Venezuela. Maduro impone condiciones inalcanzables para un referéndum revocatorio

El día 26 será una mala pantomima para aparentar respeto al derecho constitucional de realizar un referéndum revocatorio del presidente de la nación. Faltando poco para las 9 de la noche del viernes 21, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que menos de una semana después, el miércoles 26, sería la fecha única para la recolección de firmas necesarias para activar el mecanismo constitucional del referendo revocatorio.

Las autoridades del CNE acordaron hoy los términos y condiciones que regirán el procedimiento para la recepción de las manifestaciones de voluntad de los electores interesados en solicitar un referendo revocatorio (RR) presidencial... pic.twitter.com/IunlIQCEyZ

— cneesvenezuela (@cneesvzla) January 22, 2022

Serán solo 12 horas (de 6 am a 6 pm), un día de semana, en pleno auge de contagios por la variante Ómicron de la Covid-19, para recoger un mínimo de 20% del registro electoral en cada una de los estados del país, debiendo sumar poco más de 4 millones 253 mil firmas, tomando como base el registro validado para las pasadas elecciones regionales, que asciende a casi 21 millones de electores y electoras (20.929.987).

Esto no solo implica una convocatoria con apenas cuatro días de antelación, sino que en promedio tendrían que procesarse 5 firmas de apoyo por cada minuto en cada uno de los centros definidos para la recolección (1.200, en contraste con los 14.400 centros habilitados para las elecciones de noviembre). Algo que objetivamente no tiene viabilidad ni posibilidad de hacerse realidad.

Como corolario, el cronograma es bastante compulsivo e inconsistente: el 21 en la noche se anunciaron las condiciones, en la tarde del día siguiente se anunció que la presentación de testigos estaba habilitada desde el propio 21 –aunque nadie lo sabía entonces, porque recién lo informan el 22– hasta el 24, la acreditación de estos está pautada para el mismo 22 –aunque el CNE lo informó pasadas las 2 de la tarde de ese día y recién después de las 3 de la tarde es que estuvo disponible en la página web del CNE la planilla de presentación de los testigos– hasta el 25. Para ayer 23 de enero sería “el despliegue lineal de los equipos tecnológicos para la jornada e igualmente inicia el proceso de capacitación de los agentes que prestarán servicio en la Jornada de recepción de manifestación de voluntad”. Para este martes 25 sería la instalación de los equipos tecnológicos.

No solo se está ante un tiempo irrisorio para organizarse quienes quisieran llevar adelante la recolección, incluso para la labor elemental del ente electoral y de los involucrados de informar a la población sobre el mecanismo, aclarar duras, etc., sino que la posibilidad real de promover y organizar testigos, auditar máquinas y el sistema de procesamiento de los votos, etc., es prácticamente inexistente. De hecho, el cronograma no contempla ninguna fase de verificación del software a usarse. Amén de la cifra imposible de 5 firmas por cada minuto de las 12 horas de recolección en cada uno de los centros definidos. Por si fuera poco, en un día laboral.

Es a todas luces un madrugonazo del gobierno para anular, por la vía de los hechos, la posibilidad de activación de ese derecho democrático establecido en la propia constitución que el chavismo hizo votar iniciando su ascenso al poder. El 17 de enero el CNE dio respuesta pública a las solicitudes introducidas el día 10 por algunas organizaciones del pequeño sector de la oposición que está decidido a impulsar ese mecanismo, ese día anunció que “procedían” las solicitudes y que el próximo paso sería elaborar un cronograma. Cuatro días después, las condiciones estaban listas y aprobadas por la mayoría de 3 rectores chavistas que responden al Gobierno, con el voto salvado de los 2 rectores que responden al arco opositor.

