Las muertes por la enfermedad alcanzan la cifra de 13.703 personas a nivel nacional y en el caso de los contagios, a casi el medio millar de personas. Las medidas tomadas por el gobierno también han empujado a que se desarrolle la crisis, y Mañalich es uno de los principales responsables.
Miércoles 21 de octubre de 2020
Así lo ofició el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tras 4 meses de investigación y a petición del defensor del ex titular Gabriel Zaliasnik, quien en declaraciones a medios nacionales argumentó: “Hemos ejercido el derecho a prestar declaración ante un Juez de la República ante el manifiesto desinterés del Ministerio Público por conocer los antecedentes y la versión de los hechos de la voz del propio Mañalich”.
El ex Ministro está querellado junto a Sebastián Piñera y los subsecretarios Arturo Zuñiga y Paula Daza por su eventual responsabilidad en las muertes por COVID-19.
Las muertes por la enfermedad alcanzan la cifra de 13.703 personas a nivel nacional y en el caso de los contagios, a casi el medio millar de personas.
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Está claro -y así lo hemos argumentado constantemente desde el inicio de la pandemia- que con las paupérrimas medidas tomadas por el gobierno central y las autoridades de salud, sumado al mal manejo de la situación afectando profundamente en el núcleo de las familias del pueblo trabajador -la suspensión del empleo, despidos malas condiciones de atención y colapso de los servicios de salud y redes asistenciales entre otros- han provocado una insustentable crisis económica y sanitaria que ha empobrecido aún más a las franjas de población más vulnerable del país.
Esto sin considerar el ocultamiento de cifras que se le acusa a Mañalich, el falseamiento de datos y las decisiones tomadas al respecto en base a esas cifras adulteradas.
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Decisiones tomadas desde la improvisación que han llevado a que nuevamente -así como en las crisis económicas anteriores a nivel mundial y nacional- las y los trabajadores estén pagando los costos económicos y de salud. Los cuales debieron estar garantizados en un plan de emergencia hacia la población, y no resguardando los intereses de quienes componen el gran empresariado del país.
Costos por cierto, debieron haber salido desde el bolsillo de los grandes empresarios y sus grandes fortunas amasadas luego de años de explotación de los recursos naturales; años de bienestar a favor de quienes tienen el poder económico, cuestiones que terminan estando garantizadas por un gobierno que opera en contra de los intereses del pueblo trabajador.
La responsabilidad política y de manejo recae absolutamente en la actual administración encabezada por Sebastián Piñera, del actual ministro de salud Enrique Paris -quien hace un par de días hace responsable de un rebrote criminalizando la protesta social en el contexto de la conmemoración de un año de el inicio de la rebelión popular del 18 de octubre- y del ex titular de salud Jaime Mañalich quien desborda en soberbia al no asumir los costos de su fracasada gestión en los meses de más intensidad y posibilidad de contagio, dejando en absoluta deriva y desamparo a todo un pueblo.
