El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, salió a marcar la cancha a las paritarias: habló de una meta de inflación de entre 20 y 25 por ciento. Es una fantasía. Justificó los despidos masivos en la “herencia”. Anunció un ajuste fiscal y un futuro acuerdo con los buitres. Los CEO siguen adelante con su “economía de guerra” contra el salario y el empleo.
Pablo Anino @PabloAnino
Jueves 14 de enero de 2016
Fotografía: DyN
Según el ministro “la inflación se ubicará dentro de un rango de entre 20 y 25 por ciento”. Quiere así poner un techo a la discusión paritaria. A su vez, señaló que el programa fiscal buscará el descenso progresivo de la inflación hasta llegar al 5 por ciento en 2019. Lo cierto es que con la devaluación y quita de retenciones la inflación no baja del 30 por ciento anual.
La intención de Prat Gay es consolidar en favor de las ganancias empresarias lo arrancado del bolsillo de los trabajadores y obligar a negociar en paritarias con una ilusoria promesa de baja inflación.
Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un organismo insospechado de oposición al actual gobierno, en diciembre el índice de precios “se elevó 3,9% mensual, marcando una suba superior al promedio mensual registrado entre enero y noviembre de 2015 (1,9%).”.
Si se mantiene ese ritmo, la inflación alcanzaría el 58 por ciento anual. Bajar esta tendencia al 20 o 25 por ciento que pretende el ministro sólo es posible con una fuerte recesión.
Pero aun así, las subas de los combustibles y la inminente quita de subsidios con tarifazos en los servicios públicos echarán más leña al fuego. Son aumentos que se expanden como una plaga a todo el aparato productivo.
Días atrás Prat Gay había disfrazado con una metáfora lo que en realidad era un chantaje: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”.
La realidad es más prosaica. Miles de puestos de trabajo se están destruyendo en todas las geografías. El disciplinamiento con despidos de la clase obrera es la consigna de muchas patronales privadas. Pero no sólo de ellas.
El ajuste está teñido de todos los colores políticos. Hay un “frente único” de Cambiemos, el Frente para la Victoria y todos los partidos patronales para despedir en municipios, provincias y en la administración pública nacional.
Más que una “herencia”, como pretende Prat Gay, el chantaje con despidos es un estandarte levantado por todo el régimen capitalista de nuestro país para contener los reclamos salariales.
Es que toda devaluación es exitosa, desde el punto de vista capitalista burgués, si logra deteriorar el poder de compra del salario y, como contrapartida necesaria, fortalecer las ganancias empresarias.
Si hay algo de verdad en las palabras del ministro, es que la inflación se desaceleró de manera relativa y circunstancial en las últimas semanas. ¿Cómo ocurrió? Gracias a la recesión económica que, a su vez, está asociada a las políticas de despidos y bajas salariales. Recesión e inflación son las “dos sogas” con las que amenazan sobre el cuello de los trabajadores.
Ayer analizamos en una primera parte el panorama económico a un mes de la asunción de Mauricio Macri. Aquí seguimos desarrollando el balance de las medidas económicas.
Ajuste fiscal: ataque a las condiciones de vida y ofrenda a los “mercados”
En la rueda de prensa de ayer, Prat Gay afirmó que la nueva administración recibió un déficit primario de un 7,1 por ciento del PIB, rechazando los datos que surgen de la anterior gestión que lo ubicaban en 5,8.
Más allá de ese contrapunto, es cierto que el kirchnerismo estiró hasta el máximo el pulmotor fiscal de la economía para evitar, por cálculo político, hacer el ajuste. Se lo dejó servido a la administración entrante que recibió gustosa el desafío.
El ministro señaló que el ajuste fiscal será del 1 por ciento del PBI durante este año con el objetivo de llegar al final del mandato de Macri con el déficit prácticamente eliminado.
Visto esto, el endeudamiento internacional vendrá a aceitar el ajuste al mismo tiempo que el recorte de gastos es una ofrenda para poder garantizar a futuro los pagos de la deuda. Es decir, no se busca “normalizar” las cuentas públicas, sino cambiar las prioridades en beneficio del capital financiero.
