Actualidad. Martínez de Giorgi: un juez a la medida de Macri

El juez Martínez de Giorgi desarrolla una intensa actividad a favor de la represión y la impunidad, muy afín al gobierno de Macri. La más reciente es la orden de detención llevada a cabo de manera ilegal, después de la manifestación del pasado viernes que reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado. Otro de los casos resonantes de este juez fue la orden de detención a Hebe de Bonafini. También viene dilatando la causa por el ataque de la patota encabezada por Mariano Martinez Rojas como denuncian en estos días los trabajadores de la redacción de Tiempo Argentino. Pero además, es importante conocer que resolvió dejar impunes los delitos de lesa humanidad de la causa Triple A como el asesinato de César Robles, mi padre, en noviembre de 1974.

La Justicia –la Cámara Criminal y Correccional Federal sala 1– respondió a la apelación que presentamos hace varios meses, que ratifica la resolución del juez Martínez de Giorgi, de sobreseimiento parcial y provisorio. Bajo el código penal que rige esta causa significa que el caso pasa a archivo.

Se trata de crímenes de lesa humanidad donde la Justicia argentina debería adoptar todas las medidas necesarias para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los más de 1500 crímenes perpetrados por la Triple A. No habiendo ni un solo preso, se entiende porque este tipo de resoluciones se consideran reñidas con crímenes de esta índole.

Martínez de Giorgi resuelve que la Justicia deje de investigar porque considera que no “es posible individualizar a los autores materiales”, condena pos morten a López Rega como autor intelectual pero se contradice cuando, refiriéndose a mi padre, sostiene que “el secuestro y homicidio fue cometido por la Triple A”, una asociación ilícita que entonces no dependía de las órdenes de una sola persona, como quieren hacer aparecer. La resolución no tiene sustento desde el momento en que la Justicia prácticamente no ha investigado para dar con los autores materiales e intelectuales.

La Justicia dice que "investiga" o no, cuando le conviene

El accionar de la Triple A comenzó en 1973, creada por Juan Domingo Perón, y siguió bajo el gobierno de Isabel Perón, como parte de una política represiva para terminar con el ascenso obrero y estudiantil, que se había abierto con el Cordobazo; no habiéndolo logrado, culminó con la dictadura militar.

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Que los más de 1500 asesinatos que se le adjudican hayan ocurrido durante sus gobiernos, que estuviera comandada por su mano derecha José “el Brujo” López Rega y la Policía Federal, integrando sus comandos parapoliciales también organizaciones de ultra derecha, de la derecha peronista, integrantes de la burocracia sindical que hoy viven, son cuestiones que reforzaron las políticas para que estos casos no se esclarezcan.

La causa que se inicia en 1975, desde la dictadura, el gobierno de Alfonsín –gracias a un pacto en 1984 de este con Isabel Perón que continuó– y hasta el de Menem estuvo cerrada. Fue abierta recién en 2006. Desde entonces, el caso sobre el asesinato de mi padre permite corroborar lo poco que se ha hecho: con unas 80 fojas de expediente –en su gran mayoría de declaraciones de testigos y pruebas que aportamos desde las querellas–, el juez Martínez de Giorgi quiere dar el caso por archivado.

Se niega a avanzar, por ejemplo, sobre quienes la misma resolución denuncia como jefes operativos. El magistrado incluso allí describe que “la Triple A presentó un diagrama estructurado en diferentes grupos y subgrupos, organizado con una cabeza de la organización -López Rega-, un nivel inmediatamente inferior ocupado por los ‘enlaces’, destinados a impartir las órdenes recibidas a los diferentes ‘grupos’, y en un nivel inferior los ‘grupos’ propiamente dichos compuestos por diversa cantidad de integrantes destinados a ejecutar las órdenes recibidas”. Por el contrario, una vez que los encuentra les toma declaración y prefiere "investigarlos" en libertad. Como hizo, apenas asumió como juez subrogante, en abril del año pasado, con el ex comisario Miguel Ángel Bonifacio, del entorno del jefe de la PFA y de la Triple A, Alberto Villar, acusado por el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña, y con orden de detención (Página 12, 25/4/2016).

Desde el CEPRODH vamos a exigir el avance de la Causa Triple y la apertura de los archivos del Estado, única vía verdadera para dar con los todos los culpables de delitos de lesa humanidad del pasado.

El accionar de la Triple A, tanto como su impunidad, ponen en evidencia al régimen "democrático", el carácter del Estado y sus instituciones, como la Justicia, en la defensa de los intereses capitalistas. En eso no difiere de la dictadura militar, su oposición es relativa y apela al uso de las fuerzas represivas estatales y paraestatales cuando ve amenazado sus intereses. El entramado de represión y encubrimiento alrededor de la desaparición de Jorge Julio López y ahora de Santiago Maldonado vuelve a ponerlo a las claras.

Cuando la mayoría del país reclamamos por la aparición de Santiago Maldonado, la movilización y organización se muestra, una vez más, clave para enfrentar activamente la impunidad y represión de los gobiernos de turno y de una Justicia hecha a su medida.