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Red Internacional
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Crisis Política. Maduro modifica el Estado Mayor, el Tribunal Supremo busca enjuiciar a la fiscal general

Este martes fue un día de resoluciones que expresan el nivel de la crisis y la deriva del gobierno de Maduro que mediante medidas bonapartistas no hace más que develar su debilidad política.

Miércoles 21 de junio de 2017 10:25

Mediante una reunión y resolución exprés, el pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió este martes una solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. El antejuicio de mérito de la fiscal, que fue solicitado por el diputado del chavismo Pedro Carreño y admitido por el Supremo, podría implicar el cese temporal en las funciones de Ortega Díaz. El objetivo de Maduro es sacarla de juego, luego de que tomara distancia del gobierno expresando la grieta más importante que ha tenido el chavismo.

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En un comunicado, la Sala Plena del TSJ explicó que esta decisión fue tomada de conformidad con el artículo 279 de la Constitución que establece que los "integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional (AN), previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia". El TSJ acordó además convocar a una "audiencia pública" y notificar a Ortega Díaz, al diputado oficialista Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano (instancia del Poder Ciudadano) para que comparezcan ante la Sala Plena del máximo tribunal "y expongan lo que consideren pertinente".

Como era de esperarse la fiscal general salió al encuentro de la decisión del TSJ, pidiendo estar alerta "porque es la muerte del derecho, la muerte del estado de derecho, la pérdida de las instituciones y quizás se está cerrando la última puerta que queda de la democracia que es el Ministerio Público". Señalando que este tipo de acciones como las iniciadas por dirigentes chavistas para llevarla a juicio no tendrían cabida si en el país se respetara la Constitución”, agregando que en Venezuela "se ha desmantelado el estado de derecho, se ha venido abajo, estamos más bien en un estado de terror".

En una tentativa de buscar desbancar a la fiscal general, el pasado viernes, Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz ante el Tribunal Supremo “asegurando” que la fiscal ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa". También la acusa por presuntamente "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución" y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución". Pero más aún, la solicitud del chavismo incluye medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y el congelamiento de sus bienes, las cuales "se encuentran en estudio", según señaló el Supremo en su comunicado.

La saña del chavismo expresada en el contenido de la solicitud, y rapidez en el dictamen por parte del TSJ al emprender esta medida se da después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, del que ella forma parte, y en coordinación con la Cámara, en ese momento en manos del chavismo.

Recordemos que las diferencias entre el Gobierno y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una "ruptura del orden constitucional" la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento. En los últimos dos meses Ortega Díaz además ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron hace 81 días.

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Aún no se sabe cómo hará el chavismo para lograr su objetivo ya que la ley establece que la destitución de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave. El TSJ no ha explicado cómo se completaría este proceso, luego de calificar de falta grave la actuación de la fiscal, ya que la AN, en manos de la oposición que ahora respalda a la titular del Ministerio Público, se encuentra en situación de “desacato” decretada por el Tribunal Supremo y sus actos son considerados nulos.

¿Qué significan los cambios en el Estado Mayor?

Mientras el TSJ arremetía contra la fiscal general, Maduro movía piezas en el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), designando a nuevos responsables en el Comando Estratégico Operacional de la FANB, en el Ejército Bolivariano, en la Armada Bolivariana, en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la Aviación Militar Bolivariana y en la Milicia. Al tiempo que anunciaba estos cambios, ratificaba al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aunque lo relevaba como jefe del Comando Estratégico Operacional militar (CEOFANB).

En un acto que realizaba desde la sede de una de las instituciones del Ejército, Maduro anunciaba que el nuevo jefe del CEOFANB, que sustituirá a Padrino, será el almirante Remigio Ceballos, quien venía desempeñándose como jefe de Estado Mayor, el segundo a cargo en el comando de operaciones.

Además, Maduro nombró a dos de los militares miembros del Estado Mayor al frente de los ministerios de Transporte y de Pesca del Gobierno. Para el cargo de Ceballos fue designado el mayor general del ejército José Ornella Ferreira, mientras que como comandante general del Ejército Bolivariano se nombró al mayor general Jesús Suárez Chourio, quien entra por Juan García Toussaintt, que pasa a ser ministro de Transporte. Como nuevo jefe de la Armada Bolivariana nombró a Edglis Herrera Balza, en sustitución del almirante Orlando Maneiro, que ahora será el nuevo ministro de Pesca.

