Venezuela. Maduro aprueba mayor apertrechamiento militar para la Policía

En medio de la atención centrada en las marchas de este miércoles, pasó sin mucho ruido la noticia de que el presidente Maduro aprobó 25 millones de dólares para la adquisición de vehículos, armas y chalecos antibalas para la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principal cuerpo policial del país.

Durante un acto de graduación de policías en Caracas Maduro declaraba: "Quiero aprobar un conjunto de recursos para que muy pronto procedamos a comprar y a distribuir nuevo material de vehículos, unidades vehiculares, armas, chalecos antibalas y toda la logística necesaria". Todo esto siempre con el argumento de combatir la “inseguridad” del país.

Llamativo ha sido incluso hasta el tipo de uniforme para la policía. El personal administrativo policial del organismo tendrá uniforme azul oscuro, pero para la policía que sale a la calle será del tipo de camuflaje militar, típicos uniformes de carácter ofensivo y propio de situaciones de guerra que precisa de algún tipo de camuflaje. Pero ¿de quién se pretende camuflar la policía en las vías públicas? La cuestión del uniforme de camuflaje militar no es casual, su significado central es mostrar ostentación de represión, terror e imponer miedo.

No es un secreto que el gobierno de Maduro viene incrementando un fuerte plan represivo. Para dar apoyo a toda esta política se lanza un despliegue mediático que busca reforzar la política gubernamental del uso total de la violencia como política exclusiva para combatir lo que llaman la “inseguridad”. Como si el desarrollo de los índices de delincuencia no fuera un problema social que se acrecienta con la agobiante crisis económica que pesa sobre el pueblo, y es tratado como un problema de guerra. Así, el pasado agosto Maduro informó de un plan para reestructurar la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con el objetivo de tener una fuerza de seguridad "preparada" y con capacidad de planes operativos y de desarrollo.

Si hay algo en común entre el gobierno, el partido del Psuv y los partidos de la derecha, es justamente el reforzamiento del aparato represivo. Los partidos de oposición se quejan cuando el gobierno lo usa para contener sus manifestaciones, pero festeja cuando es destinado hacia las zonas populares e incluso para reprimir una lucha de trabajadores. Es decir, coincidiendo en el mayor control policial y represión en los sectores populares.

Es por eso que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales de todos los colores políticos gastan millones en reforzar este aparato que responde a la lógica de un gran movimiento reaccionario del que se han hecho eco todos los partidos políticos patronales pidiendo por una “seguridad”, que implica de fondo la penalización de la miseria, pues es hacia las mayorías más pobres hacia donde dirigen sus miradas y sobre quienes terminan por imponer un verdadero control social a través del sistema represivo del Estado.

Pero además de concentrarse el aparato represivo hacia las zonas populares, reforzar el discurso represivo, hace escalar el aumento de las violaciones de los derechos humanos. A mediados de julio tomábamos nota en un artículo de las declaraciones de la propia Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en la que expresaba su preocupación por el aumento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos que ha recibido en el Ministerio Público por parte de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

Nada nuevo es lo que declara la Fiscal pues es algo que constantemente es denunciado en las barriadas populares y lo hemos venido haciendo también desde este diario y los distintos organismos de derechos humanos como Provea. Lo central es que lo reconoce una alta autoridad del Estado, como es la Fiscalía General de la República.

La Fiscal declaraba en ese entonces que: “Estamos en presencia de una inseguridad que viene creciendo, y eso tiene que ver con los planes que se han implementado y las OLP, en la medida que la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta, propicia la violencia”. Si ya los sectores populares sufren por la agobiante crisis económica que cae sobre sus vidas, se les suma constantes operaciones de represión violenta en sus propias barriadas.

Solamente para traer a colación, la OLP es un sistema de “seguridad” con uso exclusivo de la violencia, creada en agosto del 2015 por el Presidente Maduro, para supuestamente “garantizar la seguridad en las zonas populares”. La concepción de la OLP parte de criminalizar a los pobres, poniendo como foco su actuación violenta en los barrios populares, donde por ser pobre ya se es sospechoso.

Tanto el gobierno, como todos los sectores que piden aumentar el aparato represivo del Estado y el control social, lo que ocultan es el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación y opresión del que el chavismo jamás superó por más que hablara de distribución de la renta e incluso hasta de “socialismo”.

Por eso no hay que ver con buenos ojos estas resoluciones del gobierno de Maduro y el destino de millones de dólares para aumentar el aparato represivo, cuando se podría estar usando para un mejor equipamiento del personal de salud por la crisis en los hospitales públicos, o el aumento de las dotaciones a las escuelas públicas que por la crisis han tenido que disminuir cuando no suspender las meriendas a los niños y adolescentes.

Hay que repudiar todo este plan gubernamental represivo y el reclamo de fortalecimiento de la fuerza policial y de mayor control social. Así como la política de militarizar los barrios pobres que cada vez es más extensiva. A la demanda de “control social” y más policías contra el pueblo pobre, es necesario oponer un programa para terminar con la miseria y degradación del pueblo trabajador.