Conscientes de que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior tiene como trasfondo sentar las bases para justificar la represión y legitimar la criminalización de la protesta, el magisterio oaxaqueño emprendió acciones legales contra esta medida reaccionaria.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Miércoles 7 de febrero de 2018
Este martes, el cuerpo de abogados de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) presentó siete amparos colectivos contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Estos amparos colectivos fueron avalados por 43 mil maestros integrantes de la sección 22, por considerar que se trata de una Ley que viola los derechos humanos y que busca intimidar y discriminar a la ciudadanía.
Danaé Echeverría Clavel, representante del cuerpo jurídico de los maestros oaxaqueños, explicó que a pesar de la profunda crisis que atraviesan las instituciones y el descrédito de éstas ante la población, decidieron interponer los amparos, atendiendo a que según la Carta Magna, el Congreso de la Unión no tiene facultad para legislar sobre temas de seguridad interior. Entre otros derechos constitucionales que viola la LSI, señaló, está el de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y datos personales, mismas que estarían susceptibles de intervención a discreción por parte del Ejército
Y es que al magisterio oaxaqueño nadie va a contarles lo que es la represión y la criminalización estatal, Echeverría asegura que están conscientes de que la aprobación de esta Ley tiene como trasfondo sentar las bases para justificar la represión y legitimar la criminalización de la protesta. La soberanía estatal y la autonomía de los pueblos son otras de las figuras que correrían riesgo con la aprobación de esta reaccionaria iniciativa.
Los maestros denuncian también que serán las grandes empresas dueñas de megaproyectos mineros, eólicos e hidráulicos, las beneficiarias de la implementación de esta Ley, que podría encarcelar o desaparecer a quienes intenten oponerse a sus planes de devastación y despojo.
Esta medida legal ha sido acompañada de distintas marchas y protestas en Oaxaca, en donde el magisterio, además de exigir el cumplimiento de sus demandas de cara a la imposición de la Reforma Educativa, ha levantado la voz para denunciar la LSI. No se puede confiar en que será algún Tribunal del régimen quien resuelva los reclamos populares. Será únicamente por medio de la más amplia movilización a nivel nacional, con la articulación de distintos sectores que se podrá echar abajo esta medida y regresar al Ejército asesino a sus cuarteles.
