Maestros de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), no solo han salido a manifestar su rechazo contra el gasolinazo, sino que denuncian también el proceso de privatización en la institución.
Martes 24 de enero de 2017
Los maestros de la Universidad Autónoma de Baja California, denunciaron recientemente –y al calor de las recientes movilizaciones nacionales de rechazo contra el gasolinazo– que el gobierno estatal pretende privatizar la universidad pública, medida que se anuncia con la entrega de algunas de sus áreas académicas, otorgándolas a empresas encubiertas como asociaciones civiles y, que sean manejadas por personas vinculadas a la propia casa de estudios.
La política que llevan a cabo tanto el gobierno estatal como las autoridades universitarias, es implementar la subcontratación u outsourcing, con la mediación de dichas empresas para ahorrarse todo tipo de prestaciones laborales con el personal docente, lo que implica una violación a su contrato colectivo.
En un reciente comunicado, los maestros han dado a conocer el despido injustificado de 15 de 26 profesores que estaban a cargo de impartir cursos y talleres culturales en el área de educación continua, cuyas convocatorias se ofrecen no sólo para la comunidad universitaria, sino para el acceso de la población.
Las consecuencias de esta medida ya se han expresado en la nueva forma de contratación de personal docente, pues ahora dicho esquema establece que ya no pertenecerán a la planta de la universidad, sino que su patrón será la asociación civil llamada Entidad Universitaria Auxiliar Uniser UABC S.C., empresa que en 2008 realizó negociaciones con las autoridades de la institución para obtener la renta de una parte de las instalaciones de la UABC en Mexicali, y cuyo acuerdo, firmado con una vigencia de 10 años, fue formalizado por el entonces Jefe de la Unidad de Presupuesto y Finanzas de la UABC, Juan Manuel Ocegueda Hernández, actual rector de la universidad.
Nos dijeron que todo iba a seguir normal, que los que hemos estado trabajando para la universidad íbamos a tener preferencia, pero que ahora nos pagarían por honorarios.
Sus derechos se verán mermados al perder prestaciones como servicio médico del Seguro Social, aguinaldo, vacaciones, y otras. “La decisión, supuestamente es por falta de recursos”, agregaron los maestros.
Así, no solo la empresa obtiene una parte de los recursos destinados para el desarrollo educativo en la institución, sino que además incluye dentro de sus “fines sociales” el de planificar, organizar, impartir y evaluar programas o cursos de educación y capacitación abierta o presencial en los niveles de técnicos de licenciatura y posgrado, incluyendo cursos, educación continua, talleres de titulación y diplomados. Es decir, la clase empresarial del estado de Baja California decidirá el rumbo de la impartición de la educación, a la medida de sus intereses y necesidades que se requieran para el desarrollo de las empresas de las cuales son dueños.
Todo ello a la luz del descontento nacional por los tarifazos, como parte de los efectos de la reforma energética, y del reciente recorte educativo por más de 100 millones de pesos a la misma casa de estudios, a pesar de que existe una deuda de más de 400 millones de pesos.
Baja California ha registrado multitudinarias movilizaciones en recientes días, que habrá que fortalecer contra todo ataque y medida hambreadora del gobierno estatal de Kiko Vega. Su gobierno ha decidido la “abrogación” de la Ley de Agua en el estado, pero ésta sigue latente cuando hay una política para atacar derechos de los trabajadores; como es el caso del anunciado incremento al transporte público y el despido injustificado de trabajadores docentes de la UABC.
La unidad entre sectores que salgan con sus propias reivindicaciones, será una vía para fortalecer el movimiento social que ha despertado en el estado de Baja California, y que ha hecho que miles de personas se apuesten a las calles para arrancarle al gobierno sus derechos.
