El debate sobre la prostitución está atravesando fuertemente al movimiento feminista. Es posible pensar una posición marxista, anticapitalista y antipatriarcal frente a un debate que se dirime como si existieran sólo dos posiciones excluyentes entre abolicionistas y regulacionistas.

Este debate dado en el Estado español y en varios países se está desarrollando frente a una contradicción crucial: por un lado, la proliferación de las redes de trata y el exponencial crecimiento de la explotación sexual de las mujeres; por el otro, la fuerte presión internacional para la legalización de la prostitución. Aunque existen muchas corrientes y matices, en el Estado español el debate está hegemonizado por dos posturas muy polarizadas entre determinados partidos políticos y organizaciones feministas abolicionistas, por un lado, y regulacionistas por el otro.

La mayoría de las abolicionistas, aferradas en el punitivismo y exclusión de cualquier otra postura, consideran cómplice del proxenetismo a quien no apoye su causa. Algunas abolicionistas del feminismo radical [1]sostienen: “No es el momento de ambigüedades, hay que mojarse: o con el abolicionismo o con el proxenetismo. Hay que tener el valor de decir ya claramente que en los encuentros y espacios feministas no tienen cabida las defensoras y las portavoces del proxenetismo y los puteros”.

A lo que las regulacionistas o pro-derecho de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) [2]responden, “No comprendemos el rancio feminismo abolicionista. Para nosotras es tan nocivo, como la propia patronal que explota a sus trabajadoras y trabajadores. Casualmente, ninguno de ellos quiere que nos reafirmemos, nos empoderemos, nos unamos y nos sindiquemos.” Consideran que el ‘trabajo sexual’ podría regularse y desarrollarse libre del proxeneta, sin violencia y diferenciado de la explotación sexual y la trata. Cualquier cuestionamiento a la corriente regulacionista es considerado como ‘puritanismo’ y ‘persecución’ a las mujeres en prostitución. Su propuesta es que el Estado legalice la prostitución y se reglamente la instalación de prostíbulos, las formas de explotación de las mujeres y los controles sanitarios.

Ante esta polarización, en primer lugar, es importante rechazar rotundamente que se pretenda expulsar de los espacios feministas a las organizaciones que se consideran de ‘trabajadoras sexuales’. A su vez es necesario que el debate pueda desarrollarse democráticamente, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas -muchas veces insalvables- que pueda haber dentro de un movimiento que, lejos de ser exclusivamente autónomo, conviven en él diversas organizaciones y partidos políticos. Pretender cerrarlo bajo un supuesto consenso forzado, es tan perjudicial como imponer una sólo posición considerada la “única feminista”, tal como actúan la mayoría de las corrientes abolicionistas.

¿Regulacionismo o Abolicionismo punitivista? Una alternativa anticapitalista, antipunitivista y de clase

En este artículo plantearemos importantes contrapuntos con ambas posturas, abolicionistas y regulacionistas, cuyas soluciones tienen puntos en común. Uno, se amparan en las Leyes de la Constitución, ya sean las sentencias punitivas del Tribunal Constitucional, ya sean las regulacionistas. Dos, su única perspectiva está centrada en reformas dentro del sistema que acaba en, como plantean algunas abolicionistas, cuestionar a ‘lógica patriarcal’ y la utopía de poner límites legales al proxeneta y al mercado de la prostitución, -es decir, al poderoso negocio capitalista mundial-, por un lado; o, por el otro, correcciones legales mínimas que hagan menos tortuosa la vida, ya de por sí dramática, de las mujeres y personas en situación de prostitución.

Esta es la paradoja que cruza a los movimientos sociales a finales de la década del setenta y ochenta, frente a la incorporación de derechos democráticos elementales en los códigos de leyes de los Estados capitalistas, que significa, como contracara, la punición con el Estado y sus instituciones contra quienes vulneren esos derechos, por un lado. Por el otro, hacer responsable al Estado de seguir conquistando más derechos evolutivamente, siendo que son los Estados capitalistas los primeros en vulnerarlos mientras aplican planes de recortes y ajustes que profundizan aún más la pobreza y precariedad de las mujeres.

