NACIONAL. ¿Macri y Aguad quieren a los militares patrullando el país?

Desde hace meses que solo hay trascendidos y ninguna voz oficial sobre las reuniones que realiza el Gobierno, junto a varios de sus ministros, para hablar sobre el cambio de rol de las Fuerzas Armadas.

Previo y durante la crisis del ARA-San Juan, la prensa difundía el plan que tenía el Poder Ejecutivo para las Fuerzas Armadas. Entre las medidas se encontraba vender parte de las propiedades militares; unificar la marina (Armada y Prefectura) y la aviación con la Fuerza Aérea y pasar a retiro a parte de los generales. Esto, según versiones periodísticas, habría puesto de muy mal humor a los militares que terminaron enemistados con uno de los suyos: el ministro Oscar Aguad.

El jueves pasado, en el diario La Nación, el periodista Carlos Pagni da cuenta de una nueva reunión del Gobierno para tratar este tema. Según Pagni, en Olivos se reunieron el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y el ministro de Defensa Oscar Aguad.

Esta vez hablaron de modificar el decreto 727, que reglamentó la Ley Nº 23.554, donde se establece que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en la seguridad interior.

El periodista se interroga “¿Es necesario que haya gendarmes en los puestos de frontera o podrían estar abocados a tareas de seguridad más activas y colocar allí militares?”. La respuesta la dio el gobierno de Cristina Kirchner cuando dispuso el controvertido operativo Escudo Norte, que autorizó vigilar las fronteras aéreas, terrestres y fluviales a los militares. Operativo que lo continúa aplicando el actual Gobierno, a pesar que la ley dice que las Fuerzas Armadas solo actúan para repeler agresiones de fuerzas armadas externas.

En otro tramo de su reflexión Pagni se pregunta “¿No será que el Gobierno está pensando en una mega recesión que implica reprimir más duramente?. Una pregunta acertada, porque la llegada del FMI y el ajuste fiscal no cierran sin represión, el Gobierno lo sabe y se prepara para este escenario. Sino veamos cómo está equipando a las fuerzas de seguridad.

También Pagni da cuenta que estos cambios son “resistidos por un sector de las Fuerzas Armadas que no quiere convertirse en policía y, a su vez, el pensamiento de que si esa fuerza no tiene justificación, puede desaparecer”. Este es el gran problema estratégico del Estado burgués que no logra solucionar desde la salida de la última dictadura militar.

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El Estado burgués y las Fuerzas Armadas

Desde 1983 la política de la UCR y el PJ fue la de crear una serie de normas jurídicas para recomponer a las FFAA. La Conadep (1983), el juicio a las juntas (1984), la instrucción a los fiscales (1986), la ley 23492 de Punto Final (1986), el acta de Semana Santa después del primer levantamiento carapintada (1987), la ley 23521 de obediencia debida (1987), los indultos de Menem (1989), la anulación de las leyes –que golpeó a un sector de oficiales retirados y de algunos cuadros en actividad- no logró reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad.

El partido militar, que tenía la capacidad de hacerse del poder político, estaba derrotado. Las Fuerzas Armadas recibieron la condena de las masas por los crímenes de la dictadura y la capitulación ante las tropas inglesas en la Guerra de Malvinas.

Mientras tanto la política represiva frente a los conflictos sociales descansa fundamentalmente en las policías provinciales y la Gendarmería nacional. Pero estas fuerzas de seguridad no pueden enfrentar un ascenso revolucionario, que si podía hacerlo el partido militar por su poder político y militar. Cerca de cada capital de provincia contaba con un regimiento, un comando de brigada y un comando de trasporte.
Ya no cuenta con poder ni el equipamiento que tenían antes de salir de la última dictadura milita, por lo tanto estás fuerzas armadas son obsoletas para el Estado burgués.

Comando sur

En tanto tienen dificultades para rearmar el rol de las Fuerzas Armadas, avanzaron con otras medidas. El Congreso, durante el gobierno de Cristina de Kirchner, promulgó la Ley Antiterrorista a pedido de la embajada de Estado Unidos bajo su doctrina guerrerista. Hoy el macrismo avanzó en esta dirección y firmó múltiples acuerdos con el Comando sur.

En febrero de este año, los ministros de Seguridad y Defensa viajaron a los Estados Unidos. La ministra Patricia Bullrich se reunió primero con funcionarios del Departamento de Estado, luego con los del FBI, con los de la DEA y los de la Homeland Security (seguridad interior). A continuación viajó hasta Miami para encontrarse con el ministro de Defensa Oscar Aguad y el director del Comando Sur.
Pactaron militarizar aún más la seguridad interior y firmaron un acuerdo para que fuerzas estadounidenses instalen una base militar en el noreste argentino en la provincia de Misiones. Bajo el pretexto de “combatir” el narcotráfico y el terrorismo, las fuerzas estadounidenses se instalarán a pocos kilómetros de la Triple Frontera, donde se encuentra una las mayores reservas de agua dulce del planeta: el Acuífero Guaraní, con 40 mil kilómetros cúbicos de agua potable que subyacen en la zona.

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En Neuquén quieren avanzar con otra base militar yanqui. El diputado por el Frente de Izquierda y obrero de Zanon, Raúl Godoy, presentó un proyecto para: “Prohibir la ejecución de obras de la Embajada de Estados Unidos en la meseta de la ciudad de Neuquén, para la construcción del Comité de Emergencias de Neuquén (COE), con fondos donados por el US. Southern Command, bajo la figura de ayuda ’humanitaria’”. Lo que implica una avanzada sobre la soberanía nacional y un riesgo para la población que tendrá la bota yanqui sobre su cabeza.

Entre tanto, el Gobierno invierte fuerte sumas para equipar a las fuerzas de seguridad. Acaba de comprar drones lanza gases para reprimir manifestaciones, que ya utilizaron para dispersar a los trabajadores de Cresta Roja. Organismos internacionales criticaron el uso de estas armas que cuenta con cuatro cañones que pueden disparar balines de goma, pintura, lanzan gas pimienta y láseres cegadores. Con una carga máxima de 4 mil balines que puede disparar toda su munición en tan sólo 200 segundos.

Mientras que el ministro de Defensa puso en marcha el plan diseñado por el Comando Sur de Estados Unidos: la formación de una Fuerza de Despliegue Rápido, compuesta por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para que cooperen con las fuerzas de seguridad interior. Según Aguad, solo darán apoyo logístico en operativos que realicen Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Gobierno logró equipar a las fuerzas de seguridad, está por verse si logra realizar las reformas que necesitan para recomponer a las Fuerzas Armadas. Para modificar las leyes de Defensa y Seguridad se deberá enfrentar con el movimiento de masas, que desde la dictadura hasta hoy, lucha por juicio y castigo a los genocidas y no está dispuesta a que intervengan en la seguridad interior.

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