Este próximo sábado 28 de abril, se realizará la 6ta marcha plurinacional por la "Defensa de los territorios y recuperación del derecho al agua", la cual es apoyada por el movimiento NO+AFP, la CONFECH y diversas organizaciones.
Suely Arancibia Auxiliar Hospital Barros Luco.
Lunes 23 de abril de 2018
La finalidad de esta movilización, según sus convocantes, sería “fortalecer los procesos de defensa, denunciar la ceguera de los gobiernos y dar una señal de la voluntad decidida de poner la vida al centro de las decisiones del país”. En este sentido, Francisca Fernández, vocera de la organización social por la defensa del agua y los territorios, afirmó que se pretende “transitar del extractivismo salvaje, que contamina, quema, divide y arrasa todo a su paso, a apuestas descentralizadas, concertadas con los ecosistemas”
Esta instancia se desarrolla en el contexto del actual proyecto de reforma al Código de Aguas de 1981, en el cual se señala que el derecho al uso del recurso hídrico es una propiedad absoluta para quien lo solicite, provocando que de esta manera existan decenas de empresas que se beneficien de este recurso.
El actual proyecto de reforma al Código de las Aguas del ex Gobierno de la Nueva Mayoría, que hoy se mantiene en trámite en el Senado, plantea el cobro de una multa en caso de que quien tenga el derecho, no realice obras con las cuales se haya comprometido. Ell ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, salió a señalar que “hay lesiones a la seguridad jurídica de los derechos del agua y al funcionamiento de este mercado”.
A lo que apuntan principalmente en el Gobierno de Sebastián Piñera, es a otorgar certeza jurídica en la propiedad de los derechos, para que de esta manera no se pueda acceder a disponer libremente del agua, discrepando así con que los derechos sean asignados para usos específicos. Bajo esta lógica, mineras o diferentes empresas podrían comprar los derechos a agricultores e instalar lo que se les plazca.
Si vemos la reforma planteada por la Nueva Mayoría y las indicaciones del Gobierno de Sebastián Piñera, encontramos que ninguna de las dos atacan el corazón del controvertido Código de Aguas de 1981, una de las herencias de la dictadura, ya que en ningún momento se plantea atacar el derecho que los privados tienen sobre el agua.
La única forma de recuperar el agua y los demás recursos naturales, es mediante su nacionalización con el objetivo de sacarlos del control del empresariado y avanzar a garantizar la gestión de estos en manos de los mismos trabajadores y las comunidades.
