Tras la derrota militar, los Gobiernos impulsaron la desmalvinización para justificar la sumisión al capital imperialista. El kirchnerismo, a pesar de su discurso de soberanía, no alteró esa relación.
Domingo 2 de abril de 2017 02:14
Hace pocos meses, el Gobierno de Mauricio Macri protagonizó un bochorno internacional. En el marco de una reunión de Naciones Unidas, el presidente afirmó haber hablado con la primera ministra de Gran Bretaña, Teresa May, sobre la posibilidad de discutir la soberanía argentina sobre Malvinas.
La potencia imperialista se ha negado, desde hace décadas, a poner este tema en discusión. Mal podría haberlo hecho, de manera informal, en una charla de minutos, como la que sostuvo con Macri. La desmentida llegó desde diversos lugares, dejando en ridículo al mandatario argentino.
Casi en simultáneo, la canciller Susana Malcorra firmaba un acuerdo con su par británico, en el que todo indicaba que se renunciaba al reclamo de soberanía. La resolución despertó críticas incluso dentro del espacio político oficialista. Alguien tan poco proclive a hacer flamear alguna demanda antiimperialista como Elisa Carrió salió a cuestionarla.
Tanto el cuestionamiento de la líder de la CC como el ridículo en el que incurrió Macri, vuelven a poner de manifiesto que la “cuestión Malvinas” sigue siendo un problema arraigado de la política nacional.
La guerra y la desmalvinización
El fracaso de la empresa militar en Malvinas fue parte de los factores que empujaron a la caída de la dictadura. A riesgo de repetir, no fue el único. La enorme movilización del 30 de marzo de 1982 y el paro general de esa jornada mostraron un gran descontento. La crisis económica y social corroía al régimen genocida. El desgaste era evidente y fue una de las causas que empujó a la aventura militar de los genocidas.
La derrota de Malvinas implicó, para el conjunto de la clase dominante y sus representantes políticos, avanzar en el intento de lo que fue llamado “desmalvinización”.
Una política destinada a sembrar un nuevo sentido común que hacía de la guerra esencialmente una aventura llevada a cabo por militares “locos” o “borrachos” en el caso de Galtieri. Ese sentido común incluía asociar a esa locura de los militares una “locura colectiva” de una población que decidía apoyar lo impulsado por un régimen genocida como el del Proceso de Reorganización Nacional.
El intento implicaba, además, negar la historia de reclamos y demandas argentinas que, desde hacía décadas permeaban el escenario internacional. De hecho, la resolución en la que aun hoy se sostienen las exigencias del Poder Ejecutivo nacional, fue realizada en 1965 por la ONU (20/65).
La desmalvinización, al ligar de manera indisoluble guerra a los genocidas, intentaba liquidar la cuestión de Malvinas como una causa nacional. El objetivo era instalar el sentido común de que el imperialismo no podía ser derrotado y abrir el camino a un consenso hacia políticas de mayor sumisión al imperialismo y entrega del patrimonio nacional.
En ese sentido, sería utilizada por los Gobiernos democráticos como intento de reinserción en un mundo donde avanzaba el orden neoliberal -del que la derrota de Malvinas fue uno de los hechos fundantes- en un tono respetuoso hacia las grandes potencias.
El límite parcial a esa subordinación lo constituyó la continuidad del reclamo formal de la soberanía argentina sobre las islas. Eso fue el resultado de la enorme simpatía de la población por la causa, algo que se había evidenciado durante la guerra, más allá de la dirección militar de la misma.
Raúl Alfonsín afirmaría en 1983 que “nuestro programa como el de todos los argentinos es el de seguir luchando por recuperar nuestras islas Malvinas en todos los foros internacionales (…) ¿Mi opinión de lo que pasó el año pasado? Fue una aventura incalificable (…) Yo creo haber sido uno de los políticos que mantuvo las distancias. No quise atarme al presunto carro de gloria, que resultó ser un carro atmosférico”.
Sin embargo, los sucesivos Gobiernos argentinos irían moderando el reclamo de soberanía, ampliando las concesiones a Gran Bretaña en la región.
En 1985, en una reunión de Naciones Unidas, la delegación argentina presentaría un documento donde reemplazaba la discusión sobre la soberanía por una más ambigua definición sobre "solucionar los problemas pendientes” en relación a Malvinas.
Tres años después, intervención de EE.UU. mediante, se avanzaría en definir lo que pasó a llamarse “paraguas de soberanía”. Si ese acuerdo permitía un acercamiento entre Argentina y Gran Bretaña, lo hacía al costo de suspender el debate sobre la soberanía. El menemismo llevaría esa política a un nuevo nivel.
Juego de seducción (menemista)
Acorde a su política de mayor entrega al capital imperialista, que tuvo su bautismo en las privatizaciones, el menemismo avanzó en una mayor subordinación en el terreno internacional a los dictados del gran capital imperialista. Esto pasaría a ser conocido como una política de “relaciones carnales” con el imperialismo.
Las imágenes más recordadas del ciclo menemista tienen que ver con la llamada política de “seducción hacia los kelpers”, que tuvo su rostro visible en el canciller Guido Di Tella. Una política que llegó al extremo de incluir el envío de presentes y obsequios a los isleños en aras de ganar su simpatía.
