GOBIERNO "PROGRESISTA". Luz, alquileres y desahucios ponen fin al relato del gobierno “progresista”

Un gobierno al servicio de las grandes eléctricas

La principal organización de consumidores cifraba la semana pasada en más de un 40% la subida de la factura de la luz en el último año. Esta semana, la nueva tarifa ajusta a la oferta y demanda de energía en cada hora, batía un nuevo récord del precio del megavatio hora escalando a 94,63 euros, convirtiéndose ya en la más cara de Europa.

La respuesta del gobierno “progresista” ha sido ninguna desde que comenzase esta escalada. Ni siquiera el subidón en pleno temporal invernal de Filomena – cuando escaló a los 90 euros- se decidió a tomar ninguna medida contra el oligopolio de las eléctricas. Tampoco contra Naturgy, que llevó al extremo de cortar el suministro eléctrico a miles de familias de la Cañada Real en medio de la peor nevada de los últimos 100 años.

Este miércoles, en la sesión de control, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sugirió una posible medida que consistiría en modificar “algunos de los elementos fiscales con carácter excepcional y provisional”. De obligar a una rebaja de la factura a las eléctricas ni una palabra. El total de impuestos que contiene la factura no llega al 25% del total, con lo que incluso aunque la luz se convirtiera en un bien libre de impuestos -algo que no está en los planes del gobierno, sino una rebaja- la luz nos seguiría costando un 15% más cara que hace un año.

Esta rebaja además de insuficiente no tiene mucho de “progresista”. A quien se reduciría la factura no sería solo a los hogares, sino también a las grandes empresas, en particular a las grandes consumidoras de energía que ya gozan de innumerables subsidios eléctricos. Por no hablar de que sería un descuento en detrimento de la recaudación pública para no tocarle ni un euro a los pingües beneficios de las grandes eléctricas. Solo en 2020 Iberdrola ganó 3.610 millones o Endesa ganó 1.394.

Mientras tanto Pedro Sánchez viene de realizar una gira internacional por el Magreb y América Latina, en búsqueda de nuevos nichos de mercado – o más bien de expolio imperialista – para estas y otras multinacionales españolas. Lo hizo hace 15 día en Libia, donde Repsol espera aumentar su presencia, en Argelia hace unos meses facilitando la entrada de Naturgy en la construcción de un nuevo gaseoducto o en Argentina y Costa Rica la semana pasada.

Un gobierno en defensa de los grandes tenedores de vivienda.

Los fondos buitres y la banca, estos son los dos grandes propietarios de vivienda en el Estado español. Cualquier medida reguladora del mercado de alquileres, que fuerce la activación de las viviendas vacías o que prohíba los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad, les toca directamente el corazón de sus negocios. Las inversiones en juego son milmillonarias, Blackstone desembolsó 15 mil millones en compra de activos o Cerberus 4 mil, y la banca acumula una cartera -después de vender ala SAREB a sobreprecio las viviendas más devaluadas – de 95 mil millones.

El gobierno del PSOE y Unidas Podemos, como todos los anteriores o, a escala municipal, los llamados “ayuntamientos del cambio” del 2015-2019, se niegan a tomar medida alguna que pudiera afectar negativamente a estos grandes capitalistas del suelo y el ladrillo.

Ni siquiera algo tan elemental como la prohibición de los desahucios en plena crisis sanitaria se ha hecho cumplir. La enrevesada justificación para poder acogerse a al decreto ha hecho que los lanzamientos siguieran creciendo en 2021, superando los 12 mil, y que miles de familias vulnerables se vieran nuevamente en la calle. El reciente caso de Segundo, el vecino de 59 años del barrio de Sants en Barcelona, que se suicidó el lunes cuando esperaba la comitiva judicial, ha vuelto a mostrar esta realidad y el crimen social que se sigue perpetrando con la complicidad del gobierno central – junto a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en este caso – y la Judicatura.

Pero incluso para aquellas familias que sí han podido acreditar la situación de vulnerabilidad como marca el decreto, la suspensión del desahucio se realiza con compensaciones económicas de parte del Estado a los grandes propietarios. Que las rentas del suelo no pierdan un euro quita mucho más el sueño al gobierno “progresista” que cualquier otra cosa.

Por eso mismo, el debate sobre la regulación de los alquileres se está definiendo hacia una medida lo más limitada posible. En septiembre de 2020 el Parlament catalán aprobaba una ley de regulación de alquileres que, a pesar de ser bastante limitada y no haber resuelto el problema de fondo de la vivienda, resultaba intolerable para los grandes propietarios. En las zonas definidas como “saturadas”, es decir con los precios en una línea ascendente por encima de la media en los últimos años, se congelaban los precios e incluso se obligaba a ajustarse a unos baremos máximos. Esta medida ha obligado a que alquileres en distritos como Sant Andreu o Nou Barris hayan tenido que rebajarse en las renegociaciones de contrato o la firma de nuevos.

