OPINIÓN. Macri y la conjura de los CEO

El atolladero económico y político en el que se encuentra el gobierno de Mauricio Macri provocó un torpe desplazamiento de su relato. Ante el rápido declive de la imagen oficial y la caída de popularidad producto del ajuste, el Gobierno pasó del puro optimismo de la voluntad y la “revolución de la alegría” a una descripción minuciosa y terrorífica de la “herencia recibida”, el pesimismo de la negligencia.

Pese a la gran a colaboración que le brindó el desfalco kirchnerista, cuya postal más bochornosa fue José López y sus dólares en busca de la extremaunción, el Gobierno no logró detener su deterioro en la percepción popular.

El fallo de la Corte Suprema que frenó parcialmente y a plazo fijo el tarifazo al gas, expresó esta encerrona en la que se encuentra la administración de Cambiemos.

En este difícil contexto, el Gobierno pasa a una nueva etapa de su narrativa, expropiando el one hit wonder: clima destituyente, patentado originalmente por los disciplinados intelectuales que apoyaban al gobierno anterior.

Junto a la denuncia de conspiraciones varias, el Gobierno y sus escribas mezclan las genuinas protestas sociales -cuyas últimas expresiones fueron el masivo paro nacional docente o el corte de trabajadores desocupados en la autopista Buenos Aires/La Plata, reprimido por Gendarmería-, con la interna de los aparatos descompuestos del Estado.

Las protestas se adicionan a las amenazas -falsas o ciertas- que recibe la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; los piquetes se anexan desordenadamemte a las operaciones de los servicios de inteligencia; el aumento del malestar social se amalgama con las caóticas internas de mafias como la Bonaerense.

El juez federal Alfredo López, que investiga en Mar del Plata las supuestas “agresiones” a Macri y Vidal producidas semanas atrás, aseguró que está en marcha "un plan de desestabilización". Ni lerdo ni perezoso, Joaquín Morales Solá, ató con alambre esa denuncia junto a las protestas de este miércoles en el centro porteño y el corte de la autopista al que calificó de “sorpresivo”, para llegar una conclusión: existe un “clima raro en el país” (La Nación PM, 27/8)

El recurso a las hipótesis conspirativas no deja de ser una confesión de un estado de extenuación. Lo ensayó el kirchnerismo en sus peores momentos, sin mejores resultados. Según la teoría clásica de la guerra, la defensiva es la posición más fuerte, justamente por eso recurren a ella quienes están en situación de debilidad.

Pero además, para el éxito político o social de las operaciones debe existir un contorno pasible de ser "operado". Ese contexto, en la situación actual, es el malestar social por el ajuste y los obstáculos que encuentra el Gobierno para impulsar la economía.

La realidad es que las movilizaciones sociales son una respuesta a la combinación de inflación y recesión en curso, y los complots, un producto del pacto de continuidad del macrismo con los aparatos de seguridad e inteligencia. No se producen como consecuencia del combate a las mafias, como pretende presentar el macrismo, sino justamente por el compromiso íntimo con ellas.

Continuidad sin cambios

El retorno de los confusos crímenes en plena calle (y la cuestión de la “inseguridad”); las amenazas telefónicas al gobierno de Vidal, hechas desde cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense; la ola de secuestros exprés que se produjo hace unos meses; la plantada de un cartucho de escopeta en la casa donde antes residía la gobernadora e incluso la imposición de mudarse a un ex centro clandestino de detención para encontrar “seguridad”, tienen su explicación en la interna de la Bonaerense.

Cuando Vidal asumió la primera magistratura de la provincia recurrió a la “herencia recibida” para dirigir a la maldita Bonaerense. La estructura policíaca y ministerial que comandaba la fuerza bajo la administración de Daniel Scioli se mantuvo con el nuevo gobierno.

El flamante ministro de Seguridad de Cambiemos, el puntero Cristian Ritondo, pactó la continuidad de la estructura de mando con su antecesor, el pistolero Alejandro Granados y con el jefe policial saliente, Hugo Matzkin. Pablo Bressi ascendió, gracias a ese contubernio, a la jefatura de la gran empresa de la industria del delito que lleva el nombre genérico de Policía Bonaerense.

La milicia de 90 mil hombres armados (prácticamente el doble del Ejército Argentino) tuvo garantizada la continuidad del autogobierno y la estructura de negocios ilegales.

Las otras facciones de la Bonaerense que esperaban el ascenso con el cambio de gobierno, vieron frustradas sus aspiraciones de acceso al manejo de las grandes cajas.

La broma veraniega que le hicieron a Ritondo cuando le susurraron al oído que tenían rodeados a los tres fugados responsables del Triple Crimen de General Rodríguez y el novel ministro salió a vociferarlo a los medios, fue el primer mensaje “pacífico” de la interna mafiosa.

