Asambleas, concentraciones, protestas, piquetes y otras acciones de respuesta estudiantil serán puestas bajo el punto de mira con la nueva ley, ahora con barra libre sancionadora para los rectores.
Viernes 10 de septiembre de 2021
El Consejo de ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria. Presentado por el Ministerio de Universidades de Manuel Castells (Unidas Podemos), viene a sustituir al todavía vigente Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica firmado por Franco en 1954.
La derogación de la ley franquista, que increíblemente es la que seguía rigiendo en las universidades, supone eliminar aspectos como la consideración de falta grave de los “escolares” las “manifestaciones contra la Religión y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado”, sujetas hasta ahora a inhabilitación o suspensión de forma temporal o perpetua. También se modifican las faltas leves, consideradas hasta la fecha como “cualesquiera otros hechos” que, sin ser clasificados o determinados, “puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”, dejando vía libre para la discrecionalidad.
Sin embargo, la reforma impulsada por Castells, aunque elimina estos elementos insostenibles, más bien crea un marco moderno para continuar legitimando los ataques contra los y las estudiantes, especialmente contra quienes formamos parte del movimiento estudiantil. La creación de la “Comisión de Convivencia” y “los medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia” son el caballo de Troya “progresista” para la verdadera clave: la potestad disciplinaria plena del Rectorado.
El anteproyecto de ley otorga potestad disciplinaria a las universidades para sancionar “infracciones del estudiantado que alteren gravemente la convivencia o que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones”. En tales casos, la sanción correrá directamente a cargo del rector o rectora de turno, dándole así potestad castigar actos de protestas como las concentraciones en el campus, los piquetes o las manifestaciones en los centros de estudio.
Entre las faltas muy graves se encuentran algunas como el acoso sexual, el plagio, las novatadas o la discriminación. Eso sí, solo por parte del estudiantado. Ya sabemos que cuando el acoso implica a algún miembro de la casta universitaria las autoridades cierran filas y protegen a los suyos. Ya sabemos que cuando la discriminación viene de la mano de unas tasas impagables (aún más para los estudiantes extracomunitarios), una incompatibilidad del trabajo con los estudios o una brecha digital aumentada durante la docencia online o semipresencial, no les preocupa tanto.
No obstante, también incluye el incumplimiento de las normas de salud pública establecidas para los centros universitarios y la destrucción o deterioro irreparable del patrimonio de la universidad. Durante la pandemia ya hemos visto que la universidad ha tratado limitar por todos los medios la organización estudiantil poniendo como excusa la covid, así que no resulta raro pensar que este marco pudiera ser utilizado para prohibir asambleas o concentraciones. En dichos casos, las sanciones contempladas serían la “expulsión de dos meses hasta tres años de la universidad en la que se hubiera cometido la falta” y la “pérdida de derechos de matrícula parcial, durante un curso académico”.
Deteriorar gravemente las obras patrimonio de la universidad y cometer fraude académico para superar una asignatura o en pruebas que busquen acreditar rendimiento académico se consideran faltas graves. Asimismo, impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento se sitúa en la misma categoría. Las sanciones contempladas para estos casos son la pérdida durante un curso académico del derecho a matricularse en la asignatura en la que se ha cometido el fraude y la expulsión de la universidad en un periodo de hasta un mes, exceptuando la época de evaluaciones y matriculaciones.
Finalmente, se califican como faltas leves el acceso a instalaciones universitarias sin permiso, copiar en los exámenes y deteriorar de forma no grave el patrimonio de la universidad. Tales conductas serán sancionadas por una amonestación privada.
En definitiva, el carácter moderno de la nueva ley está en revestir de “progresistas” y democráticos los fundamentos para seguir atacando la protesta estudiantil. Desde protestas contra actos institucionales hasta ocupaciones pasando por piquetes y asambleas pueden encontrar una justificación para ser reprimidos en la nueva ley.
Además, se castiga el uso libre de los espacios por parte del alumnado, algo especialmente importante si tenemos en cuenta las enormes limitaciones que han ido imponiendo para solicitar aulas para hacer charlas o talleres autoorganizados o espacios para realizar asambleas (recordemos que en algunos campus han llegado a prohibir utilizar el césped con excusas sanitarias mientras se permitía el uso de las cafeterías cerradas). Es decir, esta nueva ley empuja hacia una universidad aún menos abierta para los propios estudiantes, un espacio hostil donde solo podemos limitarnos a ir a clase y obedecer las imposiciones, decisiones y recortes que vengan desde arriba sin derecho a organizarnos.
El reforzamiento de la figura rectoral se produce a la par que Castells prepara la gran reforma universitaria conocida como LOSU, la cual contempla que el rector sea elegido por un comité externo. Si la democracia interna ya era escasa dentro de la universidad, ahora se reduce aun más. Este comité estaría formado en 50% por el personal docente e investigador de la universidad, un 30% por personas externas a la universidad de reconocido prestigio, un 10% de estudiantes y un 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios. No hace tanto que vimos cómo se abrían todavía más las puertas de la universidad a las empresas a través del llamado Consejo Social, fundamentado en la falacia de armonizar los intereses de sociedad y universidad. Así pues, no resulta raro pensar ahora que esas personas de “reconocido prestigio” tendrán algo que ver con Iberdrola, BBVA, Santander y otras grandes compañías.
El ministro de Unidas Podemos Manuel Castells avanza así en distintos frentes en su proyecto de reforzar la universidad neoliberal al servicio de las grandes empresas, limitando la capacidad de respuesta del movimiento estudiantil.
Ante esta situación, debemos luchar por asambleas en cada facultad para organizar la defensa contra estos ataques y los que están por venir, donde todas las organizaciones estudiantiles hagamos un frente para impedir esta reforma antidemocrática y la LOSU que está en curso, donde todo el estudiantado podamos organizarnos y discutir nuestras demandas y el plan de acción para conquistarlas.
Queremos arrancar la universidad de las manos de las empresas y la casta universitaria para ponerla al servicio de la clase trabajadora y los sectores populares, siendo gestionada por el alumnado juntamente con el personal docente y no docente con mayoría estudiantil. Y para eso tenemos que poner en pie un movimiento estudiantil, construido desde cada clase, que pelee por una universidad totalmente democrática que responda a las necesidades de las mayorías sociales, pero que también responda a cuestiones fundamentales que nos afectan como la lucha contra las agresiones LGTBI+ que aumentan alarmantemente, una crisis climática causada por un capitalismo dispuesto a arrasarlo todo o una precariedad especialmente grave entre la juventud.
Es el momento de que desde el movimiento estudiantil unamos fuerzas con la clase trabajadora y los sectores en lucha, aquellos que ven cómo los fondos europeos van destinados al IBEX 35 mientras el resto deberemos pagar el coste de la crisis con las nuevas reformas laborales y de pensiones que prepara el gobierno. Salgamos a luchar juntos luchar para que el capitalismo, sus gobiernos y sus leyes no nos roben el futuro.