Como sostenía el marxista August Bebel sobre la prostitución en el siglo XIX, “Algunos de los que se ocupan de esta cuestión empiezan a darse cuenta de que la triste situación social bajo la que sufren numerosas mujeres pudiera ser la causa principal de que tantas de ellas vendan su cuerpo; pero este pensamiento no avanza hasta la consecuencia de que, por consiguiente, es necesario crear otras condiciones sociales.” [3]

Nuestra posición es contundente. Citando a la feminista marxista, Andrea D’Atri [4], reafirmamos que: “Podríamos sostener que somos abolicionistas ‘en última instancia’. Porque consideramos utópico que el mismo Estado capitalista que no sólo se sostiene en la explotación del trabajo asalariado de millones de seres humanos, sino también en la explotación del trabajo doméstico no remunerado, en la opresión de las personas por razones de género, sexo, nacionalidad, etnia y en el entramado mafioso de los regímenes políticos con los grandes “negocios” clandestinos, incluyendo la prostitución, pueda ser quien “resuelva” la abolición de esta institución milenaria creada por las sociedades clasistas, mediante el aumento de su poder punitivo”.

Y aunque no somos regulacionistas, lejos de todo moralismo, el hecho de comprender que acabando con todas las formas de explotación y opresión y las clases sociales podremos acabar con la prostitución, no es motivo para abandonar la defensa de los derechos de las personas en situación de prostitución –entre quienes las mujeres son mayoría absoluta, aunque hay que dar cuenta de que existe una gran cantidad de personas transexuales cuya marginación social y laboral las arroja a la prostitución-, a su autoorganización contra toda persecución y represión policial, exenta de la injerencia de proxenetas y del Estado, sea regulacionista o punitivo.

Por tanto, frente a estas posiciones encontradas, es posible pensar una alternativa antipunitivista y anticapitalista, junto a medidas transicionales que apunten a crear otras condiciones sociales que ataquen los intereses de los capitalistas. Y no a recrear la utopía reformista de un ‘capitalismo con rostro humanitario’ a favor de las mujeres.

La prostitución, institución patriarcal al servicio del gran negocio del capitalismo mundial

En su obra referente del feminismo abolicionista, “La industria de la vagina”, Sheila Jeffreys [5], explica cómo “utiliza un radical enfoque feminista que considera a la prostitución como una práctica cultural nociva originada en la subordinación de las mujeres y que constituye una forma de violencia contra la mujer (Geffreys, 1997). Se inspira en el trabajo sobre prostitución de otras teóricas radicales feministas como Kathleen Barry (1979, 1995) y Andrea Dworkin (1983), y busca ampliarlo al abordar el tema de la industria global y la variedad de sus formas.”

Es indiscutible que bajo el sistema patriarcal el género femenino sufre brutales opresiones y desigualdades. Como planteaba Friedrich Engels en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” [6], la prostitución es una institución social que “mantiene la antigua libertad sexual... en provecho de los hombres” y que, aunque socialmente era rechazada “nunca va dirigida contra los hombres que la practican, sino solamente contra las mujeres; a éstas se las desprecia y se las rechaza, para proclamar con eso una vez más, como ley fundamental de la sociedad, la supremacía absoluta del hombre sobre el sexo femenino”.

Sin embargo, abstraer la ‘cultura patriarcal’ del sistema político, económico y social sobre el cual se asienta -tal es la tendencia del feminismo radical-, es negar su relación con el sistema capitalista que tanto necesita de las opresiones, en este caso la de género. Engels planteaba que “Todo lo que la civilización produce es también doble, ambiguo, equívoco, contradictorio; por un lado, la monogamia, y por el otro, el heterismo, comprendida su forma extremada, la prostitución”. Y desde esta premisa Engels y el marxismo desarrollan la idea de que la prostitución es una institución social que surge como contrapartida a la aparición de la familia basada en el matrimonio monógamo, junto con el surgimiento de la propiedad privada y el Estado y la sociedad de clases.

