¿Libertad de expresión, derecho a la protesta? Son derechos, pero en el Distrito Federal se consideran como DELITOS.
Viernes 7 de agosto de 2015
La imagen que se construyó el Gobierno del Distrito Federal (GDF), es la de la capital de las libertades democraticas, pero no es más que una fachada. La política de recorte de estas libertades y la violación a derechos humanos, es el pan de cada día.
El retorno del Partido Institucional Revolucionario (PRI) dejó claro que sus políticas de miseria y la aprobación de las reformas estructurales iban a ser impuestas por medio de la represión, asesinatos, desapariciones forzadas, criminalización de la protesta y encarcelamiento de luchadores sociales y defensores de derechos humanos.
Criminalización de la protesta y la juventud
El 1 de diciembre del 2012, en la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el Gobierno de Marcelo Ebrad y el Gobierno Federal orquestaron una brutal represión en contra de los manifestantes, más de 104 personas fueron detenidas arbitrariamente. El delito imputado fue el articulo 362 del Código Penal del Distrito Federal “ataques a la paz pública”. Así mismo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejó clara su subordinación al PRI y mostró su lado represor y de persecución en contra de los movimientos sociales, política que consecuentemente Gabriel Mancera ha seguido. En el fondo Mancera es el brazo derecho del PRI.
El 10 de junio del 2013, en el marco del aniversario del Halconzo, el gobierno del D.F, encabezado por Mancera, reprimió la movilización con un saldo de 22 detenidos arbitrariamente, que hasta el día de hoy siguen sin obtener una recomendación por la comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Con la aprobación de la Reforma Educativa, en alianza con los partidos políticos aliados en el Pacto por México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se movilizó a nivel nacional e instalaron un plantón en el Zócalo del D.F. El 1 de septiembre del 2013. La movilización que partía de los Pinos a San Lázaro fue reprimida y se detuvo arbitrariamente a 22 personas, entre ellos estudiantes y periodistas que documentaban la movilización. El 13 de septiembre el magisterio fue desalojado de la plancha del Zócalo, por la policía federal, dejando un saldo de heridos y una de las actuaciones más represivas por parte del gobierno.
El 2 de octubre del 2013 la movilización que partía de Tlatelolco al Zócalo, en conmemoración de la Masacre de 1968, fue reprimida a la altura del Caballito de Reforma donde se llevaron detenciones a diestra y siniestra, varios compañeros estuvieron recluidos por casi un año.
El 26 de Septiembre del 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, esto desató movilizaciones masivas a nivel nacional, el 20 de noviembre la policía capitalina detuvo a los manifestantes que fueron trasladados a prisiones federales imputándoles delitos como terrorismo, motín, intento de homicidio y asociación delictuosa. A la par el gobierno trató de desaparecer a Bryan Reyes Rodríguez y Jaqueline Santana -activistas sociales- al no poder concretarla se les imputó el delito de intento de robo con arma blanca.
El pasado 31 de julio, en la colonia Narvarte, fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa, así como el feminicidio de Nadia Vera, activista social, el de Yesenia y Alejandra, tanto Rubén como Nadia, habían sido reprimidos en Veracruz y perseguidos por su labor. El Gobierno del Distrito Federal quiso hacer creer que este crimen estaba vinculado con el crimen organizado, cuando es claro a todas luces que fue por la labor de Rubén como periodista y de Nadia por ser activista social: el que dio la orden fue Javier Duarte.
Protestar es un derecho, reprimir es un delito
El gobierno de Mancera, parte del PRD, a través del discurso y de la represión ha dejado claro que la calle es suya, que en su ciudad no se tolerarán las manifestaciones, ni el derecho legitimo de la libertad de expresión. Cada movilización es encapsulada por la policía, se utiliza el protocolo de control de las multitudes que permite el uso de armas de fuego para contener a los manifestantes, así mismo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es controlada por los partidos políticos y no defiende a nadie.
Las organizaciones de derechos humanos y varios sectores de la población exigen al gobierno que deje de criminalizar y reprimir la protesta, pero estas dos políticas van de la mano con el agotamiento de los supuestos gobiernos democráticos, que sacan a relucir su lado asesino y bárbaro para imponer las reformas estructurales y las políticas de miseria y hambre.
Es necesario generar un gran movimiento en las calles que logre echar atrás las reformas estructurales y esta política de terror que amenaza nuestras vidas. Un movimiento que pueda coordinar todas las luchas a nivel nacional como la de los maestros, el movimiento por Ayotzinapa, Xochicuatla, las luchas obreras como la de Honda y la de la Caja de Ahorros de los Telefonistas, Sandak, etc. y termine de una vez por todas con las políticas del gobierno.