Una muestra es que mientras se quitan retenciones al agro (unos 30 mil millones de pesos, el 40% del total recaudado en 2015 por este concepto) y se modifican las alícuotas que pagan los autos cero kilómetro mejorando los negocios agrarios y de las terminales automotrices agravando el déficit, se ataca con despidos a los trabajadores estatales.
Pero esas cesantías, además de reducir el presupuesto, tienen la función de disciplinar al conjunto de la clase obrera para bajar las expectativas en las paritarias.
Esto es ratificado por la política de María Eugenia Vidal, que en el caso de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires directamente suspendió las paritarias por seis meses y por decreto. Luego tuvo que retroceder frente a la presión.
No obstante, el desembolso en remuneraciones a estatales es un componente relativamente menor en el gasto. Según informa la Secretaria de Hacienda, las remuneraciones del sector público nacional a octubre de 2015 insumieron 15% del total del gasto corriente mientras el 24% fue a transferencias al sector privado en su gran mayoría correspondiente a subsidios a las ganancias de las empresas que llevaron a la crisis energética, a las petroleras que saquean los recursos, a las transportistas, entre las que se encuentran las responsables del “crimen social” de Once.
De acuerdo a estudios del Cippec, los subsidios energéticos representan el 3,3 por ciento del PBI y los del transporte 1,2. Es decir, que los despidos de trabajadores estatales están lejos de alcanzar para “equilibrar” las cuentas fiscales.
Esos subsidios tuvieron el propósito de sostener salarios (por necesidad y debido a la relación de fuerzas entre las clases luego de la crisis del 2001) sin afectar la ganancia del conjunto de los capitalistas, como así también de evitar una escalada inflacionaria en la reactivación pos devaluación de 2002.
A la vez, las privatizadas consiguieron mantener sus beneficios mientras abandonaban la infraestructura sin realizar casi ninguna inversión. La política del macrismo no será castigar a las privatizadas nacionalizando sin indemnización los servicios públicos, para ponerlos bajo gestión de sus trabajadores, manteniendo tarifas reducidas o gratuitas para los sectores populares, como propone la izquierda. Sino que, por el contrario, las premiará con tarifazos que sigan abultando sus ganancias.
El macrismo argumenta que se aplicarán sobre los sectores de ingresos medios y altos protegiendo a los que menos tienen. A esta altura nadie tiene fe en la caridad y misericordia de los buenos samaritanos amarillos. Mucho menos cuando todo depende de la piedad de un Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería y ex Ceo de Shell.
Crece la injerencia del capital financiero imperialista
"No arreglar con los fondos buitre ha sido tremendamente caro para Argentina", dijo Prat Gay en la conferencia. La ortodoxia neoliberal llora por la oportunidad perdida ante los flujos de capitales que llegaron a América Latina en la última década, pero no a nuestro país.
No obstante, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó consecuentemente regresar a los “mercados”: arregló con el Club de París, aceptó pagar sentencias millonarias del Ciadi (un tribunal imperialista del Banco Mundial) e indemnizó a Repsol. Pero el capital financiero pedía más: un arreglo con los buitres.
La deuda total pasó de 126 mil millones de dólares en 2005 a 240 mil millones el 30 de septiembre de 2015. Ese particular “desendeudamiento”, del que se vanagloria el kirchnerismo, implicó una baja proporción de deuda en relación al PBI a costa de entregar 145 mil millones de dólares a los especuladores internacionales durante la “década ganada”.
Ese “logro” lo pagaron los jubilados a quienes se les rechazó el pago del 82 por ciento móvil y el pueblo trabajador con el retaceo de otras partidas sociales. Y gracias a dilapidar 65 mil millones de dólares del Banco Central.
Ahora el macrismo quiere aprovechar la ventaja que otorga el relativo bajo nivel de deuda en relación al PBI para conseguir fondos frescos.
Prat Gay comenzó su gestión convalidando una estafa con el “dólar futuro” que vendió el kirchnerista Alejandro Vanoli. Consagró así ganancias millonarias a los bancos.
Los últimos días de 2015 instrumentó por decreto un canje de títulos en manos del Banco Central para ofrecer como garantía a un pool de bancos que prestarán dólares para fortalecer las reservas. Se trata del JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs y algunos otros que operan localmente.