Ahora bien, la prostitución ya no es como en la antigüedad. La autora abolicionista Rosa Cobo, en su libro “La prostitución en el corazón del capitalismo” [7]-del que compartimos algunos elementos de su análisis aunque no su estrategia- parte de la premisa de que, si bien el origen de la prostitución es patriarcal, las transformaciones que ha sufrido tras los cambios estructurales del capitalismo mundial la han convertido en “una industria esencial para la economía capitalista, para la economía criminal, para los estados que ven en esta institución una fuente de ingresos públicos, pero también para las instituciones del capitalismo internacional, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario internacional, que ven en bloque han conceptualizado como industria del entretenimiento y del ocio unos ingresos que pueden garantizar la devolución de la deuda”.

Rosa Cobo plantea que estos cambios coinciden con una mayor “aceptación y presencia social” de la prostitución, lo que considera un triunfo ideológico del patriarcado. En el mismo sentido Jeffreys plantea que “el proceso por el cual la prostitución se industrializó y globalizó a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, (…) requiere ser entendido como la comercialización de la subordinación femenina”. Y hace un análisis crítico de cómo pasó “de ser socialmente despreciada, para convertirse en una industria en extremo rentable y legal, o al menos tolerada en distintos países del mundo”. [8]

Desde esta idea sugieren medidas que apunten hacia “el retroceso de la industria global del sexo” como la ilegalización de la prostitución, otras para ayudar a las personas en situación de prostitución a salir de ella y contra su criminalización, y, como medida central, apuntar al “cliente”; concepto que esta corriente cuestiona y cambia por “prostituidor” o “putero”. Por otro lado, Jeffreys diferencia Estados patriarcales o “proxenetas” según si la prostitución está o no legalizada. Y la mayoría reivindica al llamado “modelo sueco”, cuya medida principal es la ilegalización y la penalización al consumidor.

En un interesante artículo de Andrea D’Atri [9], reforzando la idea del crecimiento y los cambios de la prostitución bajo las transformaciones del capitalismo, analiza cómo actúan la liberalización de las fronteras para el flujo de capitales y el hundimiento de las economías de los países semicoloniales, dando como resultado el aumento en forma exponencial la deslocalización de las masas trabajadoras y el tráfico de personas; lo que ha llevado a un aumento a escala planetaria de la trata de mujeres para la explotación sexual, y la prostitución individual y voluntaria a una escala reducida. Para la feminista marxista no se puede considerar la prostitución como una institución igual a sí misma a lo largo de los cambios de las distintas sociedades, ya que esto impide encontrar “los imbricados vínculos que mantiene con el capitalismo –modo de producción que alteró también, drásticamente, las relaciones sexoafectivas, el matrimonio, la familia, etc. –, y que le confiere nuevas configuraciones”.

Esto último es lo que ha llevado a nuevos interrogantes y debates teóricos y políticos sobre la prostitución: ¿es desde los Estados capitalistas que se puede acabar con la prostitución? ¿Cómo normaliza el regulacionismo la prostitución como institución capitalista y patriarcal? Intentaremos abordarlos.

Abolicionismo punitivista, bajo el paraguas de las sentencias de la Fiscalía y el Tribunal Constitucional

La prostitución en el Estado español fue descriminalizada por el Código Penal de 1995, que a su vez eliminó la Ley de Peligrosidad Social de la Dictadura. Ésta, -que había mantenido en la cárcel a mujeres por divorcio, aborto o por prostitución-, había sobrevivido a su derogación en 1978 en los diferentes Códigos Penales de la democracia; lo que da cuenta cómo utiliza el Estado capitalista los instrumentos punitivos contra las mujeres. Actualmente, no está prohibida en el Código Civil, pero si la explotación así como el proxenetismo. Se encuentra en una situación de ‘alegalidad’, no está prohibida ni reglamentada.