Otro botón de muestra fue el asalto al intendente platense, Julio Garro, que vio cómo robaban su casa con la complicidad de uno de sus vecinos: el subteniente Patricio Masana, que con un sueldo de $ 18.000 pagaba $ 40.000 de alquiler, $ 8.000 de expensas y mantenía una camioneta Mercedes Benz. Un administrador financiero ejemplar.

La ola de secuestros exprés tuvo casos resonantes como el fiscal general de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera y el ex diputado duhaldista –y actual dirigente del PRO– Osvaldo Mércuri. Los asaltos tampoco parecían al voleo, además de Garro, el ministro de Gobierno, Federico Salvai, también fue víctima de un misterioso robo. Y se conoció el pintorezco hecho de dos efectivos de la Bonaerense que llegaron a ingresar al despacho de Vidal para una changa de cerrajeros: dijeron que querían cambiarle la cerradura al cajón de su escritorio.

Pero que una fracción de la caterva uniformada haya puesto la “palanca en boludo”, como se conoce en la jerga policial al “trabajo a reglamento” para las zonas liberadas, no se debe a la línea de enfrentamiento a las mafias del relato macrista, sino al pacto con el grueso de las mismas y sobre todo con sus viejas cúpulas.

Los nuevos hechos policiales quedan bajo un manto de sospecha. El más reciente fue el asesinato del cirujano Guillermo Luna, encontrado muerto junto a su mujer -Laura Favre, anestesista y cosmetóloga- en una camioneta de un descampado de City Bell.

Luna era un reconocido cirujano plástico de La Plata que había estado involucrado en una estafa a la obra social de la provincia de Buenos Aires (IOMA). El caso fue conocido como el "Lolagate" y estalló en 2001 tras una denuncia por mala praxis hecha por Lilia Sicher: una sargento de… la Bonaerense. La oficial fue a la Justicia para denunciar a los cirujanos que le habían colocado unos implantes de silicona que se le habían reventado. A partir de ahí, se descubrió una gigantesca estafa al IOMA, en la que el médico le facturaba operaciones de hernias o várices en lugar de cirugías estéticas, que no están cubiertas por la obra social.

La Justicia determinó que unas 190 mujeres afiliadas a IOMA -entre las que se cuentan miembros de la Policía Bonaerense, del Servicio Penitenciario- se habían sometido a operaciones estéticas como implantes de siliconas o liftings que habían sido pasados a la obra social como operaciones comunes.

Los crímenes de Luna y de su esposa están en la primera plana de las páginas policiales de los diarios y su ruidoso caso es materia de investigación. Pero si todos los caminos conducen a Roma, en el pantano bonaerense, todos los delitos terminan de alguna manera u otra involucrando a la maldita Policía. No sería descabellado que alguno haya puesto “la palanca en boludo” cerca de la casa del cirujano, para el tiempo de revancha de algún enemigo pasado o presente.

En la entrevista a Julio Blanck en los “Diálogos sobre la transición argentina”, el editorialista de Clarín afirmó que la respuesta de la Bonaerense a sus problemas de caja debía rastrearse “en la sección policiales de los diarios”. En territorio conurbano, los casos policiales -como la guerra- parecen ser la continuación de la política por otros medios. Algo de eso sabrá el famoso “periodismo de guerra”.

El otro caso escandaloso involucró al desplazado titular de la Dirección General de la Aduanas, el excarapintada Juan José Gómez Centurión, por supuestas irregularidades en la entrada de contenedores al país. La acusación la impulsó el Ministerio de Seguridad (a cargo de Patricia Bullrich) luego de recibir de parte de un “anónimo”, audios retocados que comprometían al funcionario.

Tanto Gómez Centurión, a quien el Gobierno sigue defendiendo por su presunta honestidad, como su oscuro “informante”, Carlos Oldemar Barreiro Laborda, ex dueño de la empresa de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack, acusaron a sectores de la ex – SIDE (actual AFI) y con especial ahínco a Silvia Majdalani, la flamante “Señora 8”, cuyos pliegos fueron aprobados recientemente en el Senado con el apoyo de Cambiemos, parte del peronismo y la abstención del kirchnerismo “duro”. La vidriosa operación, en la cual la única víctima es la verdad, no puede ocultar una realidad: surgió de las entrañas de otro pacto continuista con las cloacas de los servicios de inteligencia. La gran mayoría de los “anónimos” de este país residen en la cueva de 25 de Mayo 11. Una criminal sociedad anónima en los sótanos del Estado.

En síntesis: el crecimiento del malestar y las movilizaciones sociales son producto del ajuste; las operaciones cruzadas de los aparatos estatales descompuestos, una consecuencia lógica de la continuidad sin cambios; y la conjura de los CEO, un invento que pretende ocultar la debilidad política.

Amalgamar todos estos hechos es una maniobra del “periodismo de guerra” que, como el periodismo de Estado de los años kirchneristas (678!), aumenta el volumen de sus denuncias de “operaciones destituyentes” en relación directamente proporcional al temprano empantanamiento del plan de su gobierno.