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Red Internacional
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Galicia. Más de 1500 personas realizan barricadas en la fábrica de Alcoa en San Cibrao

Continúan las protestas en la comarca de A Mariña lucense por el anuncio de despido de 534 trabajadores, casi la mitad de la plantilla de la fábrica de Alcoa.

Jacobo A. García

Jacobo A. García @Jacobscarface

Miércoles 3 de junio de 2020

A la multitudinaria manifestación del domingo pasado que juntó a 8000 personas, se le suma una acción el pasado martes 2 de Junio donde los trabajadores han cortado el acceso a la fábrica por carretera.

Los trabajadores no se rinden ante el ataque patronal

Alcoa anunció este enorme ERE el 27 de Mayo, a la vez que se conocía la decisión de Nissan de cerrar su fábrica de Barcelona y dejar a 3.000 familias en la calle. Desde entonces, el comité de empresa, con mayoría de la CIG (Confederación Sindical Galega) de la fábrica en Lugo ha ido organizando acciones cada vez más radicales para luchar por conservar los puestos de trabajo.

Ya el viernes 29 de Mayo se produjeron los primeros cortes de carreteras con barricadas mediante quema de neumáticos en los accesos de la fábrica, con la participación de decenas de trabajadores. Este domingo 30 de Mayo se producía una multitudinaria manifestación donde participaron más de 8000 personas en la autovía A-8 del Cantábrico, entre trabajadores de Alcoa y auxiliares, familiares y vecinos de la zona, que se ven brutalmente afectados por el anuncio de cierre del corazón económico de la comarca.

Este martes 2 de Junio, después de hacer una ruta por el municipio de Cervo, una movilización de alrededor de 1500 personas terminó en la factoría de San Cibrao, en donde se realizaron barricadas para cortar la entrada y la salida de la planta. El comité de empresa además ha anunciado que prepara más protestas “sorpresivas y espectaculares” y que no se rendirán frente a este ataque.

Por otra parte, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares del PP, en un ejercicio de cinismo ha apoyado las movilizaciones de los trabajadores. Y ha aprovechado para criticar al gobierno central porque dice da “la sensación de que no quieren solucionar el problema". La solución para Villares es "muy fácil y básica": "Necesitamos una tarifa eléctrica que sea competitiva". Es decir, rebajarle el precio de la electricidad a las empresas electrointensivas, otro coste para el Estado y un nuevo regalo a las grandes empresas, cuando estamos viviendo un rescate milmillonario a bancos y grandes empresas que amenaza con quebrar las arcas públicas.

Todo esto parte de reproches mutuos entre el gobierno autonómico de Feijóo y el gobierno central, con unas recientes declaraciones de la ministra de Industria donde insta a la Xunta a “ejercer sus competencias en la Xunta” y pidiendo “lealtad”, para evitar el cierre de la fábrica. Así ha responsabilizado al gobierno gallego y al PP de que no se pudiera realizar el “estatuto electrointensivo” debido a la “inestabilidad política y a unas cuantas elecciones”.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó el lunes que seguirán “haciendo acciones cada vez más fuertes y contundentes”. Sin embargo, también ha afirmado que estas protestas deben hacer “recapacitar al Gobierno central” y apostar por una “intervención temporal” con “parte o la totalidad del accionariado” para dar “una viabilidad a la empresa”. Ha especificado que el comité no pide la “nacionalización”, ya que no lo permitiría la Unión Europea. Esta propuesta de intervención temporal es la que el comité prevé demandar este miércoles 3 de Junio en una reunión con el Ministerio de Industria. Además, también afirmó que esto no serviría de nada “si no hay un marco energético estable y competitivo”.

¿Estatuto electrointensivo, “intervención temporal”, o nacionalización bajo control obrero?

A medida que la crisis y las movilizaciones obreras en la fábrica de Alcoa se desarrollan se van marcando más claramente las posiciones de los distintos agentes sociales y grupos políticos. Por una parte, el PP gallego toma como suya una propuesta que inicialmente era del BNG, el “estatuto electrointensivo”. Una suerte de rebaja del precio de la electricidad para empresas como Alcoa, o FerroAtlantica que supuestamente evitaría los despidos. Pero las compañías eléctricas no le iban a regalar cantidades ingentes de energía a estas empresas. La factura la pagaría de nuevo el Estado, es decir, todos los trabajadores vía impuestos. Un salvataje más que se pretende vender como una opción progresiva.

Cabe destacar además que en los últimos 10 años Alcoa ha recibido alrededor de 1000 millones euros en subvenciones públicas, y que a pesar de ello el año pasado acabó vendiendo su fábrica de la Coruña a AluIbérica, proceso en el cual se perdieron puestos de trabajo y derechos. Todas estas concesiones a la empresa no han impedido que siga con sus planes de cerrar la fábrica y condenar a cientos de trabajadores a la miseria.

Por otra parte, sectores como el BNG y Unidas Podemos plantean la “nacionalización”, un lema que se puede ver en las manifestaciones y que tiene el respaldo de amplios sectores de trabajadores. Pero como bien aclara el comité de empresa, se trataría de una “intervención temporal”, es decir, una inyección de capital en la empresa para salvarla, y así mantener los puestos de trabajo, o eventualmente esperar a que otra empresa tenga intenciones de comprar la fábrica, y así poder revenderla. Esta operación sería igual de perjudicial para las arcas públicas, e incluso se plantea que la junta directiva siga estando bajo control privado, lo cual no exime que el mantenimiento de los puestos de trabajo se haga a base de recortar derechos laborales.

Nosotros consideramos que ambas opciones son perniciosas para los trabajadores de la comarca de A Mariña, y que lo justo sería realizar una nacionalización sin indemnización de Alcoa. Y que la fábrica tendría que pasar a estar bajo control obrero, para que sea la plantilla la que decida cómo hacer frente a las dificultades económicas y sus condiciones laborales así como que se garantiza que la fábrica esté al servicio de las necesidades de las mayorías sociales. No queremos que se le dé ni un solo euro de dinero público a esta empresa, porque además pensamos que hacer eso solamente prolongaría la agonía de los trabajadores y sus familias, ya que el objetivo final de Alcoa es desmantelar la fábrica, incluso aunque siga recibiendo ayudas públicas.

Apoyamos las movilizaciones de los trabajadores y creemos que es necesario que otros sectores se unan en solidaridad. Esta crisis se está llevando por delante la industria, en especial también en el sector de la automoción. En Vigo Citröen todavía tiene carga de trabajo pero esta situación puede cambiar en los próximos meses. Es necesaria la solidaridad y la unión de la clase trabajadora, para que mediante la lucha de clases se pare este y todos los ataques patronales, y se pueda pelear con fuerza para imponer un plan obrero de emergencia que se proponga tocar los intereses de os grandes capitalistas para que no sea la clase trabajadora la que pague nuevamente la crisis.