Cabe recordar además que, al tratarse del cargo de Presidente de la República, aunque el distrito electoral que corresponde es el país como un todo, el Gobierno de Maduro se valió del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para emitir una sentencia en 2016 (17/10/2016), en la cual la Sala Electoral modificó la normativa para la recolección de firmas, estableciendo que no sería ya el 20% del electorado nacional, sino el 20% de cada una de las entidades del país. Lo que implica esto es que si en un solo estado del país no se consiguiese alcanzar el 20% de las firmas, aun cuando sí se hubiesen conseguido en todos los demás y el total nacional sumara el 20% del electorado, no procedería la activación del referendo.

Una verdadera trácala electoral que violenta el principio lógico más elemental de que si el distrito electoral para elegir al Presidente es el nacional, tomándose el país como distrito único, así también debe ser la recolección de firmas. Para ser elegido Presidente de la República a Maduro no se le exigió tener un mínimo de votos en cada unas de las entidades del país, ¿cierto? Se toma todo el país como un único distrito electoral y se gana el cargo independientemente de la proporción de votos obtenidos en cada uno de los estados… pero en 2016 se inventaron que para activar un referendo revocatorio ya no valía el país como distrito único.

Obviamente son obstáculos adicionales que fue colocando un gobierno cada vez más vaciado de base social, como parte de su giro antidemocrático. Violenta completamente la posible voluntad mayoritaria, pues en un país con una distribución territorial de la población bastante desigual, donde la mayor parte se concentra en determinados estados que son el centro económico, social y político del país, aun cuando de ese total de la población haya claramente el porcentaje necesario manifestando la voluntad de ir a un revocatorio, estaría bloqueada esa posibilidad si no se logra la misma proporción en cada estado, así represente un porcentaje muy minoritario de la población.

La ponente de esa sentencia fue la presidenta de la Sala Electoral, Indira Alfonzo, quien años después fue, ella misma, nombrada por el TSJ como Presidenta del Consejo Nacional Electoral.

Volviendo al tramposo cronograma, el CNE anunció que luego del 26, “La auditoría de huellas de las solicitudes de manifestación de voluntad se desarrollará entre el 7 y 10 de febrero y la declaratoria de procedencia o improcedencia quedó fijada para el 13 de febrero”. Tanto el CNE como el propio gobierno se han encargado de recordar que, de acuerdo a la ley, solo se puede activar una solicitud de referendo revocatorio a lo largo del mandato, por lo cual, si en esta ocasión no se consiguen los requisitos, no hay segundas oportunidades.

Nunca faltan el chantaje y la intimidación: pedirán el listado de los firmantes

Por si hicieran falta elementos en contra para el ejercicio de esta consulta popular, como al autoritarismo del gobierno no le faltan los elementos de coacción a la hora de forzar algún resultado electoral, esta vez se hacen presentes también. Es así que el día de ayer, lunes 24, Diosdado Cabello dio una rueda de prensa a nombre del PSUV señalando, entre otras cosas, que luego de la recolección de firmas, ellos, es decir, el Gobierno, solicitarán al CNE el listado de las personas que hayan manifestado voluntad favorable a la realización del referendo.

Diosdado Cabello (@dcabellor): Nos reservamos el derecho que tenemos, como organización política, de acudir al Consejo Nacional Electoral para pedir el listado de aquellas personas que han solicitado el revocatorio contra el Presidente pic.twitter.com/eXtaLphBh0

— REDRADIOVE (@RedRadioVe) January 24, 2022

Que Maduro tiene derecho a saber quiénes son las personas quieren revocarlo, fue la cínica argumentación del segundo vicepresidente del partido de gobierno. No está de más recordar que luego de la realización del referendo revocatorio a Chávez en 2004, el listado de quienes firmaron a favor de esa consulta se convirtió en una “lista negra” que servía para negar puestos de trabajo en instituciones públicas o directamente despedir. Esta lista y otras siguen usándose en la actualidad, cuando la profunda descomposición autoritaria ha llegado al punto de chantajear, en los sectores populares, con negar el acceso a la bolsa de alimentos (CLAP) o el suministro de las bombonas de gas doméstico, a quienes no manifiesten lealtad electoral al Gobierno-PSUV.

