Este 16 de diciembre, Donald Trump volvió a la carga con el tema de las deportaciones de venezolanos y la amenaza de “políticas económicas duras” con Venezuela, durante su primera conferencia de prensa formal desde su reelección al segundo período presidencial. Habría encuentros discrecionales en curso para negociar vuelos de deportaciones masivas de Estados Unidos a cambio de evitar el endurecimiento político anunciado por la nueva administración de la Casa Blanca.
Martes 17 de diciembre de 2024
Donald Trump en rueda de prensa.
El presidente electo Donald Trump amenazó con “medidas extremas” con Venezuela al llegar al gobierno de Estados Unidos, si Maduro no acepta los vuelos de deportaciones de migrantes venezolanos que prevé realizar a escala masiva. Durante la rueda de prensa desde su residencia en Palm Beach, en Florida, el republicano apuntó que: "Ahora los van a aceptar. Los van a aceptar todos, sí. Y si no lo hacen, se les va a aplicar una política económica muy dura (...). Venezuela y otros países no se portaron muy bien con nosotros durante mi administración".
Esta podría ser una política de forzar in extremis, al estilo Trump, para acelerar una negociación más directa, que ya se preveía podría estar ocurriendo, en un intento por impulsar sus políticas punitivas y antiinmigrantes de deportación masiva, donde Trump podría llegar a un acuerdo migratorio con el gobierno de Maduro. “Podríamos terminar viendo algún tipo de arreglo con [Maduro] si eso significa la capacidad de deportar a más personas, para que Venezuela acepte vuelos de deportados ", sostiene Ryan Berg, quien dirige la Iniciativa Futuro de Venezuela en el centro de estudios de Washington, DC, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
Esta política de vuelos “de repatriación” de migrantes es parte del acuerdo alcanzado en octubre de 2023 entre gobiernos regionales de América Latina y el Caribe, incluida Venezuela, durante la Cumbre sobre migración convocada por el gobierno mexicano, después de que Estados Unidos y México resolvieran el reinicio de vuelos con migrantes deportados, financiadas por ambos países.
Aunque el acuerdo contempla la solicitud a Estados Unidos de recursos para invertir en los países de origen, que en el caso de Venezuela constituía un caso específico, sometido a las sanciones de Estados Unidos donde se ejerce la política de medidas coercitivas unilaterales, se centra en consolidar una política de cooperación regional antiinmigrante, que logre organizar deportaciones masivas constantes, “seguras” y con procesos judiciales cortos: deportaciones con “derechos humanos” con la fachada de “repatriación voluntaria”.
El gobierno mexicano ha sido intermediario y garante, con rostro “humanitario”, de las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos. Por ello firmó un convenio con Nicolás Maduro, donde como parte del plan “Vuelta a la patria”, los migrantes venezolanos detenidos en México al ser deportados sean inscritos a los programas sociales mexicanos. Sin embargo, esto es un complemento de las duras políticas securitarias en territorio mexicano, con mayor presencia policial, uso de fuerzas armadas, Guardia Nacional y la coerción a sus políticas autoritarias de control fronterizo y migratorio.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez durante el gobierno de Biden llamó a esta política “mecanismo de cooperación existente” como contrapartida a flexibilizar las medidas coercitivas unilaterales (sanciones). Este perfeccionamiento de las políticas securitarias que exigen desde Estados Unidos la regulación migratoria regional, alinea a todos los gobiernos de América Latina, sin embargo, los vuelos de deportaciones que se realizaban casi semanalmente durante varios meses de 2023 pero se detuvieron en febrero de 2024 cuando Estados Unidos amenazó con retomar las sanciones ante las proscripciones electorales que el gobierno de Maduro realizaba contra candidatos como María Corina Machado.
El gobierno venezolano anunció la suspensión de los vuelos si Estados Unidos mantenía la presión para endurecer las sanciones que venía flexibilizando, sobre todo en el sector petrolero, usando a los migrantes venezolanos como fichas de cambio. En unos meses al menos 1.800 venezolanos fueron deportados en 15 vuelos semanales, según la organización Witness at the Border, que registra los vuelos de deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Con la llegada a la presidencia de Trump, se espera un salto en la escalada de deportaciones como eje de su política migratoria, su mensaje fue claro, amenazó a Venezuela con una "muy dura política económica", que no puede ser otra que endurecer las sanciones, si no se retoman los vuelos de deportaciones forzadas.
