Estudiar en Madrid es, cada vez más, un lujo que sólo las familias con altos ingresos pueden permitirse. La política educativa de Ayuso, amparándose en una defensa de la libertad, ha flexibilizado las condiciones para ser aceptado en los centros educativos, al igual que para recibir becas.
Martes 11 de octubre de 2022
El plan es sencillo: eliminar plazas, derivar familias y subvencionar la educación privada para que puedan acceder. En última instancia, los alumnos terminarán en una empresa que hace de la educación negocio, la cual se llevará el dinero de las familias y del Estado a través de estas subvenciones.
Esto ya se ha visto reflejado en las matriculaciones de la Formación Profesional, un sector que ha estado en constante asedio por parte de las empresas. De hecho, las escuelas privadas enfocadas a los grados de FP han crecido un 700% en Madrid, al tiempo que la salida de plazas públicas está bajo mínimos.
A este respecto, Antonio Sánchez, diputado de Más Madrid, retrataba cómo la política de Gobierno de Ayuso consistía en desmantelar la educación pública y fomentar la red de centros privados, una tendencia que atravesaba a todos los gobiernos de la Comunidad. "Entre 2007 y 2020 se pasa de un 25% a un 44% de FP privada. Mientras que la pública ha descendido de un 75% a un 56%. Esta es la media de FP pública más baja de toda España", comentó Sánchez.
CCOO ha denunciado la opacidad que hay a la hora de calcular los datos reales respecto a las matriculaciones. Muchos centros no publican el porcentaje de alumnos que quedan fuera de plaza. Sin embargo, se estima que casi la mitad tendrá que buscarse un curso en las escuelas privadas. El 45% en Grado Medio no han conseguido acceder, cifra que aumenta en el caso del Grado Superior a un 61% (el año pasado ya llegaba a la escandalosa cifra de 54%). Este alto porcentaje de estudiantes deberán elegir entre perder un año entero y optar el año que viene a la misma plaza o pagar un precio abusivo, de hasta 7.000 euros según el caso, para acceder a un ciclo formativo en la privada.
A estos precios hay que sumar el negocio que se hace con las prácticas pactadas con las empresas. Estas prácticas, más que enseñar un oficio, sirven a las empresas para tener trabajadores por un salario inferior. A pesar de las negociaciones, ni la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni tampoco los sindicatos principales arrancaron ni tan siquiera el derecho del becario de que sea la empresa la que costee los gastos de transporte.
Dicho sea, la política que permite los conciertos y la injerencia de la privada en educación no es tampoco un invento de Ayuso. El gobierno autonómico sólo aprovecha la cobertura que las sucesivas leyes del PSOE le permiten, leyes en que en el último periodo también son secundadas por UP, quienes se suman al carro maquillando la educación neoliberal y para empresas con un discurso falsamente feminista y verde.
La realidad es que no hay progresismo en políticas que no universalizan la educación, que no ponen recursos para permitir a todos acceder a una plaza pública y que protegen los intereses de las empresas antes que los derechos de los hijos de las familias humildes. En la FP sigue habiendo una lucha encarnizada por las plazas, sigue existiendo la figura del becario y se siguen enfocando los distintos módulos según la demanda del mercado laboral (recordemos que de las doce Escuelas de Artes y Oficias que había en Madrid sólo quedan cuatro).
Aunque ha habido denuncia por parte de los distintos sindicatos, la verdad es que no se ha buscado un frente único que organice un plan de lucha por la educación pública en Madrid, que organice una inmensa huelga general en el sector que arranque los derechos para los estudiantes y trabajadores del sector. El silencio es sepulcral o, en el mejor de los casos, se busca negociar por arriba lo que no están dispuestos a pelear por abajo.
No son pocos los motivos que hay en Madrid, al igual que a nivel estatal, para levantar una respuesta contundente desde las calles, que frene la privatización, expropie los recursos a la privada y dote a una educación pública de calidad, con plazas para todos.
A este respecto, hay que ser contundente: cualquier actitud timorata es una claudicación más frente a los ataques neoliberales de Ayuso y del Gobierno “progresista”. Pende de los estudiantes y trabajadores organizarse y superar la connivencia de los principales sindicatos para imponer una política que favorezca realmente a la clase trabajadora.