Para más acoso, también anunció Diosdado que el PSUV desplegará sus “testigos” el día de la recolección de firmas, porque tienen derecho a verificar que el proceso se cumpla acorde a las reglas, dijo.

“Fast-track” para quitarse un embrollo de encima y bloquear un derecho democrático

Claramente estamos ante una jugada más del autoritarismo del gobierno para dar por pasada ya la página del revocatorio, la implementación a su medida de una vía rápida para tramitar y dar por cerrado este importante problema político. Una jugada acorde con la serie de mecanismos tramposos y proscriptivos con que ha encarado los diferentes procesos electorales de los últimos años.

Quienes militamos en la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), siendo parte del arco de los que nos oponemos por izquierda al régimen de Maduro y las FFAA –y por tanto también nos oponemos a la oposición de derecha y al imperialismo estadounidense–, repudiamos claramente estas descaradas acciones antidemocráticas.

La Constitución del ’99 consagró en su artículo 72 la opción de convocar referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, una vez cumplida la mitad del mandato. Un nuevo derecho democrático que, como todos los otros aspectos democráticos novedosos de la nueva constitución, no solo convivía con el hecho fundamental de mantener una sociedad de clases basada en la explotación –lo que ya de por sí impone un régimen social antidemocrático–, sino además con la pervivencia y aumento de la concentración de poderes en la figura presidencial.

Tras la debacle del régimen puntofijista, en medio de una crisis terminal de sus instituciones, y con el ingrediente central de la entrada en escena del movimiento de masas a partir de la rebelión del ’89, que a pesar de la sangrienta derrota marcó el inicio de un importante ascenso de luchas y movilizaciones en toda la década de los 90’s, el nuevo régimen político que ascendía apoyado en ese descontento y aspiraciones populares no podía asentarse sin hacer concesiones a esas expectativas. Apoyado en el movimiento de masas, Chávez y el chavismo introdujeron algunos mecanismos relativamente democráticos, que resultaban novedosos para la limitada democracia burguesa venezolana (e incluso en algunos casos para la democracia burguesa en general).

Uno de esos mecanismos fue la figura de los revocatorios. No es el objetivo aquí desarrollar el conjunto de mecanismos y el por qué de lo relativos y bastante limitados desde el punto de vista de un régimen político en el que, según los publicitas de la democracia burguesa, “la soberanía resida en el pueblo”. Nos basta por ahora con señalar el hecho fundamental de que tales “poderes” o “decisiones” quedaban siempre subordinados a los poderes económicos y políticos reales de la sociedad burguesa: la clase de los capitalistas, su Estado, sus Fuerzas Armadas. Y en ese marco es pertinente señalar que al mismo tiempo se profundizaba el histórico “presidencialismo” de los regímenes anteriores, brindando mayores condiciones formales para el desarrollo de un régimen personalista y bonapartista.

Es en ese entramado que existe el derecho al revocatorio, un derecho bastante limitado desde el punto de vista de lo que se le vende al pueblo como “ejercer la voluntad popular”, pero que no deja de ser una posibilidad para que, en determinados momentos, el pueblo pueda expresar su parecer, aun en los estrechos márgenes que brinda. Desde ese punto de vista, rechazamos de plano y denunciamos esa nueva afrenta del gobierno de Maduro y las FF.AA., tal como lo hemos hecho siempre ante cada maniobra autoritaria y antidemocrática gubernamental.

La organización y movilización de las trabajadoras y los trabajadores, lxs jóvenes y las mujeres por nuestras demandas económicas, sociales y políticas, sigue siendo una necesidad para recuperar la capacidad de lucha. Para pararle la mano a este gobierno y a los empresarios y patronos de conjunto, que pretenden avanzar hacia una “recuperación” económica y una nueva etapa de convivencia política sobre las ruinas de nuestros derechos y nuestras condiciones de vida.