Empleados del Comando Radioeléctrico procesados por apremios ilegales y abuso de autoridad. Una joven murguera torturada en la Comisaría Séptima. Franco Casco muerto en manos de la misma dependencia. Los casos de abuso policial no cesan en la “ciudad narco” santafesina.
Úrsula Vivas @ursulavivas
Miércoles 12 de noviembre de 2014
En el día de ayer, otra lamentable noticia de abuso de autoridad por parte de una fuerza del orden transcendió los titulares. Fue a raíz del procesamiento de tres empleados del Comando Radioeléctrico por apremios ilegales y abuso de autoridad. El juez de Instrucción N° 7, Andrés Donnola, procesó a empleados del Comando Radioeléctrico, luego de una investigación judicial en base a una denuncia presentada por las víctimas. Seis chicas de entre 12 y 18 años y un adolescente de 17 denunciaron maltratos el pasado 25 de agosto de 2013 en la Comisaría 14ª ubicada en Marcos Paz 6650 de la ciudad de Rosario.
De acuerdo a los testimonios, el acoso policial comenzó a las 3 de la madrugada, cuando el grupo de jóvenes caminaba por Provincias Unidas y Mendoza luego de asistir a un cumpleaños en una cantina bailable. Al llegar a Las 4 Plazas, son interceptados por un patrullero del Comando Radioeléctrico, y de la Comisaría 14. De forma violenta, les ordenan apoyarse contra un portón con los brazos abiertos, les tiran el pelo, las golpean en la cara. Luego los requisaron, les secuestraron celulares y trasladaron en tres patrulleros a la seccional de Marcos Paz al 6000.
Allí son sometidas a todo tipo de vejámenes, apremios y de insultos discriminatorios (“negra”, “gorda”). Entre golpes en la cabeza y en el cuerpo, también las hacen desnudar en su totalidad adelante de personal policial masculino y femenino. Una de las chicas sufrió una descompensación por su diabetes. Claro que los policías nunca se ocuparon de su salud, incluso la golpearon en la espalda. No fue sino hasta las 11 de la mañana que la trasladaron al Hospital Carrasco para ser atendida.
Los agentes y el chofer del móvil policial defendieron su accionar, argumentaron que detuvieron a los jóvenes tras recibir la denuncia de un robo, cuya víctima identificó al grupo como autores. Eso, curiosamente, no se pudo corroborar.
Impunidad
La animadversión con la que opera la podrida policía santafesina no es novedad. Casos de abuso sexual, de vejámenes dentro y fuera de las Comisarias forman (lamentablemente) parte del imaginario de los jóvenes de las barriadas populares, principales víctimas del acecho azul.
El abuso inclusive, puede llevarlos a la muerte, como a Franco Casco, un joven de 23 años oriundo de Florencio Varela, detenido por averiguación de antecedentes y encontrado muerto días después en el Río Paraná. También les puede pasar lo que a la joven de la murga Nacidos por cesárea, detenida y torturada hace días en la misma donde fuera llevado Franco Casco, la abominable Comisaría Séptima.
Está probado en los hechos, que no existe tal cosa como la “averiguación de antecedentes”. Esa carátula es sólo una pantalla para detener sin motivo alguno por “portación de rostro” a los pobres. Según cifras del Ministerio de Seguridad de la Provincia, de 31.000 detenciones durante el año pasado registradas, sin contar las no registradas, 21.000 son por averiguación de antecedentes, sólo en 1.000 casos se dio con prófugos de la justicia. Es decir que la efectividad de la “batalla contra el delito y el narcotráfico” en la que invierte millones el Partido Socialista, es del 3%.
Ninguno de los millones que destina sistemáticamente Bonfatti a la Policía y a la Gendarmería, podrá jamás dar una solución real al problema estructural de la descomposición de las fuerzas de seguridad. El Estado, cómplice de las mismas en negocios como el narcotráfico no es más que un garante de la impunidad.