Por eso no fue casual que al mismo tiempo Trump se refirió a la cuestión petrolera, sobre todo de una manera más directa hacia Venezuela. Hablando sobre la reducción de los precios de la energía en Estados Unidos, dijo que no dependerá más de países como Venezuela. "Tenemos más energía que cualquier otro país. La vamos a utilizar. No tenemos que comprar energía de Venezuela, donde tenemos cincuenta veces más que ellos. Es una locura lo que estamos haciendo", remarcó.
Pero la verdad es que en los últimos años –por las sanciones- como tampoco luego de la renovación de las licencias a empresas petroleras como Chrevron y otras europeas, etc., Estados Unidos no ha estado dependiendo del petróleo venezolano. Si bien las licencias han permitido que se retome la producción luego de los mínimos al que llegó la industria en medio de la larga brutal depresión que arrasó al país, y ésta se ha canalizado hacia Estados Unidos y países del hemisferio occidental, Venezuela apenas le aporta en estos momentos un poco más del 1% de petróleo a Estados Unidos. Por eso es que Trump se jacta al momento cuando afirma que no precisa del petróleo venezolano.
Pero la importancia de Venezuela, no es solo por la producción actual, está la pugna a mediano plazo y a futuro estratégicamente por un espacio perdido que históricamente tuvieron las compañías petroleras estadounidenses en Venezuela. Un espacio que han ido ocupando empresas petroleras chinas, rusas, iraníes, y no hay por qué, en medio de la gran disputa con China –que es uno de los ejes de Trump- se cedería este espacio, y más aún por la situación de mundo cada vez más turbulento.
Por eso es que, con respecto a la cuestión petrolera, existe un gran lobby en Estados Unidos para forzar acuerdos con Venezuela. Se trata, como lo hizo público The Wall Street Journal, de “ejecutivos petroleros y los inversores en bonos estadounidenses [que] están instando al presidente electo Donald Trump a que abandone su política de primer mandato de máxima presión sobre el hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, y en su lugar alcance un acuerdo: más petróleo por menos inmigrantes”. Y tal lobby petrolero es del Partido Republicano.
Así lo enfatiza abiertamente este medio, considerado, un vocero imperialista: “Los venezolanos [por gobierno de Maduro] creen que al facilitar el suministro de petróleo a Estados Unidos y aceptar los vuelos de deportación estadounidenses que habían sido suspendidos después de que fracasaran las negociaciones con la administración Biden, Maduro podría ayudar a cumplir los principales objetivos políticos de Trump de deportar a los migrantes venezolanos”. De allí que tal “presión” hacia el nuevo administrador de la Casa Blanca, en su intento por impulsar sus planes de deportación masiva, lleve el sello de un acuerdo migratorio con Maduro.
Si Maduro ya con Biden se ofrecía a ser partícipe, y de hecho lo hizo, de la reaccionaria política de Estados de las deportaciones masivas, en este caso de los venezolanos, en medio de un endurecimiento inédito de las políticas antiinmigrantes de EE. UU., nada le impediría establecer acuerdos con Donald Trump. Con Biden tomó una medida que cayó directamente sobre migrantes que han salido del país ante la miseria que viven en Venezuela, usándolos como fichas de cambio, sumándose a la política de repatriación forzada.
Se trata de millares de venezolanos y venezolanas, incluyendo niños, que en función de la miseria que viven en Venezuela salieron en busca de trabajo o nuevas oportunidades de vida, miseria de la cual es responsable el propio gobierno venezolano, como lo es también el imperialismo estadounidense con las criminales sanciones que cayeron con peso sobre el propio pueblo venezolano. Hay que rechazar todo pacto o acuerdo cuya consecuencia severa cae sobre las y los trabajadores y las grandes mayorías populares, millares obligados como migrantes en busca de trabajo que buscan el país del norte.
La injerencia imperialista actúa de manera descarada. El 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley respaldado por republicanos y demócratas llamado “Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano” que de aprobarse en el Senado reforzaría las sanciones imperialistas sobre Venezuela. Y Trump vuelve a la carga con sus amenazas de “aplicar una política económica muy dura”, sino se aceptan las deportaciones masivas forzadas, en medio de las criminales que piensa llevar adelante el próximo gobierno estadounidense.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsamos La Izquierda Diario, ratificamos el rechazo de las medidas criminales de las sanciones imperialistas, y denunciamos la prepotencia imperialista con la retomada de las mismas. Al mismo tiempo denunciamos la política de Maduro de usar a los migrantes como fichas de cambio, así como las deportaciones forzadas. Exigimos para los inmigrantes en Estados Unidos, todos los derechos a residencia y trabajo. Exigimos el cese de la persecución de los migrantes, plenos derechos democráticos. Los trabajadores y migrantes venezolanos no son barajita de cambio, nuestras vidas valen.