A la cabeza del campo abolicionista está el PSOE que instrumentaliza esta cuestión para su campaña electoral. Una postura hipócrita siendo uno de los partidos del Régimen que junto al PP aplicó los peores recortes, reformas laborales y modelos de trabajo precarios que han llevado a la miseria al conjunto de la clase trabajadora y en particular a las mujeres, sobrerrepresentadas en las tasas de precariedad laboral y pobreza.

El abolicionismo centra su propuesta en la persecución con el código penal a proxenetas, a personas que exploten a terceras personas para ejercer la prostitución y al “cliente o putero”, amparada en el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional que legitima la Declaración de Derechos Humanos de la ONU proclamada el 10 de diciembre de 1948, tal como explica Lidia Falcón del Partido Feminista [10] y reivindican todas las autoras abolicionistas. Están en contra de penalizar a las mujeres en prostitución, para quienes proponen ayudas legales, sociales, sanitarias, planes de vivienda, de educación para quienes deseen salir de la prostitución; explican en un reciente manifiesto [11] a favor de ilegalizar la inscripción del sindicato OTRAS, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre los partidos que intervienen en los espacios feministas son el PSOE; el Moviment Democràtic de Dones (MDD) corriente del PSUC en Catalunya inspirado en el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), creado en Madrid por el Partido Comunista el año 1964; el Partido Feminista de España (PFE) -que actualmente es parte de Izquierda Unida- impulsado por Lidia Falcón. E incluso corrientes como Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes.

Aunque existe una gran complejidad a la hora de analizar los matices entre las corrientes abolicionistas, muchas de ellas, incluso algunas corrientes de izquierda, exigen una ‘posición contundente’ y expulsar de los espacios feministas a las regulacionistas o quienes se autodenominan trabajadoras sexuales. Una posición inadmisible, que coincide con la criminalización del propio Estado capitalista y sus partidos como el PSOE.

Otras corrientes abolicionistas han matizado su posición inicial de defender la criminalización de la actividad, hasta las posturas actuales de no penalización ni intervención legal en la propia transacción económica, ni la punición al cliente. Respetan en los espacios feministas la intervención de las autodenominadas trabajadoras sexuales libres -que no dependen de un proxeneta y ejercen por cuenta propia-, acuerden o no, están a favor de su autoorganización y se diferencian del abolicionismo institucional de partidos como PSOE. Sin embargo aún siguen atrapadas en la trampa del abolicionismo punitivista.

Frente a ello, ¿hasta dónde está el límite en que una Ley Abolicionista garantizada por el Estado capitalista y su justicia patriarcal no va a acabar penalizando y persiguiendo a las personas en situación de prostitución más vulnerables, es decir, la mayoría?, tal como ellas mismas denuncian. El mismo Estado que las persigue a través de la Ley Mordaza del PP. O con la Ley de Extranjería cuyas readaptaciones se han nutrido de los gobiernos de Felipe González y Zapatero, cuando se impusieron los CIEs. Todas son un potente combo punitivista que dará más vía libre a las fuerzas policiales para tirar el Derecho Penal encima de las personas en prostitución más vulnerables. Pero el problema más importante es que la prostitución no se va a eliminar por el decreto de un Estado y de un sistema que nunca va a acabar con las situaciones extremas de pobreza de una gran mayoría de mujeres que son arrojadas a la prostitución, a las redes de trata y de proxenetas.

