El gobierno de la Ciudad pagará 1700 millones de pesos extras por demoras en las modificaciones del Subte. Tanto con el gobierno de la ciudad como con la Nación los subsidios son un negocio redondo para los empresarios y una estafa para los trabajadores.
Victoria Sánchez @VickytaTw
Martes 8 de septiembre de 2015
Las últimas semanas previas a la contienda electoral calientan las acusaciones cruzadas entre los distintos candidatos. Los tres principales, son todos hijos políticos del menemismo, tanto Scioli, como Macri y Massa no dudan en arrodillarse ante el capital, lo que no es otra cosa que asegurarle a los empresarios para los que gobiernan grandes ganancias a costa de las condiciones de vida de millones de trabajadores.
En medio de fuertes denuncias de parte de funcionarios pertenecientes al bloque del Frente para la Victoria en la ciudad, al candidato a diputado nacional Fernando Niembro, por administración fraudulenta, hoy se sumó un reporte publicado en el diario oficialista Página12 en el que se acusa al gobierno de la ciudad de tener que realizar un pago adicional por las demoras en las obras correspondientes al Subte.
Según la nota, se deberá pagar un 85% más, es decir 1700 millones de pesos extras debido a la demora en el desarrollo de las obras que se encontraron paradas durante dos años. Las empresas beneficiadas por esta escandalosa demora son Techint y Dycasa. A los adicionales y re determinaciones de precios por la demora se suma que todos los gastos extras no fueron incluidos en el Boletín Oficial, otro punto en común con la denuncia recibida por el ex comentarista deportivo.
Viejas prácticas, viejas caras
A pesar de la indignación que muestran distintos funcionarios del oficialismo nacional, los manejos sospechosos con los fondos públicos y su manipulación a favor de empresas no son algo nuevo ni exclusivo del PRO.
La masacre de Once, en la que fallecieron 51 personas hace más de tres años puso al descubierto la desidia de las empresas concesionarias, que con la complicidad del Estado nacional, reciben millones en subsidios que no utiliza para mantener un servicio mínimo.
Partidas extras por fuera del boletín oficial, sobreprecios y demoras son más bien la regla y no la excepción.
Los multimillonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a las empresas de transporte público sin contraprestación quedaron al descubierto tras la tragedia de Once. Solo a partir de las denuncias de los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y las pericias contables de la Justicia se conoció cuánto dinero transfirió el Gobierno a los hermanos Cirigliano por la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).
Al momento de la masacre se había informado que los subsidios otorgados a TBA por la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre desde 2003 hasta diciembre de 2011 eran de $642.960.000, siendo tan sólo una parte. Desde que asumió Néstor Kirchner en mayo de 2003 hasta diciembre de 2011, la Secretaría de Transporte, primero a cargo de Ricardo Jaime (2003-2009) y luego conducida por Juan Pablo Schiavi (2009-2012) otorgó a TBA por "subsidios de explotación" de las líneas de tren Mitre y Sarmiento mucho más de lo que declaró: fueron $2.977.041.406, según la pericia contable que confeccionó un cuerpo de peritos entre marzo y julio de 2012.
Como dejan en claro estos datos, los subsidios millonarios que hoy desde el bloque kirchnerista denuncian un gran despilfarro por parte del gobierno de la ciudad, son política común de ambos gobiernos y en la actualidad, con sus principales candidatos (Macri, Massa, Scioli) se preparan para ser los sostenedores de ataques y ajustes a los trabajadores y la continuidad de los subsidios millonarios para las grandes empresas. Es así que durante un año se discutió bajo que esfera quedaba el Subterráneo, si administrado por el gobierno nacional o el de la ciudad.
El grupo Cirigliano también percibió otros cuantos millones por su participación en el consorcio UGOFE y los miles de colectivos del Grupo Plaza. En total, los Cirigliano habrían facturado más de 5.000 millones de pesos en subsidios del Estado nacional durante el kirchnerismo.
