Distintos gremios y partidos de izquierda participarán de la protesta frente a la Legislatura. Sobran los motivos para convocar a un paro provincial.
Miércoles 14 de junio de 2017
Luego de la histórica huelga de 9 días de los y las choferes de la ciudad de Córdoba, el gobierno provincial prepara un nuevo ataque hacia la clase obrera.
Ayer, el oficialismo envió a la legislatura un proyecto de ley que pretende declarar servicio esencial al transporte público de pasajeros y a los “relacionados con la Protección ambiental”, es decir recolección de residuos. Una “comisión técnica” se encargaría de incorporar cualquier tipo de actividad en esta categoría cuando por “la duración, la extensión geográfica involucrada por la medida, o cuando se trate de una afectación a un servicio público de importancia trascendental o que por sus especiales características pudiera amenazar o poner en riesgo o peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas”. Además, el proyecto incluye una modificación al Código de Convivencia incorporando un artículo que sanciona con hasta 3 días de arresto a quienes “interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o servicios considerados esenciales”.
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Los gremios marchan, pero no llaman al paro
Este proyecto demuestra una vez más el carácter proempresarial del gobernador Schiaretti, quien busca sostener el acuerdo de gobernabilidad que tiene con el radical Mestre y con Macri a nivel nacional. A este proyecto de ley se suma una iniciativa similar que enviará Mestre al Concejo Deliberante para realizar una consulta popular sobre el transporte público junto con las elecciones legislativas de octubre.
Frente a este ataque al derecho de huelga, las centrales sindicales convocaron a movilizarse hoy a las 15 hasta la Legislatura. También participarán trabajadores y trabajadoras del transporte, que continúan la pelea contra los despidos y por el pago de los días caídos luego de haber levantado el paro.
“Una vez más, el Gobierno Provincial pretende mostrarse como garante de la paz social enviando a la Legislatura un proyecto que intenta reglamentar el derecho constitucional de huelga. Repite lo que ya intentó sin éxito en 2014 también entonces como secuela de un conflicto del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba”, manifestó José Pihén, secretario general de CGT Regional Córdoba. “Al igual que en 2014, la CGT Regional repudia este proyecto y se movilizará en contra del mismo, instruyendo a sus legisladores de extracción gremial para que no participen en la sesión en la que se trate el proyecto y dejen constancia por escrito de su posición de rechazo”, agrega el escrito. Hay que aclarar que cuando dice “legisladores de extracción gremial”, Pihen habla de él mismo, ya que ocupa una banca en la Unicameral por la alianza gobernante. Tal vez por ese motivo el gremialista no participó de ninguna de las marchas de los y las choferes en lucha.
Por otro lado, la CGT Rodríguez Peña declaró: “Una vez más, el poder político intenta avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Vienen cocinando a fuego lento la criminalización de las protestas sociales y gremiales, vienen tratando de demonizar a los trabajadores organizados a través de los medios hegemónicos”, criticaron. “Ahora, quieren reglamentar y restringir el derecho a huelga declarando al transporte como servicio esencial”.
Laura Vilches, legisladora por el PTS - FIT sostuvo: “La iniciativa del Ejecutivo Provincial sienta un precedente que permitiría avanzar contra el derecho de huelga que tienen los trabajadores en otros conflictos que se están desarrollando en el resto del país. Para eso buscan revivir la Córdoba de Lacabane. No debemos permitirlo”.
Javier Musso, precandidato a diputado por la misma fuerza, agregó: “Desde el PTS en el Frente de Izquierda nos movilizaremos contra este atropello, pero creemos que los únicos que tienen la fuerza necesaria para derrotarlo son los mismos trabajadores. Sobran los motivos para que las CGTs de Córdoba convoquen a un paro provincial, contra el ataque a choferes y recolectores de residuos, a trabajadores de la salud y a docentes que significa este proyecto de ley. Sólo así podremos lograr también la reincorporación de quienes han sido despedidos y que se paguen los días de huelga”.