Prostitución y redes de trata: capitalismo y opresión patriarcal hacia las mujeres

Las redes de trata y la explotación sexual a escala mundial alcanzan una dimensión sin precedentes. Según la Fondation Scelles, la prostitución genera 160.000 millones de euros en el mundo. Cinco millones por día en el Estado español, siendo el primer país de Europa en consumo de prostitución, el tercero del mundo tras Tailandia y Puerto Rico. En 2010, la prostitución era el 0.35% del PIB (INE). El último Informe Global sobre Trata de Personas 2018, difundido en enero de 2019 en Viena, da cuenta de 24.000 casos documentados en 2016 en 142 países, y la explotación sexual (59 %) continúa siendo el delito más común, después del trabajo forzado (34 %). Estas cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) son limitadas a las víctimas detectadas. Según este informe, más del 70 % de las víctimas globales de trata son femeninas, de las cuales el 49 % son adultas y el 23 % son niñas.

Es necesario que cualquier crítica a la prostitución trascienda los motivos personales de las personas en esta situación, para centrarse en su análisis como una institución social capitalista y patriarcal. Esto no debe llevar de ningún modo a estigmatizar a las mujeres y personas en prostitución desde una moral puritana o prejuicios burgueses.

Nada más alejado del feminismo marxista. Alejandra Kollontai, lejos de la consideración burguesa de la prostitución como un “escándalo moral”, demostró una férrea defensa de la liberación de la sexualidad y de la idea de que debía ser la clase trabajadora la que avanzara en la conquista de una nueva moral sexual capaz de romper con el puritanismo y la monogamia, tan funcionales al patriarcado capitalista. Consideró a la prostitución una institución que condenaba a las mujeres pobres, totalmente contraria a la idea socialista del amor libre, entre iguales, por estar fuertemente vinculado a una relación comercial. La lucha contra la institución de la prostitución se ejercía a través de la defensa del derecho de las mujeres a gozar del deseo sexual igual que lo hacen los hombres, sin renunciar a la solidaridad y la igualdad entre ellos. Es por ello que el marxismo asume la abolición de la prostitución como institución con la perspectiva de la revolución socialista, la lucha por el poder obrero y la construcción de un Estado obrero transicional a una sociedad sin Estado.

Tampoco significa, como se cuestiona desde el regulacionismo -muchas veces basadas en ataques de parte de ciertas corrientes abolicionistas-, no respetar a las mujeres que se consideren ‘trabajadoras sexuales’, aunque no compartamos su ideología ni política. Significa analizar y denunciar a los intereses de qué clase sirve el negocio mundial de la explotación sexual, sea cual sea la actividad.

En algunas organizaciones regulacionistas la crítica al proxenetismo muchas veces es ambigua o casi inexistente, como podemos ver en OTRAS [12], que no contempla ninguna denuncia explícita al proxeneta, aún reconociendo la existencia de la trata y la discriminación racial. Algunas mujeres portavoces de estas organizaciones generalizan el ejercicio de la prostitución como ‘una profesión que las mujeres pueden elegir e imponer sus condiciones al cliente’. El caso de dirigentes de Asociación de Profesionales del Sexo (APROSEX) o de OTRAS como Conxa Borell, en varios medios ha declarado que "Se hartan de repetir que todas somos esclavas, sumisas, humilladas y violadas; que no puedes decir que ’no’ a las demandas del cliente, y eso es falso”, y agrega, “Si es una elección libre, no hay trabajo en el que la mujer se empodere tanto desde el primer minuto como el de puta. El cliente elige entre la oferta, pero las riendas las lleva la profesional. Eso les debe quedar claro.” [13]

Una declaración que se contradice cuando a la vez denuncian “que la trata de seres humanos nos repugna y en ningún caso justificamos ni aprobamos” y que “la ley de trata y la ley de extranjería, utilizadas como un instrumento de represión y expulsión de la población migrante donde la preocupación por los derechos humanos de esta población es nulo”. Pero lo que hace falta denunciar explícitamente, es que la mayoría de las mujeres en prostitución son una gran mayoría inmigrante en Europa, no sólo producto de las redes de trata, sino también frente a la situación de marginalidad y pobreza a las que se somete a las mujeres que no encuentran otra salida a la supervivencia que la de la prostitución.

