Las y los sanitarios junto a los colectivos de vecinos de Madrid llaman a una gran marcha el domingo 12 de febrero para enfrentar los ataques permanentes que vive la sanidad pública y la precariedad de sus trabajadores. Se prevé una gran movilización. Cuatro columnas saldrán desde distintos puntos de la capital y confluirán en Cibeles.
Clara Mallo Madrid | @ClaraMallo
Viernes 10 de febrero de 2023
En la sanidad madrileña se vive una situación dramática. Como en todo el Estado la Atención Primaria en esta comunidad está infrafinanciada lo que está generando una situación de saturación y desbordamiento insostenibles en el primer nivel de defensa de la salud. El Gobierno de Ayuso destina a este nivel asistencial el 11% del presupuesto sanitario -los presupuestos generales marcaban un 14,99%-, una cifra que está muy lejos del 25% que aconseja la OMS. Esta falta de financiación se extiende además a todo el sistema de salud. Madrid es la Comunidad que menos gasto sanitario tiene por habitante. Destina 1.284€ per cápita anuales, algo por debajo de la media del Estado español es de 1.808€ per cápita. Sin embargo los datos estatales también se encuentran bastante lejos de la media de la UE que se sitúa en un gasto de 2.244€ per cápita.
Pero la falta de financiación no es el único problema de la Atención Primaria y del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en su conjunto. La privatización del sistema público es algo escandaloso. Madrid dedica más de la mitad de los 8.500 millones de euros de gasto sanitario público anual a pagar a empresas privadas que gestionan directamente muchos de los servicios dentro del sistema público. Todo ello gracias a las leyes de ámbito estatal como la ley 15/97, y los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad que abrieron las puertas en sistema público de salud a la gestión privada. Un pacto entre PSOE y PP que se mantienen y que no ha sido cuestionado, sino más bien reforzado por todos los Gobiernos y Comunidades Autónomas sin excepción que han legislado con nuevas normas que profundizan esta tendencia a la privatización. Todo ello combinado con un déficit presupuestario en los Presupuestos Generales y en los territoriales. Esto tampoco ha sido puesto en cuestión por el actual Gobierno de PSOE-UP que ha privilegiado en sus presupuestos el gasto destinado al rearme militar.
Por otro lado, la precariedad de las condiciones laborales de sus profesionales hace que la Primaria madrileña sea un destino que muchos tratan de evitar. En 2022, de 223 plazas de medicina de familia ofertadas solo se cubrieron 17 a causa de las condiciones de los contratos ofertados. De nuevo, esta precariedad no solo afecta al personal de la primaria, las plantillas de los centros públicos llevan años sufriendo recortes. En el SERMAS la temporalidad roza el 44%. De los 17.667 facultativos, 5.872 son personal interino y más de 1.900 es eventual. Algo similar sucede en el resto de CCAA, en todo el Estado español sólo el 47,2% de los trabajadores de la sanidad pública son trabajadores fijos.
La falta de financiación y la precariedad laboral se han convertido en la estrategia a seguir por parte de las Administraciones para incentivar el negocio de la privada por dos vías: por un lado incentivando la contratación de seguros privados ante el desmantelamiento de la pública. Así en los últimos tres años el negocio de los seguros privados ha crecido un 18% en el Estado español. En comunidades como Madrid un 38,11% de la población tiene ya contratado alguno y la media estatal es del 24,4%. Por otro lado, bajo la lógica capitalista de que la gestión privada es más eficiente y apoyados en la intencionada degradación del servicio, se ha ido introduciendo la gestión privada incluso de servicios completos como la extracción de sangre, los laboratorios, el teléfono del SummAT, pruebas diagnósticas e infinidad de servicios en hospitales y centros de especialidades.
Ante esta situación límite las y los profesionales sanitarios junto a vecinos de los barrios de Madrid vienen protagonizando huelgas e importantes movilizaciones. A la huelga indefinida de médicos de la Atención Primaria convocada desde el pasado 21 de noviembre por el sindicato AMYTS y a la huelga indefinida en los centros de urgencias extrahospitaliarias (SUAP y SAR) se sumó este pasado 2 de febrero unos paros generales en los Centros de Salud que incorporaba a todas las categorías de profesionales convocada por sindicatos y plataformas como CGT, MATS y Plataforma SAR.
La convocatoria del pasado 2 de febrero ponía sobre la mesa la necesidad de involucrar a todos los profesionales del servicio sanitario en la defensa del mismo y por la mejora de sus condiciones de trabajo. Algo que es esencial a la hora de poder articular todo el malestar existente dentro de los sectores sanitarios que hasta ahora no han logrado irrumpir del todo en escena con sus propios métodos de lucha. Algo que sí vimos por ejemplo en Catalunya en las jornadas de huelga en defensa de los servicios públicos los pasados 25 y 26 de enero. Esto se ha dado en gran medida por la política de pasivización que siguen las burocracias sindicales ausentes de CCOO, UGT la fragmentación que imponen sobre los hechos los demás sindicatos sectoriales.
La pelea por la unidad de todas las categorías es clave. En este sentido el papel que puedan jugar aquellas fuerzas sindicales que pelean por la unidad de toda la plantilla en los lugares como hospitales, centros de salud o laboratorios, es muy importante. También el papel de las y los médicos agrupados en AMYTS quienes después de 2 meses de huelga disponen de una enorme capacidad para pelear porque el resto de sindicatos convocasen asambleas donde todos los trabajadores puedan empezar a discutir un plan de lucha, incluida la convocatoria de una huelga general sanitaria en Madrid y en todo el estado que ponga freno a las políticas de desmantelamiento de lo público.
Además, la amplitud de las movilizaciones demuestra que existe la posibilidad de extender enormemente la lucha en defensa de la sanidad e integrar en la misma al conjunto de la clase trabajadora y sectores populares. La sanidad pública es una conquista de los trabajadores y el ataque a la misma se enmarcada dentro de la disputa abierta por quién va a pagar las consecuencias de esta crisis. Mientras el Gobierno de PSOE-UP incrementa exponencialmente los presupuestos destinados al rearme imperialista, los precios de los alimentos aumentan un 15%, los bancos y empresas como Inditex o Mercadona baten récor de beneficios, al mismo tiempo se desmantelan los servicios públicos y se mantiene un pacto entre sindicatos, patronal y Gobierno por mantener los salarios muy por debajo de la subida de la inflación.
Hay que rodear de solidaridad esta lucha, es necesario por tanto una respuesta que incorpore al conjunto de la clase trabajadora y sectores populares que ven como un ataque directo el desmantelamiento de los sectores públicos. Debemos pelear por imponer una huelga general en toda la sanidad y los servicios públicos que pueda extenderse al resto de sectores de la clase trabajadora porque su derecho a la salud también está afectado, porque solo de esta forma se puede acumular la suficiente fuerza social para hacer fracasar estos planes privatizadores.
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