Sin embargo, más allá de estas acciones ridículas, se desplegaba una política diplomática que permitía el avance de Gran Bretaña. El 16 de febrero de 1990, en Madrid, se firmó el acuerdo que desembocó en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El final formal de la Guerra de las Malvinas implicó para la Argentina dejar de lado el reclamo por la soberanía. Si bien se establecieron mecanismos que permitían una relativa navegabilidad de la zona para naves argentinas, esto se hacía a costa del avance británico en la región.
En 1995, en el marco de ese nuevo esquema de relaciones, se estableció un acuerdo petrolero que, según señaló entonces un portavoz del Gobierno británico, indicaba “de manera específica que nada puede ser interpretado como un cambio de actitud sobre la soberanía”.
En el período en que el radical Fernando de la Rúa ocupó la presidencia, el único cambio mensurable fue el retorno a plantear el debate en la Asamblea General de la ONU, algo que no ocurría desde 1989.
La "malvinización" kirchnerista
Como sucedió en general, en el terreno de la política hacia Malvinas, el kirchnerismo también actuó movido por la lectura de la rebelión popular del 2001, haciendo girar el relato hacia una reivindicación de la causa nacional, sin reivindicar la guerra.
El propio Néstor Kirchner, en su discurso de asunción, afirmó “venimos desde el sur de la Patria, de la tierra de la cultura malvinera y de los hielos continentales y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas”.
De allí en más, durante todo el ciclo político kirchnerista, los conflictos diplomáticos tendrían lugar de manera constante. Como ocurrió en relación a otras temáticas, también aquí hubo un relato de defensa de la soberanía nacional que, en los hechos, no significaba nada, salvo meras declaraciones.
El año 2012, al cumplirse los 30 años de la inicio de la guerra, sería el momento de mayor belicosidad verbal por parte de Cristina Fernández, que ensalzó un discurso patriótico, al tiempo que confirmaba que los intereses del gran capital británico estaban a salvo en Argentina.
En un discurso del 7 de febrero de ese año, recordaba que múltiples empresas del Reino Unido trabajan en Argentina “como la British Petroleum, la Royal, la Easy, ex Duperial, todas las mineras, como Río Tinto, Alexander Mins, Patagonia Gold, HSBC, Standar Gold, Glaxo, Unilever, British Telecom”, entre otras. El mensaje no dejaba dudas. Los intereses del gran capital británico estaban a salvo.
Paradójicamente, a pesar de la moderación real del kirchnerismo, emergió entonces un sector de intelectuales –agrupados en Plataforma 2012- que llegó a pedir el respeto al derecho a la autodeterminación de los kelpers. “Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean”, podía leerse en su declaración. Allí estaban Beatriz Sarlo, Jorge Lanata y Juan José Sebreli, entre otros.
De la moderación a la moderación aún mayor
Hablando de la política del kirchnerismo, Susana Malcorra declaraba en diciembre de 2015 “creo que hizo que la cuestión de Malvinas se transformara en un tema absoluta y totalmente preponderante, con una posición muy dura al respecto (…) Eso no quiere decir que uno vaya a ceder en los principios”.
Los “principios” parecen una abstracción en este caso. Como se señaló al inicio de esta nota, fue esa funcionaria quien firmó un acuerdo con su par británico, donde se relegaba el reclamo de la soberanía.
La tendencia noventista y neoliberal de Cambiemos no hace más que augurar que, en cuanto a Malvinas, la política de la clase dirigente retrocederá aún más de lo ya limitado que implicaba el kirchnerismo.
Política internacional de clase
A lo largo de más de tres décadas, la moderación de los gestores del Estado nacional no puede ser separada de su carácter de representantes de clase de esa misma burguesía. En ese sentido, expresan la misma sumisión al capital imperialista que recorre la historia de esa clase en el siglo XX.
Desde ese punto de vista, no tienen un programa distinto al que tuvo la cúpula militar que lanzó la guerra en Malvinas. Si aquellos jugaron la baza de una acción irresponsablemente preparada, también evidenciaron un respeto marcado ante el gran capital con sede en territorio nacional en ese momento.
Las constantes concesiones en el terreno de los acuerdos por parte de Alfonsín y Menem mostraron el peso de esa derrota sobre el país en su conjunto. Derrota que, sin embargo, no llegó a un grado tan profundo como para permitir a la misma clase capitalista nacional dejar de lado el reclamo formal. Pero mientras el mismo se sustanciaba en el campo diplomático, los intereses del capital imperialista en el país seguían intactos.
Eso no cambió con el kirchnerismo. Su discurso de “soberanía nacional” no implicó tocar esos intereses. Incluso, en 2012, el Gobierno avanzó en estatizar parte de YPF a la española Repsol (indemnizándola millonariamente), pero los intereses de la British Petroleum permanecieron intactos. Eso ocurrió, además, mientras Gran Bretaña proseguía su avance sobre la zona de exclusión de pesca y fortaleciendo la posición militar en la isla, como una amenaza hacia el continente latinoamericano.
Desde el lado de la potencia imperialista, le negativa a abordar el reclamo de la soberanía fue permanente. Las múltiples resoluciones en la ONU no implicaron ningún cambio en esa política, demostrando la formalidad de esas instituciones supranacionales cuando de tocar los intereses de las potencias se trata.
A 35 años del desembarco, un repaso por la deriva de la llamada “cuestión Malvinas” vuelve a poner en evidencia que la clase capitalista y su representación política son incapaces de una defensa decidida de los intereses de la nación.
Leé más en el Dossier especial: #Malvinas35años de La Izquierda Diario
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
