El gobierno ha decidido la utilización de tribunales militares para procesar a personas que han sido detenidos en las manifestaciones organizadas por la oposición, violando derechos fundamentales.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Jueves 11 de mayo de 2017
El gobierno de Maduro apoyado cada vez más en las Fuerzas Armadas, ya no sale a responder con represión y coacción a cualquier expresión de descontento u oposición política, ahora utiliza tribunales militares para juzgar a detenidos en las manifestaciones. Si ya hay que oponerse tajantemente a que una persona sea detenida por protestar, defendiendo tal derecho elemental a la protesta, menos hay que aceptar semejante aberración de la utilización de tribunales militares a personas que salen a manifestarse. Pero todo esto es parte del aumento de la escalada represiva que lleva a cabo el gobierno.
Los alegatos del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, para semejante aberración y violación de derechos humanos, es que los casos de manifestantes detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la ley. El ministro ha declarado que "Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), o un bien de la FANB, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar", agregando que "Todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos", aludiendo a cuestiones estipuladas en el Código Penal Militar. ¿Pero qué tiene que ver todo esto, propio de la vida de los cuarteles, con personas que salen a manifestar para expresar su descontento o su posición política?
Organismos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado esta práctica, sosteniendo que "El uso creciente de tribunales militares para juzgar a civiles demuestra la absoluta determinación de las autoridades venezolanas de asfixiar las crecientes protestas y aterrorizar a cualquier persona que contemple la posibilidad de expresar sus opiniones". Las declaraciones de AI, son recogidas en un comunicado de la organización internacional difundido este miércoles en el que se indica que "El derecho internacional establece claramente la inadmisibilidad de que se trate a civiles como militares, esto atenta totalmente contra el ejercicio de derechos humanos". Agrega además que "todas" las personas que han sido detenidas recientemente en Venezuela en el marco de las protestas y trasladadas a tribunales militares "fueron procesadas por delitos tales como ’asociación para rebelión’ y ’ataque al centinela’, contemplados en la jurisdicción militar".
A esta práctica ya han sonado las alertas de la propia Fiscalía General de la República que dirige la Fiscal Luisa Ortega Díaz, que solicitó este mismo día a un tribunal del estado Zulia (noroeste) que las 14 personas detenidas el pasado viernes por presuntamente ocasionar daños a la sede de una alcaldía y a una plaza de esta entidad sean juzgadas por jurisdicción ordinaria y no militar. En ese sentido, la Fiscalía General señala que la Constitución "garantiza el procesamiento de civiles ante la jurisdicción ordinaria, y de los militares que hayan cometido delitos contemplados en el Código Orgánico de Justicia militar ante sus respectivos tribunales militares". De acuerdo a la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) declaró este martes que 73 civiles han sido detenidos en el país por decisión de tribunales militares, de las 137 que han sido presentadas ante estas instancias.
Recordemos que en el último informe oficial que diera personalmente la Fiscal General, había señalado que en las detenciones, incluso las de la justicia ordinaria, se estaba violando el debido proceso, remarcando que el debido proceso "es uno de los pocos derechos que no se puede suspender" y por el contrario "se debe garantizar" "incluso en los estados de excepción", como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del gobierno de Maduro.
Hay que rechazar y denunciar con contundencia la utilización de tribunales militares, la detención y encarcelamiento a los que se manifiestan, así como la escalada represiva que lleva a cabo el gobierno. Hay que defender plenamente el derecho a manifestación y movilizaciones, rechazamos que con policías, tanquetas, gases y perdigones, se pretenda impedir marchas. Repudiamos que el gobierno pretenda decir por dónde se puede marchar y por dónde no, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. De la misma manera hay que repudiar el Estado de excepción que rige en el país desde hace más de un año, que suspende toda una serie de garantías democráticas y otros derechos elementales, rechazar la aplicación del "Plan Zamora" para un mayor "control interno" de las Fuerzas Armadas y organismos de represión.
