América latina. Marcha oficialista en Bolivia: entre la unidad y la fragmentación

Las últimas semanas el Gobierno del MAS en Bolivia ha venido enfrentando un importante conflicto cocalero que lejos de resolverse continúa agudizándose. Otro de los conflictos con los que viene lidiando el MAS tiene que ver con la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Aunque la naturaleza de ambos conflictos es distinta, son de momento por dónde más se expresa la polarización política que desde el golpe de Estado del 2019 llegó para quedarse.

Es frente a este escenario que el MAS-IPSP convocó a una segunda marcha en lo que va del Gobierno de Luis Arce Catacora para mostrar “unidad” frente a los intentos de reagrupamiento y de articulación callejera por parte de algunos sectores de la oposición derechista, principalmente desde los reaccionarios comités cívicos, como el de Santa Cruz, que aglutinan en su seno intereses y representaciones empresariales, “ciudadanas”, clericales.

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Así, la marcha por la “defensa de la democracia y la reconstrucción económica”, según medios oficialistas y afines al MAS, como Kawsachun coca, dieron a conocer que se movilizaron alrededor de 100 organizaciones sociales y sindicales. Participaron delegaciones de los movimientos sociales, el Pacto de Unidad, la COB, fabriles, así como trabajadores estatales, entre otros. En su discurso, Arce Catacora, enfatizó la masividad de la marcha, señalando que habrían sido “1 millón de personas”, “la más grande de la historia”. Por su lado, la prensa opositora, intentó minimizar la masividad de esta movilización señalando casi que habrían solo participado de la misma funcionarios estatales obligados, enfatizaron que las oficinas públicas quedaron vacías y que las delegaciones del interior que viajaron en buses lo hicieron para recibir fichas. Desde el oficialismo desmintieron esta afirmación señalando que los empleados públicos que asistieron lo hicieron a cuenta de vacaciones.

La marcha que comenzó con algunos enfrentamientos entre diversos sectores del MAS para ver quién encabezaba la movilización, logró luego, en su desarrollo, mostrar una movilización unitaria, pese a que a nadie le pasó desapercibido que el mayor ganador del evento fue el presidente Luis Arce quien cerró el acto relegando a Evo Morales a un papel menos vistozo. No faltaron las imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales donde se veía un sonriente Arce en contraste con las rígidas expresiones de Evo.

Lo cierto es que fue una importante demostración de fuerzas previo a un escenario conflictivo que no parece menguar sino más bien avizora más tensiones y disputas con los intereses agroindustriales y de los cívicos de Santa Cruz. Estos, a la cabeza del gobernador de dicho departamento, el clerical empresario Luis Fernando Camacho, ya anunciaron la posibilidad de convocar a un paro regional de 72 horas y la posibilidad de un paro indefinido, ante el incumplimiento por parte del Gobierno en la entrega de la documentación sobre el próximo censo.

Recordemos que el Gobierno viene realizando distintas reuniones “técnicas” a nivel nacional para explicar los motivos de retrasar la fecha de realización del Censo. Todos hablan de despolitizar el Censo cuando es evidente que, si se trata de intereses económicos y de representaciones parlamentarias, el problema es absolutamente político. El punto es que, tras una reunión del 15 de agosto en Santa Cruz, en la que se firmó un acuerdo sobre el Censo, el denominado "comité impulsor por el censo 2023” exige que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue información y documentación a la que se había comprometido.

Ante los anuncios de movilización y radicalización del conflicto por parte de cívicos y derechistas, el MAS, con la movilización de días pasados, se prepara para eso. Fue un mensaje de fortaleza y de “unidad” anticipándose a un salto en la crisis política. De ahí que, aunque son cada vez más visibles las disputas entre sus distintas fracciones (evistas, arcistas, choquehuanquistas), la necesidad de garantizar su continuidad como “proyecto” político para las elecciones del 2025, y su actual gobernabilidad, los empuja a mostrar, y procurar sostener, un rostro de “unidad”.