Recortan derechos. Más ajuste en discapacidad: el Gobierno decretó nuevas restricciones para el cobro de pensiones

El lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 843/2024, a través del cual, el Gobierno establace una nueva serie de requisitos, muy restrictivos, que deben cumplir de ahora en más las personas para poder cobrar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Dicho texto tiene la firma del presidente, Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Russo.

Desde hace un tiempo, desde el Gobierno y funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se informó que están desarrollando una auditoría que detectó un gran número de irregularidades que van desde la falsificación de certificados médicos hasta el descubrimiento de personas que cobraran dichas pensiones y vivían en el exterior o tenían una vida adinerada.

La verdad es que resulta un tanto extraño que alguién con un alto nivel de vida, incluso con residencia en el extranjero, se exponga a falsificar documentación para recibir la módica suma de $ 164.000, más un bono de $ 70.000. Pero como diría el ingenio popular "como no sé de auditorías, no opino".

Sin presentar ningún tipo de prueba respaldatoria de semejantes denuncias, siguieron avanzando en esta campaña. El último capítulo de esa política había sido enviar cartas-documentos a los beneficiarios en las que se los intimaba a presentarse en determinada fecha "con la documentación complementaria que acredite su condición médica" o caso contrario sufriría "la suspensión de la Pensión no Contributiva por Invalidez".

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Según la versión oficial, subproducto de esta gran cantidad de irregularidades es que entonces se tomó la decisión de definir nuevos requisitos a cumplir por los beneficiarios (tantos los nuevos, como los actuales). Entre ellos:

- Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez produzca una disminución del SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66 %) o más en la capacidad laborativa.

- No poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes que permitan su subsistencia. La AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD será la encargada de establecer los criterios socioeconómicos con el fin de evaluar y acreditar el cumplimiento de este requisito.

- No tener pariente o cónyuge que esté obligado legalmente a proporcionarle alimentos y sustento económico, o que, teniéndolos, no sea suficiente para la subsistencia.

- No poseer un vínculo laboral formal ni encontrarse inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente.

- Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país. Los argentinos naturalizados deberán contar con una residencia continuada en el país de por lo menos TRES (3) años anteriores al pedido del beneficio. Esta circunstancia se acreditará mediante información sumaria realizada ante autoridad competente o por cualquier documento público que así lo determine. Dicha certificación podrá ser revisada o actualizada toda vez que la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD lo considere.

- Las personas extranjeras deberán acreditar una residencia mínima continuada en el país de DIEZ (10) años.

Estos nuevos criterios en los hechos constituyen un recorte en derechos ya conquistados para un montón de personas a las que además, desde el Estado se las somete a un trato humillante y denigrante. Como expresó el diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, en la última reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, "se está sembrando un manto de sospecha sobre personas que en este momento están sintiendo una anguistia y un enorme temor de perder la pensión que encima son de apenas de $160.000. Tranquilamente se puede hacer un auditoría sin hacer pasar por esto a los beneficiarios".

🏛 Cámara de Diputados | Comenzó la Comisión de Discapacidad donde participó el diputado @NicolasdelCano
En la misma denunció el ajuste y dijo que la pensión que perciben hoy en día son muy bajas. pic.twitter.com/CT3Ly8fnfX

— Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) September 3, 2024

Según estas criterios, si una persona que utiliza una silla de ruedas tiene un automovil, necesario para poder trasladarse con un mínimo de autonomía, de ahora en más no podrá recibir está pensión. Como si esto fuera poco, además en el decreto se le otorga a la Andis, varias facultadades. Entre ellas:

- Realizar una encuesta socioeconómica con el objeto de establecer la necesidad del peticionante.

- Evaluar la situación de los familiares de lo beneficiarios de las pensiones, verificar sus datos de remuneraciones, prestaciones de la Seguridad Social u otros ingresos.

- Efectuar un cruce de datos socioeconómicos con el objeto de establecer el estado de necesidad del peticionante.

- En base a la información obtenida por la Andis, será este el organismo encargado de otorgar o neguar la solicitud de cada uno de los peticionantes.

Es decir, que una persona para cobrar la pensión, además de no tener ningún bien, no tener ningún ingreso que permita su supervivencia, no tiene que tener dentro su grupo familiar alguna persona que incumpla los criterios socio-economómicos de la Andis que no se sabe cuáles son exactamente.

Como ya advertimos en notas anteriores, lo que está haciendo Milei no es novedoso, ya lo hizo Macri en 2018 cuando dio de baja de un plumazo miles de pensiones y denigró a los beneficiarios de dichas pensiones tratándolos de delicuentes al comunicarles que "tenían 10 días hábiles para ejercer su legítimo derecho de defensa y ofrecer la prueba de la que intentare valerse, como así también tomar vista de las actuaciones”.

Ahora Milei actualiza la política totalmente inhumana de Macri. Y para evitarse posibles juicios a futuro, como le pasó a Macri, hace campaña con esa supuesta auditoría, de la que, repito, no se conocen resultados oficiales. Hay que unir los reclamos de los sectores que están siendo afectados por las políticas de ajuste de Milei, porque en la unidad está la fuerza.

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