Represión. Manifestantes paralizan el aeropuerto de Hong Kong por segundo día

La tensión en Hong Kong continuó al rojo vivo este martes después de que los manifestantes volviesen a ocupar el aeropuerto de la capital, provocando la paralisis de las actividades del sector. La Policía reaccionó con una violenta represión y la justicia ordenó el desalojo tras que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, declarara que las protestas están llevando la ciudad a un "camino sin retorno".

Miles de personas regresaron este martes a protestar al aeropuerto internacional hongkonés, uno de los más concurridos de Asia, tras la caótica jornada del lunes, que había dejado más de 300 vuelos cancelados.

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La protesta tiene lugar luego de la brutal represión de este domingo a una nueva y masiva protesta contra el gobierno de Carrie Lam, que dejó un saldo de 45 personas heridas (una de ellas perdió un ojo por una bala de goma), generando una enorme indignación popular.

La represión del domingo tuvo como respuesta un cambio en las tácticas que utilizan los manifestantes, que definieron pasar de las marchas callejeras al bloqueo total del Aeropuerto Internacional de Hong Kong

La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong pidió a los pasajeros que abandonasen la terminal e indicó que "otros vuelos de salida y llegada seguirán operando", aunque sin especificar cuáles son las condiciones para ello.

Los activistas, muchos vestidos de negro, corearon consignas, cantaron canciones e intentaron entablar conversaciones con los viajeros.

Así, desplegaron pancartas con mensajes como "Lo siento por las molestias, no tenemos otra opción" y "Se han cargado el ojo derecho de una enfermera", en referencia a la herida por la represión del domingo.

Pero la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, no da el brazo a torcer a pesar de las crecientes protestas y este martes volvió a defender al cuerpo policial y a criticar a los manifestantes, diciendo que las protestas han llevado a la ciudad a "un camino sin retorno" que podría "hundir a la sociedad en una situación muy preocupante y peligrosa".

Tras recibir el respaldo de Lam, la Policía desató una brutal represión sobre los manifestantes al interior del aeropuerto, mientras que la justicia emitió una orden para garantizar el desalojo.

A los ojos de los manifestantes y de los simpatizantes de las protestas, que se cuentan por millones, la Policía se encuentra cada vez más desacreditada, como así también Lam y el poder judicial, que ven como meros apéndices de Beijing.

Hong Kong registró su décimo fin de semana consecutivo de protestas, que comenzaron con por la oposición a una propuesta de ley de extradición, que hubiera permitido que los ciudadanos hongkoneses fueran juzgados en China continental. Las manifestaciones hicieron caer la ley, pero avanzaron con una dinámica propia pidiendo la renuncia de Lam y una serie de demandas de mejora de los mecanismos democráticos de la ciudad.

Adicionalmente, la violencia policial es cada vez mayor, generando una espiral que ha ido en aumento con la sucesión de las marchas de protesta. A esto se ha sumado la amenaza de China de intervenir militarmente en caso de que la situación de salga de control. Una intervención que le podría costar muy caro a China y que por ese motivo por ahora no pasa de una amenaza.

Ya el nivel de violencia utilizado por la Policía en los enfrentamientos con manifestantes generó el rechazo de Amnistía Internacional (AI), que pidió "contención" para evitar una mayor escalada de la violencia en respuesta al lanzamiento de gas lacrimógeno y bolas de goma.

"La policía de Hong Kong utilizó gas lacrimógeno y balas de goma incumpliendo los estándares internacionales porque disparar contra manifestantes que se están retirando (...) va en contra del supuesto objetivo de dispersar a la multitud", aseguró el director de AI en Hong Kong, Man-Kei Tam, en un comunicado.

Bajo la fórmula "Un país, dos sistemas", Beijing se comprometió a mantener la autonomía de Hong Kong y respetar una serie de libertades que no existen en la China continental hasta 2047, tras recuperar la soberanía del territorio de manos británicas en 1997.

Las movilizaciones actuales, que comenzaron por la oposición a la ley de extradición y elevaron sus demandas a problemas democráticos, se han convertido en una dura prueba para el Gobierno de Xi Jinping, en el marco de las tensiones internacionales y la guerra comercial que mantiene con Estados Unidos.