Denuncia anónima de trabajador que fue obligado a asistir a la marcha del 26 de febrero.
Domingo 26 de febrero de 2023
En diferentes ciudades del país se preveían mítines que apoyen la marcha central de 26 de febrero promovida por la derecha contra el plan B de la reforma electoral de la 4T, como continuación de la movilización realizada el domingo 13 de noviembre del 2022 y su consigna principal “El INE no se toca”. En donde los viejos partidos neoliberales, disfrazados de movimientos sociales y ciudadanos intentaron recomponerse denunciando que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene un carácter autoritario.
El gobierno del Morena respondió así con una marcha oficialista que fue mucho más grande llevada a cabo el 27 de noviembre, con la que logró mostrar mucha más fuerza que sus opositores dentro del régimen, situación que aprovechó para seguir llevando adelante su reforma electoral. Fue a partir de esa situación que la derecha empresarial y política, volverá a convocar a su base social a las calles, representada sobre todo por sectores de clase media y alta. Sin embargo, no todos los que acuden lo hacen por pertenecen a esos sectores y ni siquiera lo hacen por voluntad propia, pues entre ellos habrá (así como hubo en la marcha pasada) trabajadores más precaries fueron serán forzades a asistir por los alcaldes opositores a la 4T en la CDMX.
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Las alcaldías gobernadas por la oposición de derecha en la CDMX: son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. La coalición “Va por México”, se integra por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Así, muchos de estos trabajadores obligados a ir pertenecen a sectores laboralmente vulnerables como son los trabajadores estatales contratados en diversas modalidades como son por honorarios, servicios profesionales, temporales, los tercerizados (outsorcing) y programas sociales, estos últimos son considerados beneficiarios sin ningún tipo de derechos y prestaciones de ley, por lo que si se niegan a asistir podrían ser despedidos de inmediato. Ya que su propia condición les hace estar sujetos a los dictados de los jefes inmediatos, lo cual ocurre mientras que los de arriba luchan por el control de los órganos electorales, mientras tienen el acuerdo de no permitir que los trabajadores nos podamos organizar para defender nuestros derechos, mantienen una tregua para negar plenos derechos laborales.
Los programas sociales del Morena
La derecha no es la única que obliga al conjunto de sus trabajadorxs precarizados a asistir a sus marchas, esa condición es compartida por los que laboran en las estructuras del Morena, pues en ya mencionada marcha del 27 de noviembre, trabajadores como los de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), Ponte Pila, Cultura Comunitaria, entre otros, denunciaron que sus jefes inmediatos les dijeron que era obligatorio que las y los trabajadores se presenten.
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Lxs trabajadorxs a quienes nos obligan a asistir a las movilizaciones y actos políticos en favor de los partidos del régimen, no somos acarreados, no vamos por voluntad, si nos negamos, somos hostigados y señalados bajo la amenaza de no continuar ni ser seleccionades en las próximas convocatorias de los programas sociales, por no ser afines a los partidos políticos. Tanto los gobiernos de la oposición neoliberal, como de la 4T, con su actuar muestran que usan las mismas prácticas corporativas y clientelares que primaron en los sexenios del PRI, las cuales han sido repudiadas por amplios sectores de trabajadores y la población en general.
Ambos violentan nuestros derechos e ilegalmente nos exigen ir a sus marchas, cuando está fuera de nuestras actividades laborales. Pero, como es costumbre, sus leyes no resguardan a las y los trabajadores y ante estos hechos quedamos desamparados sin muchas opciones, porque las instituciones responden a estos mismos partidos del régimen. Así que algunxs trabajadores rechazaron ser utilizados, con el riesgo de una mayor carga laboral o ser identificados como los que no está alineado al partido que gobierna de ser despedidos y otros marcharán por temor de perder la continuidad laboral, se ven obligades a simpatizar con el partido en turno -para evitar reprimendas de sus superiores- .
En los programas sociales significa que deben ser cercanas a alguien del partido o tener su visto bueno, para poder ingresar a las convocatorias, sin oportunidad para personas independientes. Además, hay casos en los que puestos de coordinación se destinan a personas afiliadas o serviles a los partidos del régimen. Los programas sociales se usan como una vía para mantener dentro de los mismos a una base clientelar de los partidos del régimen, ofreciendo a la población los servicios que se prestan como si fueran de parte del gobierno en turno y de un partido, haciendo parecer que las personas que atienden son parte de ese mismo entramado.
Esto sucede porque ya inició la carrera presidencial entre la derecha y la 4T, con estas movilizaciones la oposición neoliberal intenta apretar a su adversario electoral y para las y los trabajadores estatales a quienes les está dando un uso proselitista, ya que fueron obligados a asistir “en defensa del INE” o a la movilización del 27 de noviembre, como si fueran parte de sus actividades.
Por ello, organicémonos como trabajadores de forma independiente de la derecha y la 4T, para que no seamos instrumentalizados como un ejército de precarizados en favor de los intereses de los partidos políticos del régimen, con una alternativa propia. Por ello, invitamos a trabajadorxs a formar parte de la Asamblea de Trabajadorxs en Lucha, que estamos impulsando para exigir plenos derechos. Si te obligaron a asistir a la marcha con fines proselitistas, te invito a que denuncies a través de La Izquierda Diario.
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