Las ‘trabajadoras sexuales libres’ son una minoría frente a una gran mayoría creciente de mujeres en situación de prostitución, que sí son víctimas de las redes de trata, sí son víctimas de la pobreza y por tanto, arrojadas a una situación que muy probablemente nunca hubieran elegido. No dar respuesta a esta realidad puede acabar naturalizando e incluso embelleciendo a la prostitución como una “profesionalización libre” o salida laboral posible en la que se puede “ganar dinero rápido” que es mejor que “trabajar de cajera en un supermercado”, como podemos escuchar en múltiples actos y entrevistas en los medios a las portavoces de estas organizaciones. La realidad es que muchas mujeres se ven arrojadas a las dos actividades, cajeras de supermercado u otra actividad laboral bajo condiciones de precariedad y la prostitución.

Sus portavoces acaban en la trampa de separar, como si hubiese una barrera insalvable, las actividades consideradas de libre elección y sin violencia de parte del cliente, de la prostitución y las redes de trata. OTRAS reconoce que el “trabajo sexual” también es el que se realiza “en locales, pisos, clubs de alterne, salas de streep tease, peep shows, salones de masajes y otros espacios cerrados donde se da una relación laboral entre empresa y trabajadora, pero es ésta última la única que tiene obligaciones. Cuando hablamos de TRABAJO SEXUAL, lo hacemos de forma deliberada y sabemos de qué hablamos. Mucha gente identifica, únicamente, como trabajadora sexual a la prostituta, sin embargo, el trabajo sexual es amplio, tal como estamos describiéndoos.”

Que “todo no es trata” es una realidad. Pero es necesario reconocer también que los tentáculos de las redes de trata llegan a estos espacios para cubrir una demanda cada vez más mayúscula de explotación sexual. De los informes descriptos, hay otros que dan cuenta de que casi el 90 % de las víctimas de trata en el Estado español eran destinadas a la explotación sexual, ante lo cual desde corrientes feministas explican que la trata se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento de la industria mundial del sexo para todos los ámbitos: prostitución callejera o prostíbulos, en clubes de strippers, en la pornografía, entre otros.

Ni persecución, ni represión, ni estigmatización ¡Por el derecho a la autoorganización! Exenta de la injerencia de terceros e independiente del Estado

Ante esta situación, la OIT (Organización Internacional del Trabajo), importantes organizaciones internacionales por los derechos civiles y distintos Estados, proponen la sindicalización de las mujeres en situación de prostitución.

Esto abre otro debate entre regulacionistas y abolicionistas. Las primeras, al considerar la prostitución como trabajo y, por tanto, con derecho a sindicalización. Las segundas discuten a las regulacionistas cuál es la delgada línea que separa al sindicato de una organización para proteger los derechos de las mujeres de una nueva organización proxeneta, ya que en el Estado español el derecho a formar sindicatos sólo es permitido legalmente a quienes trabajan por cuenta ajena, es decir para un tercero. En este caso el tercero sería para un proxeneta y el proxenetismo es delito en España, motivo por el cual, plantean, no sería legal establecer un sindicato de ‘trabajadoras sexuales’.

No obstante, ambas colocan también en esta cuestión, la solución en el mismo Estado capitalista la responsabilidad de regular la vida de las mujeres en prostitución o la responsabilidad de castigar a las organizaciones sindicales. Las abolicionistas se amparan en la reaccionarias instituciones del Tribunal Constitucional o la Fiscalía, tal como hizo el PSOE al iniciar un recurso para anular la inscripción legal como sindicato de OTRAS. [14]

Por otro lado, organizaciones como OTRAS se ampara en la OIT, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la ONU explicando que han reconocido al trabajo sexual como un trabajo. Cuando es sabido que la hipócrita posición de la OIT de impulsar la sindicalización, está pensada no para mejorar su situación, sino para legalizar el negocio de los proxenetas y los ingresos que aportarían a los Estados en materia de impuestos a las ganancias con sus “empresas” reglamentadas.

