En febrero del 2018 el Consejo Nacional de Educación Superior aprobó el cierre de la Universidad Iberoamericana, que según el CNED, la institución de educación privada no era capaz de cumplir con sus obligaciones académicas y financieras.
Sebastián Avilés Profesor. Militante de Partido de Trabajadores Revolucionarios PTR y de la Agrupación de Trabajadores de la Educación "Nuestra Clase"
Jueves 21 de junio de 2018
Ayer miércoles 20 de junio, a dos semanas de iniciada la toma de su casa central, alrededor de 100 estudiantes de la Iberoamericana marcharon hacia el Ministerio de Educación para hacer entrega de un petitorio que exige al Estado hacerse responsable de los 1.100 estudiantes que hoy están a dos semanas de perder el año académico, además de un centenar de académicos y funcionarios que durante el último periodo no han recibido sus sueldos, manteniendo deudas previsionales y de salud.
En el transcurso de la manifestación se hizo pública la decisión de dos estudiantes que iniciaron una huelga de hambre a modo de presión y para poder visibilizar la movilización que los grandes medios de comunicación acallan. Esta medida radical es expresión de la desesperación de cientos de estudiantes que hoy ven como pierden sus beneficios estudiantiles, el dinero que han destinado a sus estudios y los años perdidos producto de la irresponsabilidad de los empresarios de la educación.
La crisis de la Universidad Iberoamericana tiene la misma raíz que la vivida en la Universidad Arcis, una considerable extracción de activos por parte de sus controladores significó un desfalco que tornó a la institución insolvente no cumpliendo con sus obligaciones contractuales. Si bien el cierre se gesta en el gobierno de la Nueva Mayoría, teniendo conocimiento previamente todos antecedentes la ministra Del Piano no incorpora en la glosa presupuestaria del periodo 2018 el financiamiento para que estudiantes y trabajadores pudiesen seguir en condiciones normales sus actividades. Hoy, con el gobierno derechista, el escenario es mucho más adverso, pues el jefe de la División de Educación Superior Juan Eduardo Vargas plantea frente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que se inician las gestiones para que la universidad privada Santo Tomás se haga cargo de la continuidad académica, cuestión que los propios estudiantes rechazan argumentando que dicha institución cuenta con la mínima acreditación por parte de la CNA y también, que la ley de Cierre de Educación Superior plantea la prioridad en la reubicación dentro de universidades estatales.
La administración de cierre
En diciembre del año 2014, durante el primer año de Bachelet, se promulgó la ley que crea la figura de un administrador provisional y un administrador de cierre de instituciones de Educación Superior. Dicha ley que venía a subsanar las crisis de la educación privada ha dignificado, por el contrario, administraciones directamente de cierre de estas instituciones, acelerando las ventas de inmuebles y mobiliarios, pactando acuerdos con instituciones privadas para la reubicación de estudiantes y dejando sin sueldos y en la inestabilidad laboral a sus trabajadores. En pocas palabras, estos administradores actúan como agentes de ventas barajando las mejores ofertas, tal cual lo dijo Vargas frente a la Comisión de Educación.
La ley 20.800 plantea que la Superintendencia vía oficio tiene la facultad de iniciar investigaciones frente al incumplimientos de los planteles en sus deberes financieros, administrativos o laborales; el incumplimiento de sus deberes académicos suscrito con los estudiantes o por la infracción grave de sus estatutos o escritura social, estos motivos de ser comprobados debe iniciarse el proceso de administración provisional, de ser irreversible la situación se procede a informar al CNED y este consejo sanciona el cierre de la institución. Claro está que todo funciona en el marco de las lógicas mercantiles de administración financiera, pero sin trabajar en aspectos académicos que, dentro de su lógica, hagan sustentable nuevamente la institución.
¿Qué hacer ante la crisis de las universidades privadas?
Como es de común conocimiento la crisis de la Educación de Mercado ha llevado a variadas instituciones a la quiebra y a miles de estudiantes impotentes a la calle sin ninguna solución, perdiendo años de estudio y millones en créditos con la banca privada. El gobierno de la Nueva Mayoría y el primer gobierno de Sebastián Piñera dieron como salida la ley anteriormente mencionada que solo ha profundizado la lógica mercantil, sin avanzar a que el Estado se haga responsable de estas instituciones, salvaguardando el derecho a educación y a trabajo estable, por el contrario lo único que se busca es cumplir sus contratos ante los diversos acreedores. Por otro lado, el Frente Amplio a pesar de su amplia tribuna parlamentaria, no hace nada por denunciar a los empresarios de la educación y a los gobiernos neoliberales, por el contrario, confunden a los estudiantes con ilusiones que desde el 2011 han demostrado no cumplir con las demandas del movimiento estudiantil.
Hoy el escenario nacional demuestra que los recursos existen, solo que estos se los llevan las grandes transnacionales y los empresarios corruptos como Ponce Lerou, que mediante SQM ha explotado el litio para beneficio propio sin pagar derechos de agua y de arriendo al Estado, o inclusive, se demuestra en el último caso de “corrupción mayor” en Carabineros de Chile que hasta hoy no existe conocimiento del paradero de 23 mil millones de pesos dentro del departamento de bienestar según informa Contraloría General.
En este contexto se hace importante crear un programa del movimiento estudiantil que supere las trabas del gobierno de Piñera, apostando por la estatización de las universidades en crisis para resguardar las condiciones de estudio y laborales de las comunidades educativas, estas instituciones para prever futuras crisis por la administración de rectores designados o afines al mercado es preciso democratizarlas bajo un cogobierno triestamental que otorgue poder de decisión a la totalidad de los integrantes de la comunidad y no a las autoridades unipersonales, ya que en la actualidad son estas quienes mantienen las lógicas mercantiles y machistas al interior de las casas de estudios. Todo esto, mediante financiamiento integral que sea capaz de garantizar la investigación académica, la libertad en el acceso y educación gratuita universal, además de cumplir con el paso a planta de funcionarios y académicos que hoy son el rostro más precarizados del mercado. Por esto es importante ir más allá de las posibilidades del lobby parlamentario, debe ser el movimiento estudiantil en conjunto a los trabajadores quienes levanten la exigencia al Estado de la estatización bajo control obrero del litio, principal recurso minero del futuro, para financiar la educación que todos queremos, sin mediaciones de los gobiernos, sino con la independencia en las decisiones y gestión.
