Después de la represión a las familias pobres en Guernica, creció el ataque en redes sociales, canales de TV y portales de internet hacia el Frente de Izquierda. ¿La razón? Justificar políticas de ajuste que hunden, aún más, a millones de jubilados y familias pobres.

Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Lunes 16 de noviembre de 2020 10:21
Aunque el concepto “macartismo” nació en la década del 50 en EE.UU., la operación política de demonizar a la izquierda se reitera de manera recurrente. En determinadas coyunturas políticas poco importa quien ocupe el sillón del poder. Con conservadores o (mal) llamados progresistas, los ataques y persecuciones hacia la izquierda que mantiene posiciones políticas independientes es casi de manual.
Desde hace ya varias semanas vivimos un poco de ese clima en la política nacional. El Frente de Todos, con escasos matices entre sus integrantes, lanza críticas variadas contra la izquierda.
Esa campaña tuvo su punto inicial en los días que precedieron y siguieron a la represión en Guernica. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no dudó en culpar a “la izquierda” por una supuesta inflexibilidad a la hora de negociar y -esto suena ridículo, pero lo dijeron- “haber ocultado” la propuesta del Gobierno a los vecinos que reclamaban por tierra y vivienda.
El Gobierno podría haber hecho pública su propuesta por mil canales, teniendo -como tenía- el aval explícito de todos los medios de comunicación para el desalojo y la represión. Sin embargo, no lo hizo. Sencillamente porque su propuesta era completamente vergonzosa e implicaba reconocer a 1400 familias censadas, pero solo ofrecer tierras reales para un sector ínfimo. Es decir, no podía hacer pública su propuesta porque era reconocer que estaba dejando a miles de familias con niños a la completa intemperie.
En aquellos días el macartismo resonó con fuerza en canales de TV, radios, portales de internet y cuentas de Twitter. Los voceros públicos del ataque fueron, mayormente, los ministros Andrés Larroque y Sergio Berni. Axel Kicillof no quiso ser menos y dijo lo suyo. Periodistas afines al oficialismo repitieron el discurso sin proponerse investigar seriamente ni la (no) propuesta del Gobierno ni si el Grupo Bellaco tenía o no propiedad demostrada sobre los terrenos en discusión.
Luego vino la dura represión encabezada por Berni. La solución a la crisis habitacional fueron palos, gases, balas de goma y la quema de casillas. Pocas semanas más tarde, el desplazamiento de María Eugenia Bielsa como ministra de Hábitat confirmó lo evidente: un año entero de desatención absoluta al problema de la vivienda que sufrieron millones de personas bajo la cuarentena.
Por estas horas los ataques vuelven a recrudecer. No es casual que así ocurra. Las últimas semanas evidenciaron un marcado giro a la derecha por parte del Gobierno nacional. Un giro que implicó reunirse con los grandes empresarios -hasta aquellos tildados de “miserables” alguna vez- para garantizarles sus negociados; hacer pública la decisión de establecer un nuevo acuerdo -aún más duro- con el FMI; o presentar y defender un Presupuesto de ajuste hacia el año 2021.
El relato progresista intenta por estas horas negar enfáticamente el ajuste. Recurriendo a una interpretación libre -y absurda- de las palabras se propone no hablar de “ajuste” sino de “reconstrucción” o de “pulseada”. Las volteretas lingüísticas llegan al ridículo.
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Pero la realidad no se tapa con un dedo. El intento de realizar un nuevo acuerdo con el FMI implica conceder a las múltiples presiones del gran capital internacional.
El Presupuesto 2021, si se mira sin las anteojeras de los operadores políticos y mediáticos supone un recorte en términos reales de casi un 10 %. Pero el número global no explica todo. El recorte, entre otras cosas, implica terminar con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), esa limitada compensación bimensual que reciben millones de personas en todo el país. Una inmensa cantidad de familias pobres, más allá de los discursos y palabras, dejará de recibir siquiera este modesto ingreso. El “Estado presente” -publicitado hasta el hartazgo- se borra sin mayores dramas.