Esto último ha sido justamente uno de los argumentos de la campaña electoral de Albert Rivera de Ciudadanos, con un discurso neoliberal de “libre elección” y haciendo cuentas de lo que se recaudaría de regularizarse. Aunque también Barcelona en Comú aboga por su legalización fundamentándose en la defensa de los derechos de las mujeres en prostitución.

En el Estado español, la hipocresía del Estado que dice perseguir y prohibir al proxeneta, queda develada con el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior de organizaciones de empresarios bajo la carátula de “alterne”. Una de las que ha tenido más repercusión es Anela, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que representaban a 200 locales de todo el Estado y cuyo secretario general hasta 2011 era José Luis Roberto Navarro. Su prontuario: dirigente de la plataforma de extrema derecha España 2000, que colaboraba con Falange en Valencia y jefe de la empresa Levantina de Seguridad [15].

Poseer un establecimiento donde se ejerce la prostitución es legal, pero no lo es el proxenetismo. En el caso del gobierno de Catalunya, se ofrecen licencias "para reunir personas para practicar prostitución”, que utilizan los dueños de burdeles para abrir estos clubes, donde supuestamente las mujeres en prostitución pueden “reunirse” para ejercer para un tercero.

Lejos de todo puritanismo, es necesaria la defensa de los derechos de las personas en situación de prostitución a su autoorganización, exenta de la injerencia de “terceros”, es decir de proxenetas, ni del Estado, sea regulacionista o punitivo. En el Estado español existen asociaciones y colectivos de mujeres autodenominadas trabajadoras sexuales que se autoorganizan desde hace tiempo. Muchas de ellas como autónomas para obtener derechos como seguridad social. Más allá de las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener entre organizaciones respecto de la prostitución y el trabajo sexual, es necesario acompañar a las mujeres en prostitución autoorganizadas, combatir la estigmatización, la persecución y marginación social, al tiempo que denunciar la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, sus funcionarios políticos, la justicia y poderosos empresarios en el funcionamiento y la impunidad con la que operan las redes de trata y el proxenetismo.

Un programa transicional y anticapitalista para acabar con la explotación sexual

Para las autoras abolicionistas, con el avance de la industria del sexo lo que se fortalece es el patriarcado, como reacción a los avances del feminismo de las décadas del sesenta y setenta. Frente a ello y a la presión de los organismos internacionales por legalizar la prostitución Rosa Cobo propone que “Junto a la poderosa crítica conceptual a esta institución en el marco de los pensamientos críticos y la penalización de la prostitución -y nunca de las mujeres prostituidas- puede ser una lucha feminista políticamente estratégica para interpelar a los patriarcados y para poner límites al poder del mercado” [16]. Es decir, una idea que centra su lucha contra el patriarcado y desde una estrategia feminista que ‘limite al mercado sexual’. En el mismo sentido Sheila Jeffreys finaliza su libro explicando cómo “la industria globalizada de la prostitución podría retroceder, de manera tal que la esperanza tradicional del feminismo de que la prostitución termine alguna vez se vuelve un objetivo imaginable y razonable para las políticas públicas del feminismo.” [17].

Esta idea es llevada hasta el final por la corriente feminista radical -radfemmes [18]- referenciada en estas autoras, planteando que “la palabra feminismo no ampara cualquier posición, y menos posiciones antagónicas al corazón del feminismo, que se basa en la visión de la mujer, y no admite posiciones basadas en la lógica patriarcal del varón”. Estas premisas centran sus ejes de lucha en un cambio cultural contra el patriarcado, contra los hombres, apuntando al “putero” que en muchos países se traduce en el slogan “Sin cliente no hay prostitución”. O sea, podríamos decir contra el último eslabón y el más débil dentro de un circuito que, coincidiendo con las abolicionistas, mueve gigantes tentáculos comerciales a nivel mundial en complicidad con los Estados.