En la Comandancia General de la Aviación designó al mayor general Hidalgo Terán en sustitución de Edgar Cruz Arteaga, quien irá a nuevas responsabilidades, según dijo Maduro. Mientras que el nuevo comandante general de la GNB será el mayor general Sergio Rivero Marcano, quien reemplazará a Antonio Benavides Torres que en los próximos días tendrá otras responsabilidades, indicó Maduro. Entretanto, en la Milicia nombró al mayor general Carlos Augusto Leal Tellerías en reemplazo de César Vegas González.

Aunque aún no son muy claros los motivos políticos de los cambios que realizara Maduro en el Estado Mayor, la mayoría son movimientos que no implican que le esté “cortando la cabeza” a algún sector, aunque lo que ha hecho más ruido es la salida de Padrino López como jefe del CEOFANB. Por eso, para algunos analistas, uno de los cambios más resaltantes fue el de Vladimir Padrino López, que si bien fue ratificado como ministro de la Defensa es removido de su puesto en el CEOFANB, que es una lectura de pérdida de poder dentro del Alto Mando Militar, al dejar “el cargo más importante dentro de la FANB de carácter operativo”.

Pero Maduro aún no ha terminado de mover todas las piezas, al menos para los nuevos cargos a los que irían los militares que son sustituidos. Por ejemplo, se especula que Antonio Benavides Torres podría asumir el Ministerio de Petróleo y Minería para ejercer un mayor control sobre la explotación del Arco Minero.

Pero sobre quien sustituye a Antonio Rivero, el mayor general Sergio Rivero Marcano, pesan fuertes acusaciones sobre violación de derechos humanos, pues se le vincula a los hechos en el barrio Kennedy, en Caracas, cuando ocurrió el secuestro y asesinato de los estudiantes y fue relacionado con hechos de torturas en la extinta DIN, actual Dirección General de Contrainteligencia Militar. La lectura sobre la designación de este personaje al mando de la GNB es que se viene más mano dura en cuanto a represión por parte del gobierno, pues Maduro adelantó también que 40.000 nuevos efectivos se incorporarán a los cuerpos de seguridad del Estado: la mitad para la GNB y la otra para la Policía Nacional Bolivariana.

Los cambios en el Estado Mayor llegan a pocas semanas del desacuerdo expresado entre el Ministro de Defensa, Padrino López, y el Ministro del Interior, Nestor Reverol, sobre la manera en que las fuerzas de seguridad actúan sobre las manifestaciones opositoras. Reverol está a cargo, y defiende, el accionar de la Guardia Nacional Bolivariana, mientras que Padrino López había salido a decir públicamente que no iba a tolerar un comportamiento inadecuado, ni la falta de respeto a los derechos humanos de parte de la GNB. A estas primeras internas dentro del Estado Mayor se sumó la última semana la renuncia del primer militar en funciones, el mayor general Alexis López Ramírez, a su cargo como secretario del Consejo de Defensa de la Nación, por estar en contra de la forma en que el gobierno convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Estas señales encendieron las alarmas dentro del gobierno para definir algunos cambios en el Estado Mayor, principal sostén de un Maduro en crisis.

La oposición aglutinada en la MUD ha venido teniendo una política activa hacia las Fuerzas Armadas, principal apoyo del gobierno de Maduro, buscando que el alto mando le saque su apoyo o provocar una fractura en el mismo. Incluso ha apelado abiertamente para que los militares tomen las riendas de la situación en una clara alusión a una salida militar a la crisis. Pero si bien aún no son muy claros los movimientos en el Estado Mayor, lo que sí es seguro es que Maduro busca asegurarse el apoyo de los militares, por lo que estaría anticipándose en la ubicación de los sectores más fieles en los puestos clave. La crisis política tiende a aumentar, con el lanzamiento de una constituyente muy cuestionada y a la que solo se ha inscrito el chavismo. De escalar la crisis, los militares son los únicos que le podrían dar una sobrevida a Maduro.

Tanto Maduro como la oposición de la MUD se juegan a una salida que incluya a las FANB. Sea esta por la vía de la fuerza o por algún tipo de negociación, los trabajadores y el pueblo de Venezuela no pueden esperar nada progresivo de un acuerdo con este sector que no solo viene dejando pasar una brutal represión, y el estado de excepción, sino que se enriqueció en los últimos años en torno a la administración directa de las principales empresas y el control de los recursos del país. Se hace cada vez más necesario pelear por una alternativa de los trabajadores y el pueblo, que sea independiente del gobierno de Maduro y de la oposición de derecha.

Para leer más sobre las FANB: puedes leer las notas publicados en La Izquierda Diario sobre el tema