El anuncio de los ministros Ábalos e Iceta de que esta ley sería recurrida al Tribunal Constitucional, suponen la enésima injerencia del Estado central contra la Generalitat por medio de este tribunal, pero también toda una declaración de intenciones de que en ningún caso el gobierno “progresista” tolerará que se vaya tan lejos con los pobre propietarios. La ley estatal que negocian el PSOE y Unidas Podemos, según trascendió este miércoles, en ningún caso fijará precios máximos, por lo tanto ningún propietario se verá obligado a rebajar el precio. Solamente se contempla la posibilidad de congelar los precios, o incluso limitar las subidas al IPC, y solo en aquellas zonas donde los alquileres ya son imposibles. Seguirán siéndolo para que en las cuenta de beneficios de los rentistas y especuladores en ningún caso entre “ni un euro menos”.

Agua, luz y techo: tres derechos irrealizables sin tocar la propiedad de una minoría.

Hay otros muchos temas y ejemplos de que este gobierno es una versión aggiornada de los gobiernos del bipartidismo, siempre leal y al servicio de las grandes empresas. La no derogación de las reformas laborales, los planes de alargar la edad de jubilación o los 140 mil millones de los fondos europeos transferidos de forma casi directa a las arcas del IBEX35, son tres buenos botones de muestra. La factura de la luz y la cuestión de la vivienda son solo dos más de una larga lista, aunque por ser dos problemáticas sociales extendidas y muy agravadas con la crisis han dejado por tierra el discurso de “esta crisis no la pagarán los de siempre” o “no dejaremos nada atrás” tan repetido por PSOE y Unidas Podemos.

Los diferentes proyectos políticos reformistas emergidos después de la crisis de 2008 solo han demostrado que conducen, como el reformismo histórico, a gobiernos con algo de relato pero las mismas políticas en lo fundamental que los gobiernos de la derecha. Respeto y defensa de los beneficios e intereses de los grandes capitalistas. Lo vimos en Grecia con el gobierno de Siryza aplicando el memorándum, aquí con los ayuntamientos del cambio que, como el de Colau en Barcelona, gestionan las grandes urbes al servicio de los poderes económicos de siempre o ahora con el gobierno “progresista”.

Para resolver problemas como el generado por el oligopolio eléctrico o el que controla otros suministros básicos, como el agua y el gas, son necesarias medidas que acaben con dicho oligopolio. Desde algunas formaciones socias parlamentarias del gobierno, como Mas País, se pide la creación de una empresa pública que pueda marcar, mediante la entrada en el mercado y algunas medidas reguladoras, límites a este negocio. Pero no se trata de que el Estado compita con estos monstruos, es necesaria la nacionalización sin indemnización de todos ellos, bajo el control de sus plantillas y los usuarios, para crear una única empresa pública que garantice este derecho básico, una producción respetuosa con el medio ambiente y se pueda retornar a los pueblos hermanos los recursos que estas multinacionales hoy expolian en sus países.

Lo mismo se puede decir del mercado de la vivienda. Es urgente oponerse a cualquier medida que suponga un retroceso, como sería la anulación de la ley de alquileres catalana, o la prohibición inmediata de absolutamente todos los desahucios. Y al mismo tiempo pelear por una salida de fondo que suponga la expropiación de todo el parque de viviendas en manos de los grandes tenedores y la construcción de vivienda pública, para garantizar este derecho a todo el mundo y que el alquiler no exceda nunca el 15% de la renta de una familia.

Reactivar la movilización social, masificar las acciones de protesta que se vienen realizando en todo el Estado, y llevar estas reivindicaciones a barrios, centros de estudio y de trabajo, exigiendo a los sindicatos ponerse a la cabeza de la lucha por garantizar estos derechos sociales básicos, es fundamental para bloquear las intenciones de este gobierno de seguir gobernando para Naturgy, el Santander y Blackstone. Al mismo tiempo, construir una izquierda que pelee por un programa para hacerle pagar esta crisis a los grandes capitalistas y ponga el eje en el desarrollo de la lucha de clases para imponerlo -y no la redición de otros proyectos electorales con programas “asumibles” por el actual marco jurídico-, es una tarea fundamental para poner en pie una alternativa a la bancarrota del reformismo en el poder.