La Justicia Federal lo imputó y busca determinar si cometió un delito siendo accionista de la empresa y funcionario del Ejecutivo nacional.
Viernes 8 de junio de 2018 10:18
El funcionario macrista Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete del presidente, fue imputado este viernes por el fiscal federal Ramiro González.
La investigación judicial busca determinar si Quintana cometió algún delito siendo el principal accionista de Farmacity y funcionario del Ejecutivo al mismo tiempo.
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Poco después de asumir su cargo en la Jefatura de Gabinete en 2015, Quintana renunció al directorio de la empresa que presidía. Sin embargo, conservó su paquete accionario que representa el 53 % de los votos de Farmacity. Esto implica que el funcionario mantiene poder de decisión sobre los destinos de la firma. Se cree porque podría ejercer influencias desde su cargo en el gobierno para favorecer los negocios de su empresa.
A partir de distintas acusaciones que trascendieron mediáticamente contra Quintana, se radicó una denuncia en la Cámara Federal y se dio curso a la investigación.
Las sospechas
Farmacity no puede radicarse en la provincia de Buenos Aires porque la Legislatura bonaerense sancionó una ley que no permite que ninguna sociedad anónima ni fondo de inversión sea dueño de farmacias. Ante este impedimento la empresa accionó judicialmente, pero la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires falló a en su contra. La demanda llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Procuración General de la Nación dictaminó de manera no vinculante que esa ley es inconstitucional y ahora la Corte debe definir el tema.
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González solicitó que la Inspección General de Justicia informe la composición de las sociedades vinculadas con Farmacity y Quintana. Entre otras cosas, quiere saber si Farmacity fue favorecida para proveer remedios al PAMI. A su vez, también buscará determinar si algunas de las empresas donde Quintana es accionista son proveedoras del Estado nacional.
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Además, en abril la Justicia Federal dictó el procesamiento de un ex funcionario del Ministerio de Salud, Raúl Alejandro Ramos. Es el primer secretario de Estado del gobierno de Macri procesado por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. Se lo acusa de proteger a Farmacity y evitar sanciones contra la firma.