María José Alarcón fue condenada la semana pasada a 15 días de prisión por no pagar una multa por daños materiales en la infra vivienda donde residía. La dirección de la empresa en la que trabajaba sigue en libertad tras estafar 35 millones. La doble vara de medir de la justicia española.
Jueves 12 de abril de 2018
El pasado 7 de abril, María José Alarcón era detenida y puesta a disposición judicial. Su delito: negarse a pagar los daños ocasionados en una puerta de la infra vivienda donde residía. Unos daños que según la justicia estaban valorados en 60 euros.
24 horas después, María José era sentenciada a 15 días de prisión y enviada por orden del juez a la cárcel de Wad Ras (Barcelona).
Cabe destacar que María José es una de las principales querellantes contra la empresa de servicios a las personas mayores BB Serveis, acusada de una estafa en la que se ha lucrado con más de 35 millones de euros a través de las 90 concesiones públicas que se adjudicó y a costa de miles de personas con necesidades básicas.
Roberto Martinez, otro de los querellantes, emitía un comunicado minutos después del arresto de María José llamando a la solidaridad y a participar de todos los actos de protesta que se convocaban para el 9 de abril, un día después de su entrada en prisión.
Este caso pone en evidencia nuevamente la doble vara de medir con la que la (in)justicia española imparte condenas. Y es que mientras lo más granado de las élites políticas, financieras y hasta miembros de la realeza española salen impunes de la mayoría de los casos de corrupción tras larguísimos procesos judiciales, personas como María José, las que deben lidiar día a día con la precariedad laboral, el paro y la pobreza, afrontan condenas "express" en la prisión.
Pero este caso, que podría ser uno más entre tanta injusticia, tiene un trasfondo aún mucho más inhumano y que pone de relieve un auténtico negocio de las externalizaciones de los servicios públicos más básicos. Las empresas privadas buscan obtener millonarios beneficios a costa de sus usuarios y de los propios trabajadores y trabajadoras, como es el caso de María José.
Y es que María José, así como decenas de trabajadores y trabajadoras, fueron víctimas de la empresa por la que estaban contratados, BB Serveis, contribuyendo de forma sustancial a la situación de profunda precariedad y pobreza en la que aún hoy se ven inmersos, peleando por no verse desahuciados al no poder pagar alquiler o hipoteca o subsistiendo en un infra vivienda de 20 metros cuadrados.
BB Serveis creó una vasta red de franquicias a nivel estatal para presentarse a los concursos públicos donde conseguir la adjudicación de los servicios de asistencia a las personas mayores en diferentes Comunidades Autónomas y una vez con la externalización del servicio adjudicado, la empresa se desentendía totalmente de los residentes y empleados.
Desde la Plataforma de Afectados BB Serveis destaparon la estafa de la empresa. Denunciando, además, que desde el primer instante se dejó de pagar las nóminas en todas las concesionarias, así como negligencias higiénicas hacia los usuarios.
Sin embargo, los responsables de BB Serveis siguen aún a día de hoy sin condena alguna por parte de la justicia toda vez probada la estafa con la que se lucraron con más de 35 millones de euros. Otra vez con la doble vara de medir, para cerrar un círculo que siempre gira en torno a los más desprotegidos.
