Entre protestas de trabajadores, desfinanciamiento y cortinas de humo; en los últimos meses el gobierno, a través de sus representantes en la junta directiva de la Caja, ha estado manejando la institución bajo una lógica empresarial en función de ganancias económicas, atacando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud, atacando el acceso real a la salud de calidad, y así impulsando una serie de políticas privatizadoras a lo interno de la Caja.
Miércoles 8 de mayo
El mes de abril inició con una huelga de médicos especialistas, que si bien terminó con algunas victorias obtenidas en mejoras al salario y condiciones laborales para los trabajadores de la salud, la burocracia sindical accedió a que esas victorias sean negociadas en comisiones, dejando por fuera la fuerza de los trabajadores movilizados, por lo que estas victorias están en peligro. En este contexto, la Junta Directiva en un intento desesperado, pretende impulsar algunas medidas privatizadoras para contrarrestar la huelga y el peso de los trabajadores.
Por una parte, el 26 de marzo la Junta Directiva habilitó el concurso para la contratación de servicios especializados médico-quirúrgicos en radiología. Para el 1ro de abril, día que empezó la huelga de especialistas, ya estaba publicada la lista de empresas privadas que se contrataría en caso de que la huelga no finalizara con prontitud contando con un presupuesto de hasta ¢12.600 millones mientras que, para antes de la huelga, la Junta Directiva se había declarado en la incapacidad de subir los salarios de los especialistas. Por otra parte, unos días después, el 9 de abril, se dio a conocer que Marta Esquivel planteó crear una sociedad anónima la cual respondería a la CCSS y se encargaría de la venta de medicamentos, equipo y servicios de salud.
En ambos casos, se usó de excusa la problemática ya existente para que los detractores de la huelga pudieran responsabilizar de las listas de espera a los trabajadores y trabajadoras de la salud: por un lado, se destinó un buen presupuesto para subsanar la falta de capacidad que tiene la Caja para proveer de servicios especializados, que desde un principio pudo haber sido utilizado para subirle el sueldo a ese sector de trabajadores; por otro lado, se ofrecen vender servicios médicos cuando una de las motivaciones por la que los trabajadores van a huelga, es por las extenuantes horas laborales que tienen que cubrir precisamente a raíz de la falta de personal. El Gobierno y los empresarios, a través sus representaciones en la Junta Directiva, están impulsando medidas bastante irracionales; se actúa con austeridad cuando se trata de derechos laborales aunque esto se traduzca en fuga de especialistas, pero bien se puede destinar recursos y depender del sector privado; se posee un gran problema de falta de personal producto de la fuga de especialistas, pero se pretende vender servicios médicos y cubrir al mismo tiempo la demanda de servicio especializado de los trabajadores y trabajadoras aseguradas.
Tanta es la insistencia con delegar funciones y traspasar recursos públicos al sector privado, que inclusive Marta Esquivel propone que la institución ofrezca cubrir la totalidad de los gastos médicos a 1100 pacientes en lista de espera, en el centro privado a escoger. Ya hemos dicho con anterioridad que empresarios y organismos financieros internacionales ven a la Caja como un botín al cual quieren desangrar; pero para hacerlo, primero necesitarían colapsar a la institución para armar una narrativa en la que “lo privado es mejor”, y así justificar y legitimar ese desangrado; esto se hace claro con los grandes esfuerzos que el Gobierno, los empresarios y sus representantes han hecho para que la institución colapse, estas políticas incluyen: que el gobierno central mantenga una deuda creciente con la Caja para atacar sus finanzas; la presidenta Marta Esquivel presenta estudios actuariales fuertemente criticados por la OIT, para presentar a la institución en números negativos, y así negarse a la construcción de nuevos centros de salud; y finalmente terminar creando una atmósfera de austeridad para no contratar más personal ni mejorar sus ya deplorables condiciones laborales, que como ya vimos, al final del día sí daban los números solo que se prioriza el botín para los empresarios y demás sectores que están por la privatización de la Caja.
La Caja hay que defenderla pero además de defenderla, primero hay que ponerla al servicio de los intereses de todo el pueblo trabajador; y quiénes pueden garantizar poner la institución al servicio de las personas usuarias, son los trabajadores y trabajadoras de la salud quiénes día a día abogan por su labor como lo hicieron magistralmente durante la pandemia por COVID-19.
En este sentido, fueron atinadas las reivindicaciones y victorias obtenidas por parte de las y los médicos especialistas; sin embargo, no pueden dejar que estas victorias - en tanto son avances - sean negociadas a puertas cerradas entre el gobierno, a través de sus representaciones en la junta directiva, y la burocracia sindical porque ese ha sido precisamente el mecanismo en que han revertido victorias en sectores como el movimiento estudiantil o el de docentes. Las y los médicos especialistas tienen que seguir movilizándose para defender las victorias obtenidas; extender el movimiento al resto del sector salud; aliarse con otros movimientos movilizados como el del agua, que dicho sea de paso ha crecido la cantidad de casos de diarrea, por lo que la problemática también vincula al sector salud; y además, dirigir la lucha contra el gobierno que es quién se niega a pagar su deuda con la Caja, para poder atacar sus finanzas y las conquistas de la clase trabajadora.
