El triste y repudiable crimen de Leandro Miguel Alcaraz, el chofer de la línea 620 asesinado este domingo en Virrey del Pino, es utilizado por los partidos patronales y los grandes medios para reforzar un discurso reaccionario y derechista.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Miércoles 18 de abril de 2018
Fotografía: Ministerio de Seguridad de la Nación
Leandro Miguel Alcaraz tenía 26 años, fue asesinado este domingo en el partido de La Matanza. En medio del dolor por el crimen de un trabajador, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, lejos de este sufrimiento, se enfrentaron para ver quién maneja el presupuesto en Seguridad.
La intendenta se refirió al asesinato del colectivero y se desvinculó del hecho. "La seguridad es responsabilidad por ley y constitución de la provincia, en este caso de la provincia de Buenos Aires", indicó.
El ministro de Seguridad le respondió: "Mientras la intendenta de La Matanza hace conferencias de prensa y distintas declaraciones desde hace 24 horas tratando de buscar responsabilidades fuera del municipio, nosotros trabajamos y detuvimos a los presuntos responsables del crimen de Leandro".
El fuego cruzado entre ambos continuó escalando. Pero ante el hecho los dos respondieron con discursos represivos.
Magario pidió "de manera urgente más fuerzas de seguridad en La Matanza" y cuestionó al gobierno de Vidal porque "hace dos años nos sacaron 1000 efectivos de Gendarmería Nacional". La intendenta pide que los responsables de la muerte de Santiago Maldonado patrullen los barrios de La Matanza.
También se cruzaron por el presupuesto. El ministro aseguró que le habían girado el dinero para Seguridad al municipio y la intendenta aprovechó para reclamar el traspaso de la policía local: "Si la gobernadora María Eugenia Vidal quiere que cuidemos a los habitantes, que traspase la policía local como hizo Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta, con todos los recursos económicos".
El control de las policías significa el manejo de una caja millonaria y el control político de una fuerza represiva que cada gobernante utiliza a favor de sus proyectos políticos.
Campañas represivas
Este domingo, después del crimen del chofer de la línea 620, la bronca entre sus compañeros de trabajo retumbó en toda La Matanza. No era para menos, un joven trabajador es asesinado cuando cumplía su jornada laboral. Se autoconvocaron, hicieron asambleas y les impusieron un paro al gremio.
La agrupación “Choferes por las 6 horas - David Ramallo”, integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), a raíz del crimen de su compañero de la línea 620, emitió una declaración donde piden que no se utilice este dolor para aplicar políticas de mano dura. Además denunciaron la complicidad de la UTA, conducida por Roberto Fernández, con los empresarios que no invierten en una medida elemental como la colocación de cabinas para los choferes.
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El reclamo de los choferes de la agrupación David Ramallo, que piden que esta tragedia no sea utilizada para políticas represivas, es oportuno para diferenciar el dolor y repudio genuino de los trabajadores ante este crimen, de la utilización política de los gobernantes.
Así quedó expuesto ayer en las acusaciones cruzadas entre la intendenta y el ministro. Ambos vieron una oportunidad para sacar rédito político utilizando la bronca de los vecinos. También vieron la ocasión para ganar consenso entre la población para las medidas represivas.
Los medios de comunicación volvieron a escribir con tinta roja la crónica de lo ocurrido en Virrey del Pino, La Matanza. Desempolvaron la campaña de "inseguridad", favoreciendo a los gobernantes que buscan obtener consenso para la mano dura. Las campañas sobre “inseguridad” son un instrumento para despolitizar a la sociedad, cuando se encuentra desolada por la desocupación, los techos a las paritarias, los tarifazos y la inflación descontrolada.
El crimen del joven trabajador busca ser aprovechado en beneficio propio tanto por la intendenta de La Matanza como por el gobierno de Vidal y Ritondo. El objetivo de los funcionarios es mantener a raya el malestar social.
Mientras en los barrios populares enfrentan a pobres contra pobres, de las que se aprovechan para aplicar la “doctrina Chocobar”. Más policías en las calles, como ingenuamente también piden algunos vecinos frente al dolor de la pérdida del chofer, causará más inseguridad. Los jóvenes son las principales víctimas de estas políticas. Sufren las “razzias”, la brutalidad policial, y hasta les arman causas. Cada 22 horas un joven es asesinado por el gatillo fácil de las fuerzas represivas del Estado. Son a estos jóvenes que han convertido en el enemigo interno, bajo el estigma del "pibe-chorro".
La Policía no está en las calles para prevenir el delito, sino para regularlo y organizarlo a gran escala, como se ve en el regenteo de la trata de personas, desarmaderos de autos, narcotráfico, secuestros extorsivos y demás. Para esto cuentan con el poder territorial para manejar esta economía ilegal.
Más policías en las calles, más inseguridad para los trabajadores y el pueblo pobre.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