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Obviamente no se borra para pagarle a los grandes especuladores internacionales. Por más que se repita la denuncia del carácter ilegal y fraudulento de la deuda tomada en los años macristas, la misma se seguirá pagando bajo la gestión del Frente de Todos. De firmarse un acuerdo de facilidades extendidas, la tutela colonial del FMI se extenderá hasta, por lo menos, el año 2030.
La famosa “soberanía” …te la debo.
La modificación de la movilidad jubilatoria por parte del oficialismo recreó otro ejército de justificadores seriales. Progresistas y “heterodoxos” hasta ayer, hoy múltiples operadores políticos y periodísticos se pasaron al bando de la “responsabilidad fiscal”.
El argumento es utilizado para justificar una fórmula de movilidad que no permite a millones de jubilados recuperar lo perdido en los años macristas. Un cambio que tampoco garantiza ninguna recuperación o mejora futura. En una suerte de “teoría progre” del derrame, se les pide a millones de personas que transitan los últimos años de su vida que sigan esperando. Ahora, al “crecimiento del país”.
Los ataques contra la izquierda buscan ocultar esa realidad. Buscan desviar la atención de la decisión política de gestionar el Estado al servicio del gran capital, tanto imperialista como local.
La última “perlita” de estos ataques contra la izquierda llegó este fin de semana a raíz de la votación del impuesto a las grandes fortunas. Como ya se dejó más que claro, el proyecto oficialista viene a funcionar como una suerte de calmante para hacer soportable al alma progresista el ajuste en curso. Una suerte de engaño cuya única finalidad es aparentar que “todos ponen” cuando no es así.
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Los diputados del Frente de Izquierda habían presentado su propio proyecto hacía ya seis meses. En aquel entonces, peronistas y macristas se unieron para rechazar su tratamiento en Diputados. En aquellos días del mes de mayo, no hubo “grieta” a la hora de evitar tocar las ganancias empresarias.
Silenciando el conjunto de la política gubernamental, cierto progresismo eleva el proyecto oficial de impuesto a las grandes fortunas a una suerte de panacea. Citemos un solo ejemplo. Este lunes, en Página/12, el escritor Mempo Giardinelli afirma que la izquierda, al abstenerse, quedará “de hecho y digan lo que digan, en vergonzosa solidaridad con los multimillonarios evasores y fugadores de divisas”.
El escritor pone en pie de igualdad al Frente de Izquierda y al radicalismo, “digan lo que digan”. Pero no se trata de palabras, sino de políticas. La UCR y Juntos por el Cambio votarán en contra porque defienden a morir los intereses del gran capital.
El Frente de Izquierda, por el contrario, se abstiene porque tiene su propio proyecto, un proyecto que afecta realmente a aquellos a quienes Giardinelli dice querer atacar. Porque el proyecto oficialista no toca a los grandes bancos, no toca a las multinacionales, no toca a los grandes propietarios de tierras. Es decir, deja de lado a una porción sustancial de quienes fugaron divisas y evadieron.
Los ataques macartistas hacia el Frente de Izquierda tienen una clara funcionalidad: justificar una política de ajuste en curso, barnizada con discurso progresista.
Sin embargo, esos mismos ataques se chocan contra una realidad evidente, incuestionable. Ha sido la izquierda la que, en todas estas décadas, protagonizó activamente las luchas en defensa de las libertades democráticas, de las reivindicaciones de sectores populares y contra las políticas de ajuste. Su ubicación como fuerza independiente de todas las variantes patronales le permitió una coherencia completa entre discurso y práctica política. Coherencia que el actual oficialismo no puede siquiera tararear. No están lejos en el tiempo las imágenes de Sergio Massa abrazado y sonriente junto a Mauricio Macri.
En las condiciones de aguda crisis social y política que sacuden al mundo y al país, los ataques contra la izquierda persistirán. Los defensores del posibilismo y el mal menor como estrategia reiterarán sus críticas. También las mentiras.
Sin embargo, esa crisis social y política, así como el incipiente desarrollo de la lucha de clases son un terreno fértil para avanzar en la construcción de fuerza política independiente de los explotados y explotadas del país. En esa gran tarea está la izquierda.

Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.