un juicio recontra amañado y segmentado, porque no llegaban a diez las víctimas y sólo se juzgaba a Carlos “El Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares.
Foto Joaquín Díaz Reck | Enfoque Rojo
Además Pomares es un reconocido protegido del PJ
Durante los años posteriores a la dictadura Pomares estuvo ligado al peronismo y especialmente al gobierno de La Plata (entonces en manos de Julio Alak, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de Axel Kicillof, NdR). Hoy continúa impune bajo el supuesto beneficio de la duda, cuando en La Plata se conoce abiertamente su participación en esa organización. Logramos la condena del Indio Castillo y también demostramos que los delitos de lesa humanidad y la política represiva contra la vanguardia que se organizaba y salía a las calles a luchar, coordinando entre trabajadores y estudiantes, comenzó previamente al golpe de 1976.
¿Cuáles son tus juicios más recientes?
El juicio Brigada de San Justo, que juzgó los crímenes cometidos en esa brigada de investigaciones de La Matanza. Un juicio grande, también, donde juzgaba centralmente a miembros del Ejército y la Policía. La Brigada de San Justo también formaba parte del Circuito Camps. Ahí logramos una condena muy importante, donde se reconocieron los delitos sexuales como parte de lo que fue el genocidio, como una forma de disciplinamiento de clase y patriarcal.
Eso es novedoso en estos juicios
Sí. Esa también es una pelea que lleva mucho tiempo. Apenas se iniciaron los juicios la política de la Justicia era que se trataba de delitos individuales o “de mano propia”. Pero en realidad eran parte de ese plan sistemático de exterminio. En ese juicio también quedó demostrado cómo el Estado actuaba en el Plan Cóndor aún previo al golpe, desde 1974.
Foto Joaquín Díaz Reck | Enfoque Rojo
¿Y ahora?
Ahora estamos llevando adelante un juicio muy importante, donde logramos que se unifiquen tres centros clandestinos de detención, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. Allí queda en evidencia cómo funcionaba el Circuito Camps. La unificación por centros clandestinos es un reclamo que venimos haciendo hace mucho tiempo, para que la fragmentación no sea un elemento más para garantizar la impunidad. Lo que estamos viendo en este juicio es que hay muchísimas víctimas que no son caso, por lo cuál no se está juzgando a los genocidas por ellas. Por eso siguen siendo tan importantes los testimonios.
Los juicios que supimos conseguir
¿Por qué creés que sobrevivientes y familiares de víctimas llevan años siendo obligados a tener que declarar, una y otra vez, en diferentes juicios, siendo esos testimonios pruebas clave?
Es parte de una política revictimizante. Pero a su vez es parte de una política de Estado que lo organismos de derechos humanos que nos mantenemos independientes de todos los gobiernos venimos denunciando hace muchísimo tiempo. Los juicios se construyen, centralmente, con el esfuerzo de los organismos y de familiares de las víctimas que dan testimonio. Esos juicios se van desarrollando a través de esos testimonios y no porque el Estado investigue consecuentemente o haya abierto todos los archivos de la dictadura. Hay muchas víctimas y familiares que tienen que declarar una y otra vez. Hay muchísimas causas en las que, a través de los juicios orales, se desprenden nuevas causas. Si el Estado hubiera investigado y se hubieran abierto los archivos (los propios y los de la Iglesia católica), sería otro el panorama.
Hay dos actores centrales que también están impunes: el empresariado y la burocracia sindical
Es un punto clave en el proceso de juzgamiento. Aún continúa la impunidad del sector empresarial, responsable del genocidio y beneficiado a su vez con las políticas de la dictadura. Y también la impunidad de la burocracia sindical, que participó y fue cómplice del plan represivo contra trabajadores y estudiantes. Después de 45 años y de anuladas las leyes siguen impunes. Hay casos muy puntuales que sí, pero en su mayoría no han sido juzgados. Y en cada testimonio de familiares y sobrevivientes se ve claramente la participación que tuvieron, cómo las burocracias vendían a compañeros, cómo las empresas armaban las listas de trabajadores que luego eran desaparecidos. Hay casos en los que dentro de las empresas funcionaban centros clandestinos de detención, como “El Quincho” de la Ford. Ahí se pone sobre la mesa que el genocidio no fue casual o algo de un grupo de militares o policías “dueños del mal”. Tenía por detrás un plan económico y social.
Al Derecho por izquierda
¿Cómo ves la formación en las carreras de Derecho?
La Facultad de Derecho es una facultad muy elitista y con un perfil de profesionales liberales, con una perspectiva muy individualista. De hecho en la Facultad hemos tenido el caso del juez (Pedro Luis) Soria, un cómplice de la dictadura que intentó ser decano. Ahí muchos estudiantes dimos una pelea enorme para impedirlo. O el caso del profesor de Derecho Internacional Privado (Horacio) Piombo, que también fue juez en dictadura y a lo largo de su carrera dictó fallos misóginos y de clase. A él también lo denunciamos en la facultad para que no diera más clases.
Desde el CeProDH tenemos una perspectiva completamente opuesta. Opinamos que esta carrera tiene que ser una herramienta, en última instancia, para acompañar los procesos de lucha de los trabajadores, de las mujeres y la juventud. Por eso apostamos a una construcción colectiva, entendiendo nuestra militancia, tanto en la facultad como ya siendo profesionales, como parte de esa pelea colectiva por terminar con este sistema. Esa pelea, en definitiva, tiene que ver con enfrentar a un Estado, a sus fuerzas represivas, a instituciones y a leyes que legitiman el status quo, la opresión y la explotación.
¿Qué te pasa cuando lo tenés enfrente a Etchecolatz o a otros genocidas de esa talla?
En la instancia de un juicio se pone sobre la mesa lo que pasa en la sociedad, en los procesos históricos y de la lucha de clases, es decir lo que pasa fuera de ese mismo juicio. Para mí estar en esa situación es enfrentar no a individuos sino a quienes llevaron adelante el plan genocida. Es un momento muy importante, donde no estoy yo sentada individualmente, sino en representación de una lucha colectiva de años y años. Contra la impunidad y contra lo que seguimos peleando hoy en día, contra las políticas de ajuste, contra la represión como fue en Guernica. En última instancia, luchar por juicio y castigo a los genocidas, levantando la bandera de los 30.000, es pelear hoy por construir una sociedad sin opresión y explotación.
¿Cómo cerrarías esta conversación?
Yo creo que es importante tener en claro que la lucha contra los genocidas y por justicia tiene que ver también con poner sobre la mesa que no nos han vencido y que seguimos dando batalla por terminar con un sistema que garantiza el bienestar para unos pocos, para un puñado, mientras millones pasan hambre, no tienen educación, no tienen salud, no tienen derecho a la vivienda. Por eso peleaban en los 70 y esa pelea hoy está más vigente que nunca.
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS) | IG @saturdaniel X @saturnetroc
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