En una maratónica sesión se discutió un extenso y variopinto temario, cuyos puntos más salientes fueron la nueva ley de fertilización asistida y el resarcimiento económico a los ex ypefianos.
Jueves 13 de noviembre de 2014
Imagen: DyN
Como todos los años, llega noviembre y llegan las sesiones maratónicas donde el oficialismo y la oposición mayoritaria consensuan extensísimos temarios de tratamiento de leyes que les quedaron guardadas en los cajones.
Claro que esto no significa que el Congreso no haya funcionado, sino que lo hizo durante todo el año con una modalidad a la medida del Gobierno nacional: sesiones especiales, sólo para el tratamiento de las leyes que envía el Poder Ejecutivo y, en muchos casos, prácticamente sin discusión. El caso del nuevo Código Civil y Comercial y de la ley de Hidrocarburos son ejemplos claros de este accionar de tratamiento express. Hay sí un elemento común: tanto en la agenda del año, como en los temarios que consensuaron para la sesión realizada ayer y en los temas que se vienen en las sesiones extraordinarias de diciembre, las urgencias, los problemas y las demandas del pueblo trabajador prácticamente no existieron.
El caso de la sesión realizada este miércoles es más que elocuente. De la noche a la mañana el Frente para la Victoria y los bloques mayoritarios de la oposición acordaron un temario de más de 50 proyectos, que luego les fue informado con escasas horas de anticipación al resto de los bloques y diputados que no son parte de sus componendas.
Otra muestra del accionar completamente antidemocrático que gobierna las decisiones en la “casa de las leyes”. Está claro que luego de un año de cruces verbales, vuelve a primar la concordia entre los representantes de los partidos patronales que se acuerdan a fin de año que tienen que demostrar para qué los argentinos les pagan miles y miles de pesos para ocupar una banca en el Congreso. Una casta política que, más allá de los enfrentamientos circunstanciales en el recinto, siempre se pone de acuerdo a la hora de cubrirse las espaldas y mantener sus beneficios.
El temario de la sesión incluyó temas de los más disímiles, desde cuestiones importantes como una nueva ley que regula la aplicación de las técnica de reproducción humana asistida y el resarcimiento a los trabajadores ypefianos, pasando por la expropiación del inmueble que correspondía a la Confitería del Molino, un régimen para la prevención del suicidio, la institución del Día de los Valores Villeros, la conversión de juzgados penales tributarios, la prohibición de avisos de oferta sexual, el reconocimiento a la fiesta del pomelo, declarar al Comandante Andresito Artigas como héroe nacional, entre otros.
Un verdadero cambalache que continuará el próximo miércoles, según informaron las autoridades de la Cámara. Quedarán para la prórroga de las sesiones ordinarias en diciembre el tratamiento del nuevo Código Procesal Penal (que obtuvo dictamen ayer en el Senado y será tratado la semana próxima) y de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que también llegará a Diputados una vez lograda la media sanción en la Cámara Alta.
La posición de la izquierda en la ley de reproducción asistida
Los diputados del Frente de Izquierda apoyaron el proyecto de regulación de las técnicas de reproducción humana asistida. No obstante, Nicolás del Caño (PTS-FIT) señaló sus diferencias al detallar que “esta ley que se está tratando resulta de lo dispuesto por ésta Cámara hace poco más de un mes. Como señala su artículo 1°, se propone su sanción ‘en concordancia y de forma complementaria con lo dispuesto en el Código Civil y Comercial Unificado y en la ley 26.862 y su reglamentación vigente’.
En este sentido, no podemos menos que reafirmar nuestro rechazo a esa norma oscurantista que impuso el Vaticano y la jerarquía de la iglesia católica en el nuevo Código Civil, en lo que desde el PTS en el Frente de izquierda denunciamos como un nuevo límite al derecho de las mujeres a no morir por la clandestinidad del aborto, con la reaccionaria modificación del artículo 19, hecha a medida de las exigencias del Vaticano”.
Además agregó que “otro aspecto que cuestionamos de esta ley es que no hay referencia alguna a los mecanismos y las disposiciones que deberán implementarse para garantizar efectivamente en todo el territorio nacional la inclusión de estas técnicas de fertilización humana asistida y de protección del embrión no implantado en el sistema público de salud. Esto no hace más que beneficiar al negocio privado y redunda en una clara discriminación, porque quienes no cuenten con el dinero suficiente para afrontar un tratamiento tan costoso en áreas como el de la crioconservación o criopreservación no podrán acceder a lo que ahora pasará a ser el ‘beneficio’ de ‘tener un hijo’”.
Finalmente Del Caño planteó que como sostienen varias organizaciones que defienden los derechos de las personas LGTB “esta ley tiene un sesgo fuertemente heteronormativo y tutelar. El proyecto que estamos tratando, por ejemplo, deja al arbitrio de los profesionales la necesidad de que los y las solicitantes deban someterse a un abordaje interdisciplinario mediante la asistencia y contención psicológica. Este es un concepto que nos preocupa, ya que como se denuncia desde la comunidad LGTB puede significar además una desconfianza a priori sobre la capacidad de las personas para enfrentar, comprender y atravesar el proceso de fertilización asistida, ya que puede llevar a imponer al ya arduo proceso que esta técnica implica, un proceso de habilitación arbitrario y discriminatorio”.
Por su parte, Pablo López (PO-FIT) también expresó su acompañamiento al proyecto aunque señalando sus disidencias: “la principal está referida al artículo 1º, el cual plantea que esta ley, está en concordancia y es complementaria de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial Unificado y en la ley 26.862 y su reglamentación vigente. Rechazamos esta formulación porque lo dispuesto en el Código Civil, y fundamentalmente en su artículo 19, va en el sentido contrario a garantizar el acceso a las técnicas de fertilización asistida. Por el contrario constituyó un golpe a los derechos recientemente adquiridos por la ley 26.862. Esta formulación fortalece los intereses y argumentos de sectores conservadores, como la Iglesia, que se han posicionado en contra de estas técnicas, y les dará una herramienta más para bloquear el acceso a este derecho a través de la judicialización de los procedimientos”.
“Otra disidencia que planteamos es referida a una grave omisión. En el presente proyecto de ley no existe ningún artículo referido a los mecanismos y disposiciones que se llevarán adelante para garantizar la inclusión de las técnicas de fertilización asistida y la protección del embrión no implantado en el sistema público de salud. Esta omisión favorece el negocio privado de estas técnicas y por lo tanto una discriminación entre personas con o sin recursos para acceder al beneficio. Creemos necesario se incorpore un artículo particular que garantice el acceso gratuito por parte de las familias a las técnicas de fertilización asistida porque se trata de un derecho humano básico. En este sentido, debería haber una precisión en torno a la obligación del Estado de garantizar la infraestructura, tecnología y personal necesarios para dar cobertura a estas técnicas de fertilización”, concluyó Pablo López.