Esto fue denunciado como una “megaestafa” por los referentes del PTS en el Frente de Izquierda. No sólo por los intereses y comisiones usurarias, sino también por el hecho que esta operación fue negociada por Prat Gay, un ex JP Morgan, y Luis Caputo, actual secretario de Finanzas, ex presidente del Deutsche Bank y ex jefe de trading del JP Morgan. Los banqueros juegan en los dos lados del mostrador.
En esta primera etapa, el gobierno macrista espera que ingresen hasta 10 mil millones de dólares al Banco Central a través de la emisión de un bono (denominado Bonar). Pero, de acuerdo a declaraciones de Prat Gay, la utilización de este mecanismo se podría extender hasta llegar a los 65 mil millones de dólares (un monto equivalente al monto que sustrajo el kirchnerismo del Banco Central para pagar a los especuladores de la deuda).
El bono emitido paga un interés mayor al 7 por ciento anual en dólares. Es un costo altísimo comparado con el resto de los países de América Latina. Además de jugosas comisiones, la operatoria podría comprender intereses adicionales por sus características particulares dado que supone esquivar la acción de los fondos buitres hasta que se llegue a un acuerdo.
Si se suman otras operaciones como la emisión para compensar a importadores, las colocaciones de letras del Banco Central para absorber pesos, los títulos ligados al dólar para exportadores, el acuerdo con el BID por 5 mil millones de dólares para los próximos años, la deuda, tanto del Banco Central como del Tesoro, está teniendo un crecimiento inusitado en el primer mes del macrismo.
Algunos trascendidos de la prensa financiera dicen que el Central prontamente anunciaría reservas por encima de los 40 mil millones de dólares. Además, la autoridad monetaria espera que el “shock de confianza” y la “bicicleta financiera” en curso le permita sumar parte de los argendólares (divisas fugadas dentro del país, que estiman superan los 100 mil millones).
En simultáneo, Luis Caputo negocia un acuerdo con los fondos buitre. En el día de ayer anunció desde Nueva York que en la semana del 25 de enero el gobierno presentará una oferta.
Sobre el tema, Prat Gay señaló que “El monto original de deuda era de u$s 2.293 millones que dejaron de pagarse en 2001. Luego de la última sentencia aplicada –que incluye a los mee too- pasa los u$s 9.982 millones. Donde debíamos 3 mil ahora debemos 9982”. Lo que parece una denuncia es una anticipada autoinculpación. El macrismo está dispuesto a hacer una oferta muy favorable a los buitres.
Para que lleguen los dólares que ofrecen los bancos internacionales se necesita que Thomas Griesa no trabe la operatoria mientras se negocia con los buitres. La misión de ayer de Caputo en Nueva York también habría comprendido la seducción del mediador Dan Pollack con ese fin ablandador.
Tras la “normalización” de la economía, el gobierno aspira a que lleguen incluso más inversiones. Está buscando préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de infraestructuras. Dow Chemical y algunas automotrices ya realizaron anuncios.
Pero el plan de entrega al capital imperialista no tiene en cuenta algunos detalles. La “ventaja” del atraso del bajo endeudamiento del país podría aguarse por el atraso en aprovechar esa ventaja desde el punto de vista capitalista. El pronóstico internacional anuncia turbulencias.
La “conspiración” internacional contra el plan económico
Varios países de Latinoamérica atraviesan fines de ciclo, en particular Brasil, el principal socio comercial de Argentina. La devaluación y el ajuste podrían no ser suficiente para sacar los negocios capitalistas adelante si el vecino país no se reactiva. Y nadie arriesga que se reactivará. Más bien todo lo contrario.
Las malas noticias de China, entre cracks bursátiles y desaceleración, empujan hacia abajo a sus vendedores de commodities. El problema no es sólo para los productos agrarios argentinos, como la soja.
El derrumbe de los precios de petróleo enturbia la esperanza de transformar a Vaca Muerta en la gallina de los huevos de oro. Los efectos sobre la economía internacional no se detienen allí. Techint tiene asociada su producción a los negocios petroleros y las perspectivas no son las mejores.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió en diciembre la tasa de interés, en lo que podría ser el inicio de una tendencia alcista, encareciendo el crédito internacional que aspira obtener el macrismo.
Para la directora del FMI el año 2016 será “decepcionante”. Una tormenta perfecta en la economía internacional conspira contra el plan del gobierno.
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
