Desarticulada una gran trama corrupta que afecta a 40 Ayuntamientos repartidos por todo el país, gobernados por el PP, PSOE y Ciudadanos.
Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Miércoles 4 de julio de 2018
La llamada operación Enredadera, desarrollada el pasado martes 3 de junio, investiga una trama de corrupción en contratos administrativos vinculados a la gestión policial, en concreto en los programas informáticos asociados a la seguridad vial y a la tramitación de las multas. En el punto de mira está Aplicaciones Gespol S. L., una sociedad integrada en el Grupo Sacyr.
Por el momento se han realizado 92 registros y 21 requerimientos de información en 40 ayuntamientos y diputaciones dando lugar a la imputación de 39 cargos, de los cuales 18 pasan a disposición judicial.
Semáforos, radares y multas para “llenarse los bolsillos”
Fuentes de la investigación indican que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Aplicaciones Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Sin embargo, en casos como el de Torrelodones, fuentes municipales señalan que el contrato sospechoso se adjudicó ya en 2010.
Los investigadores sospechan que también se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria. La empresa pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales. Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.
La lista de los municipios implicados afecta a numerosas provincias del Estado español como Barcelona, Palencia, A Coruña, Málaga, Zaragoza, Oviedo, Huesca, Teruel, Lleida o Málaga. Sólo en la provincia de Madrid hay 13 consistorios implicados.
Empresarios, políticos y policías detenidos
Entre los detenidos está el empresario José Luis Ulibarri -constructor y propietario de un conglomerado de medios de comunicación-, procesado en una de las ramas de la trama Gürtel. Sólo de Ciudadanos aparecen detenidos 16 cargos públicos, como el alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, Sadat Maraña, asesor de Cs en la Diputación de León, el portavoz de ese partido en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández. En total han sido detenidos 16 cargos públicos, tanto de este partido que afirmaba venir para acabar con la corrupción, siendo los restantes del PP y PSOE.
Así mismo, durante esta operación han sido detenidos varios empresarios y los jefes de la Policía Local de Pinto, Fuenlabrada y Huesca capital, además de un oficial de Policía Local de Alcobendas o el subinspector de Policía Local de Plasencia.
A todos estos empresarios, políticos y policías detenidos se les acusa de posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La corrupción como Marca España y ADN del Régimen del 78
La justicia que ahora va a investigar a cargos del PP, PSOE o Ciudadanos es la misma que mandó a los antidisturbios cuando el pueblo catalán quiso expresar su derecho a la autodeterminación; la misma que encarceló a los dirigentes políticos del independentismo (con una premura mayor de lo que han tardado en aclarar la Gürtel); la misma que juzga a twitteros por mofarse de un dirigente franquista; la misma que, a la vez que sentenciaba a la cúpula corrupta del PP, emitía una orden de busca y captura en Europa contra el rapero Valtonyc por criticar a la monarquía; la misma que condena por cagarse en la virgen; la misma que protege a quienes violan en manada; en definitiva, la misma que te aplica la ley antiterrorista por salir a luchar por tus derechos.
Esta es la justicia que trata como pájaro caído del nido a los corruptos y persigue y criminaliza la protesta, la de una “democracia” que surge de la dictadura para constituirse en un Régimen para ricos, el de la Constitución del 78, el del Ibex 35 y los grandes empresarios de las privatizadas y los amigos del BOE. Es una democracia que solo persigue la defensa de la propiedad privada de los ricos y castigar a los trabajadores y los pobres.
