Con un aumento de las muertes en cárceles y comisarías, represión a protestas sociales, casos de gatillo fácil en CABA y provincia de Buenos Aires; femicidios y travesticidios, el organismo denunció la profundización de las políticas represivas en el marco del ajuste que impone el pacto con el FMI.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Domingo 19 de marzo de 2023 12:37
Bajo el lema "A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión", la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó el pasado viernes su informe anual sobre la situación represiva nacional. La cita fue en Plaza de Mayo junto a familiares de víctimas y organismos de derechos humanos y a días de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívivo- militar- elcesiástica.
"El objetivo de este archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación", afirmaron desde la organización.
— CORREPI (@CORREPI) March 17, 2023
Con críticas al gobierno del Frente de Todos por negociar con el FMI, avalando la deuda fraudulenta que contrajo el gobierno de Cambiemos, denunciaron el ajuste que pesa sobre el pueblo trabajador y las consecuencias de haber incrementado los recursos y las facultades de las fuerzas represivas, en un contexto donde las derechas en el mundo "van ocupando un lugar central en la política".
"En 2023 se cumplen 20 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que condenó al Estado Argentino a eliminar todo ese sistema de detenciones arbitrarias" afirmó María del Carmen Verdú, en la presentación del informe, quien agregó que ningún gobierno cumplió esa sentencia, dando cuenta que una persona es asesinada cada 20 horas por las fuerzas represivas del Estado.
Los datos
Desde 1983, ya son 8.701 las personas asesinadas por la fuerzas represivas del Estado. Durante el año 2022 se sumaron 436, y ya suman 9 en lo que va del 2023. El informe destaca que los picos de muertes se dan los años de profundas crisis, viéndose exponecialmente incrementadas en los años donde gobernó Cambiemos. Sin embargo, los datos muestran que durante los años 2020 y 2021, bajo gobierno peronista, hay un salto importante, principalmente en el número de muertes bajo custodia, consecuencia del aumento de la tasa de encarcelamiento. Lo que una vemás se demuestra que la política punitivista no entra la grieta.
De las 436 muertes, 319 ocurrieron en comisarías, cárceles u otros lugares de detención. A su vez registraron 80 casos de gatillo fácil, donde la Policía bonaerense es la principal fuerza que los lleva a cabo. El gobierno del Frente de Todos cuenta en su haber con 1.066 muertes bajo custodia y 300 fusilamientos de gatillo fácil. La juventud sigue siendo el blanco a disciplinar: casi un 60% tienen entre 15 y 35 años.
Los femicidios son la primera causa de muerte de mujeres y disidencias sexuales a manos del aparato represivo. Hay registrados 434 casos.
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La hegemonía de la provincia de Buenos Aires en los casos que denuncia la organización continúa con el 56% del total, seguida por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Queda claro entonces la decisión de Axel Kicillof de mantener a Sergio Berni al frente de la cartera de Seguridad bonaerense.
Un dato relevante del informe es el creciente número de personas privadas de su libertad. Entre 2001 y 2021 se pasó de 34.000 detenciones en cárceles a más de 100.000, sumando alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos. En la provincia de Buenos Aires, hoy hay 51.673 personas presas, casi la mitad del total país, con una sobrepoblación del 222%. En Ciudad de Buenos Aires, la tasa de encarcelamiento muestra cifras alarmantes: de casi 100 personas detenidas en 2019, en tres años se pasó a 948.
Desde el fin de la dictadura, todos los gobiernos, peronistas y de derecha, no sólo han avalado el accionar impune de las fuerzas represivas; resultan necesarias para lleven adelante su programa de explotación con disciplinamiento y control social. El gatillo fácil, la brutalidad policial y la criminalización de los sectores obreros y populares, sobre todo de la juventud, no reconoce grieta alguna.
