Entre el 1° y el 28 de febrero se realizarán las extraordinarias, en las que el Gobierno de Alberto Fernandez planteará, entre otros proyectos, la reforma del Consejo de la Magistratura, beneficios para las patronales como la Ley de Desarrollo Agroindustrial, y la explotación petrolera. Las iniciativas del Frente de Todos parecen estar orientadas siempre para el mismo lado, lejos del pueblo trabajador.
Lunes 31 de enero de 2022 10:40
El martes por la tarde, a pocos días del anuncio oficial del principio de acuerdo con el FMI, comenzarán a desarrollarse las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Entre los proyectos que se tratarían se encuentra la Reforma del Consejo de la Magistratura, leyes que beneficiarán a las patronales del agro, la industria y la explotación petrolera. A su vez, el negocio del cannabis seguirá en pocas manos, ya que no está planteado derogar las leyes que persiguen y criminalizan a quienes cultivan sin fines de lucro.
Formalmente sólo pueden tratarse en sesiones extraordinarias las propuestas del Poder Ejecutivo, y en consecuencia el oficialismo presentará las iniciativas que considera con posibilidades de ser aprobadas, teniendo en cuenta que no cuenta con mayoría propia para las votaciones en Diputados y en Senadores. Tras las últimas elecciones legislativas, el Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados (Sergio Massa, presidente de la Cámara, sólo vota si hay empate) y 35 en el Senado (CFK sólo podría votar si hay también empate).
Según trascendió en los últimos días, se trataría la reforma del del Consejo de la Magistratura (el organismo encargado de designar, remover y juzgar a los jueces), luego de que la Corte Suprema declarara en diciembre “inconstitucional” la ley vigente desde 2006 según la cuál se redujeron de veinte a trece los miembros del organismo. La idea del Gobierno es fijar en 17 el número de miembros del Consejo, aumentando lo que fijaba la ley de 2006 (votada durante el gobierno de Néstor Kirchner e impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández).
De esta manera se incorporaría un miembro más en representación de los jueces (pasando de tres a cuatro), dos más en representación de la corporación de abogados de matrícula federal (de dos a cuatro) y uno más en representación de “académicos y científicos”. De votarse afirmativamente, el Consejo pasará a estar compuesto por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico-científico.
Para sancionar el proyecto el Gobierno deberá alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición, ya que la iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en Senadores.
El Gobierno intentará además que se sancionen un conjunto de iniciativas económicas, algunas de las cuales ya están presentadas en el Congreso. Lo que el Gobierno busca es brindar beneficios y subsidios a empresarios buscando que, según el discurso oficial, éstos puedan “crear nuevos puestos de trabajo”. Entre esos proyectos estaría el de la creación de un “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial”.
A partir de una serie de “beneficios fiscales” e “incentivos productivos”, se promoverá la adquisición de nuevas tecnologías y maquinarias por parte de las patronales agrarias. El Frente de Todos promete garantizarles a las empresas “una amortización acelerada” y la devolución de IVA para nuevas inversiones, además de cambios en el esquema para la valuación del pago del impuesto a las Ganancias. Y a partir de un crédito fiscal del 50 % del valor, asistir a los empresarios en la compra de insumos “para impulsar la producción sustentable”. Siempre según el discurso oficial, las “nuevas inversiones” promovidas con se régimen se generarían, entre 2022 y 2030, unos “700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector”.
Sobre este proyecto, el periodista Horacio Rovelli escribió en el sitio El cohete a la luna: “regirá hasta el 31 de diciembre de 2025 y le confiere a los grandes productores, acopiadores y comercializadores de granos, carnes y todos sus derivados (harina, pellets, aceite, biocombustible), estabilidad fiscal, por ende no pueden modificarse hacia arriba, los derechos de exportación (retenciones) ni otros gravámenes. Le permite a las empresas del sector amortizar contablemente hasta en tres años la compra de materiales y equipos (cuando el plazo real de pago es en diez años) y un sinfín de beneficios impositivos por la compra de agrotóxicos (glifosato, glufosinato, ariloxifenoxi, etc.), fertilizantes sintéticos, y semillas que dependen de grandes empresas proveedoras (Bayer/Monsanto, Syngenta, Dow, Pionner, Indear, Basf, Ciba-Geigy, etc.) cercando más el negocio a unos pocos y, paradójicamente, se presenta discursivamente como ‘producción sostenible’”.
Vale decir que el proyecto oficial fue elaborado en conjunto por el Gobierno, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo (conducido por Matías Kulfas) y de Agricultura, Ganadería y Pesca (con Julián Domínguez a la cabeza), y el Consejo Agroindustrial Argentino, una agrupamiento de más de 60 organizaciones patronales del sector. Es un proyecto que “se propone extender aún más la frontera agropecuaria, a costa de la pérdida de millones de hectáreas de bosques y montes nativos y el despojo a la agricultura familiar, a campesinos e indígenas”, afirma Rovelli en su artículo.
Otro de los proyectos que el oficialismo quiere que se vote en extraordinarias es el de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”. Su nombre habla por sí sólo, aunque el discurso del Gobierno es perseguir el “autoabastecimiento” energético y a su vez, pasar a ser un país “exportador neto de combustible”. En concreto, el Frente de Todos propone garantizarles por veinte años la llamada “estabilidad fiscal” al puñado de empresas productoras de petróleo y gas, a través de privilegios tributarios, arancelarios y hasta cambiarios (podrán comprar dólares con cotización oficial y luego girarlos a sus casas matrices o importar insumos). Negocio redondo.
El Gobierno pretende profundizar su asociación “estratégica” con las grandes corporaciones exploradoras, productoras y distribuidoras de hidrocarburos. Aún a costa de enfrentarse, con fundamentos burdos, a especialistas y organizaciones dedicadas al estudio del impacto ambiental de la producción hidrocarburífera. Las grandes movilizaciones que denunciaron y repudiaron el plan oficial de explotación offshore en el Mar Argentino con el #Atlanticazo en las costas bonaerenses, promete continuar llenando las calles hasta vencer los planes oficiales, pese al insistente ninguneo del Frente de Todos a esa demanda elemental en favor de la salud y la vida de la población, la fauna y la flora, llamando "ambientalismo bobo", al justo reclamo.
Ante el "acuerdo" firmado el viernes con el FMI, la atención del organismo estará puesta en cómo el Gobierno se hace de los dólares que necesita para pagar los próximos vencimientos de la fraudulenta e ilegal deuda.
Las prioridades del Frente de Todos van en sintonía con las exigencias del Fondo, de los grandes empresarios y especuladores, pero nada tienen que ver con las condiciones de vida del pueblo trabajador, que se deterioran mientras las conducciones sindicales y demás “representantes” de los trabajadores no dejan de mostrar su complaciencia a los planes oficiales.
