La fiscalía chilena investiga a 158 miembros de la iglesia católica por casos de abuso sexual. Esta semana se sumaron nuevas denuncias y fueron suspendidos curas en Puerto Montt y Temuco.
Viernes 27 de julio de 2018 18:00
Mientras que la Iglesia católica chilena mantiene su cruzada contra la actual lucha de las mujeres por el derecho al aborto, no para de sumar causas y denuncias por casos de abusos sexuales a menores que se convirtieron en un escándalo que parece tener consecuencias irreversibles.
La imputación del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, las investigaciones periodísticas sobre abuso de monjas en un convento y los datos de la Fiscalía sobre 158 personas relacionadas con el clero indagadas por abusos sexuales han dejado a la Iglesia católica de Chile como una olla a presión.
Ante este panorama la propia Iglesia optó por suspender de forma preventiva a todos los miembros que sumen nuevas denuncias como fue el caso esta semana del sacerdote Luis Dionisio Muñoz en Puerto Montt, y del cura Jaime Valenzuela Pozo, en Temuco. Dionisio Muñoz fue separado este viernes tras conocerse la denuncia de abuso sexual a un menor en 1990, y Valenzuela Pozo había sido suspendido el jueves acusado de un episodio similar en 2001.
Cada vez con más regularidad el clero chileno se ve sacudido por nuevas investigaciones o acusaciones en su contra con un denominador común: los abusos sexuales contra menores o adultos y el encubrimiento de estos casos por la jerarquía católica. A este encubrimiento se sumó el propio Papa Francisco que en su viaje por el país trasandino negó cualquier denuncia y defendió el accionar de los obispos locales, aunque después tuvo que tomar distancia ante la evidencia de una red de pedófilos y abusadores que era imposible de encubrir, y amenazaba con llevarse puesto al prestigio del propio Bergoglio (algo que en Chile ya es un hecho).
Denuncias de la fiscalía
La presión aumentó el martes de esta semana con la imputación por parte del Ministerio Público contra el cardenal Ezzati por la comisión de encubrimiento en casos de abusos sexuales en el seno clerical.
El Arzobispado de Santiago anunció la citación y comunicó que la máxima autoridad de la Iglesia católica en el país suramericano tendrá que declarar el próximo 21 de agosto en la ciudad de Rancagua, a unos 90 kilómetros al sur de la capital chilena.
Allí tendrá que dar cuenta de las acusaciones en su contra por haber conocido denuncias de abusos sexuales pero no avisar a tiempo a la Justicia.
La Fiscalía Nacional de Chile ha tomado nota de cuantos casos han sido registrados en las oficinas regionales del Ministerio Público y al inicio de la semana informó sobre la existencia de 158 personas relacionadas con el clero que han sido o están siendo investigadas por los mismo delitos.
De los investigados, la gran mayoría están calificados como "obispos, curas o diáconos", bien sean participantes o no de congregaciones, todos enmarcados en un total de 144 investigaciones distintas sobre casos indagados desde el año 2000, aunque hay hechos reportados desde el año 1960.
Más repercusión que las decenas de investigados tuvieron las 266 víctimas contabilizadas en esas investigaciones, sobre todo teniendo en cuenta que 178 de ellas eran menores en el momento en que se cometió la agresión.
La gran mayoría de las investigaciones fueron ya cerradas con sentencias, absoluciones o archivadas, pero todavía se mantienen abiertos 36 casos que están siendo investigados.
Entre ellos el del cardenal Ezzati, pero también el del excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, el único que hasta el momento se encuentra en prisión preventiva desde que hace dos semanas acusado por la comisión de abusos sexuales contra cinco menores.
El caso de Muñoz, quien tenía la responsabilidad de gestionar las denuncias sobre abusos sexuales en el interior del clero, dieron muestra a la Fiscalía de la situación de puertas adentro en la Iglesia del país austral.
Un día después de la detención de Muñoz, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile allanaron las dependencias de los obispados de Temuco y Villarrica, en la sureña región de La Araucanía, en busca de documentación para avanzar en los numerosos casos que investigan.
Ya habían hecho algo similar el pasado mes de junio, en la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y el obispado de la ciudad de Rancagua, capital de la región de O’Higgins, donde son investigados al menos 14 sacerdotes por abusos sexuales contra menores de edad y jóvenes.
Además, este miércoles salió a la luz un reportaje en el programa local de investigación periodística "Informe Especial" en el que un grupo de monjas que dejaron la Iglesia católica denunciaron haber sido "por años" abusadas sexualmente por curas y desoídas por las autoridades eclesiásticas en la congregación "Hermanas del Buen Samaritano".
Ante la sumatoria de causas abiertas la Iglesia trata de actuar como lo hizo siempre, separando preventivamente a sus miembros o cambiándolos de lugar, cuando el escándalo ya es imposible de cubrir. De hecho la cantidad de causas cerradas sin que existan detenidos ni presos muestra la total colusión entre esta institución y el Estado chileno, que deja a todos los abusadores de la Iglesia impunes.
Mientras tanto la Iglesia sigue interviniendo en los asuntos públicos haciendo campañas contra el derecho al aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todo lo hace financiada por el Estado con los impuestos de los y las chilenas. Es la indignación ante esta situación lo que pueda hacer que, al igual que en Argentina, cada vez se pueda escuchar más fuerte la demanda de la separación de la Iglesia del Estado, a lo que en Chile se debe agregar en forma urgente la del juicio y castigo para todos los curas abusadores.