Lejos de justificar a la cultura machista y patriarcal que somete a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, la denuncia fundamental debería ser “Sin explotación no hay prostitución. Sin capitalismo no hay mercancías sexuales”, si realmente se considera a la prostitución, tal como la misma Sheila Jeffreys plantea “organizada en una nueva escala y significativamente integrada a las economías” y “podemos hablar justificadamente de un sector del sexo comercial que está integrado a la vida económica, social y política.”

Ligado a esto, si bien sus profundos estudios no abstraen la prostitución del desarrollo del capitalismo mundial, sus soluciones están pensadas dentro de sus marcos legales y de un modelo especial de Estado (capitalista) como es el de Suecia, en donde la persistencia de muchos elementos de lo que fue un fuerte ‘Estado de Bienestar’ aunque ahora degradado, es más que una utopía para la mayoría de los Estados, ya no diríamos semicoloniales, sino también los propios Estados europeos que como el español sufre una crisis económica sin precedentes.

La lucha contra la alianza capitalismo y patriarcado comienza a ser bandera de importantes franjas del movimiento de mujeres. Esta lucha es difusa si sólo se limita en una crítica al capitalismo, pero con medidas reformistas dentro de este sistema. Para Jeffreys esta sería la postura de esperar hasta "después de la revolución, que permite a la industria global de la prostitución prosperar sin ataduras” y plantea que “En una ‘globalización justa’, no tiene ningún rol” [19]. Justamente, ¿es posible un capitalismo globalizado “justo”?

Todas estas décadas de crisis están demostrando que es menos utópico hoy pensar que sólo podremos acabar con la situación de pobreza extrema que arroja a las mujeres a la prostitución, acabando con todas las formas de explotación y opresión. Pero no recrear la falsa ilusión de una “globalización justa” no nos lleva a “esperar a la revolución” y posponer la lucha actual junto a miles de mujeres contra la persecución de las personas en situación de prostitución, su explotación en beneficio de terceros, contra las redes de trata. A la vez que defender su derecho a la autoorganización con total independencia de los explotadores y del Estado, cómplice con los proxenetas. Acompañar e impulsar la lucha por imponer al Estado capitalista y sus gobiernos la garantía de un trabajo sin precariedad para todas las personas en situación de prostitución que quieran abandonarla, con un salario que cubra todas las necesidades, acceso a la salud y educación pública y gratuita. A la vivienda, expropiando a la banca. Estas y otra medidas por la derogación de las reformas laborales, de la ley de extranjería, la eliminación de las externalizaciones y los contratos basura, el reparto de las horas de trabajo por igual salario para acabar con el paro y la precariedad.

Todas propuestas que no se centran en una única estrategia feminista. La creación de alianzas desde un movimiento de mujeres que hoy actúa como referente y canalizador de las demandas del conjunto de la clase trabajadora, la juventud, las personas inmigrantes convocando huelgas generales el 8M, plantea el desafío al movimiento feminista, -tanto respecto a la problemática de la prostitución como en otras-, de unificar la lucha por los derechos y contra las múltiples opresiones de las mujeres con las demandas sociales y políticas. Desde aquí, es posible pensar una alternativa antipunitivista, anticapitalista y de clase, es decir, medidas que toquen las ganancias e intereses de los capitalistas.

También de sus partidos, por ello es necesaria una estrategia política de clase, anticapitalista e independiente de partidos de este Régimen que instrumentalizan las luchas de las mujeres, como el PSOE que se dice feminista y hoy levanta las banderas del abolicionismo apoyado por el PP. O Ciudadanos, la bandera del regulacionismo al igual que muchos partidos neorreformistas.