DEBATE. “Más enfermeros y menos maderos”: ¡fuera la policía de nuestros barrios!

La decisión del gobierno de Madrid de volver a imponer un confinamiento de clase, o la posibilidad de que el gobierno de Sánchez declare otro estado de alarma, conlleva más presencia policial en las calles. Tiene urgencia, por lo tanto, debatir cuál debe ser la posición de la izquierda anticapitalista ante la policía.

Que la policía es un cuerpo al servicio de la defensa de la propiedad privada y pilar del Estado capitalista es algo que se visibiliza cada vez que hay represión. Aquí planteamos cinco argumentos de por qué estamos por la disolución de la policía.

1. Los abusos policiales no son excepción

La policía pretende vender su función como “garante de la seguridad” de la sociedad por parte del Estado. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Como muestra, desde principios de la pandemia se han registrado más de 50 denuncias por abuso policial. En Diciembre del año pasado, la ONU condenó formalmente a España por un caso de tortura policial y, entre 2005 y 2015, según un estudio de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, hubo casi 7.000 denuncias, y, según otro hecho dos años después, en 2017 hubo 55 muertes bajo custodia.
Estos datos pueden parecer muy lejanos, pero debemos tener en cuenta la dificultad que se encuentra a la hora de obtener datos de este tipo. En muchos casos, las denuncias son archivadas y, como dijo el Defensor del Pueblo en 2019, no se tiene un protocolo claro respecto de las medidas que puede adoptar la policía o no. De hecho, muchas denuncias no se han debido a violencia física o verbal concreta, sino al maltrato general hacia los acusados y los presos. Por ejemplo, ha habido denuncias sobre el mal estado de los calabozos, con camas o celdas sin limpiar, compartidas con distintos presos que no son asistidos en caso de tener necesidades básicas (ir al baño o encontrarse en mal estado debido a golpes o enfermedades). Estas denuncias no entran dentro de las cifras, a pesar de que bien podrían considerarse abusos contra los detenidos.

De todos modos, no hace falta ir a los detalles aritméticos, basta ver las imágenes de Cataluña durante el referéndum del 1-O, las cargas policiales de las Marchas de la Dignidad, las persecuciones a los manteros, la violencia racista en los CIEs, el uso de armamento ilegal contra manifestantes, el caso de Patricia Heras o las últimas imágenes de las manifestaciones de Vallecas.

2. La policía tiene impunidad garantizada

La Asociación Pro Derechos Humanos advirtió que la mayoría de los casos de denuncias quedaban archivados y la posibilidad de hacer un seguimiento claro de la cifra de denuncias contra funcionarios es muy difícil. Muchos son los casos de agredidos que no denuncian por miedo a represalias, o simplemente por falta de recursos económicos. A su vez, ante la duda, ya conocemos el principio de autoridad que rige para la policía: en caso de no poderse definir debidamente las circunstancias, es la versión del policía la que tiene valor. En ocasiones ni las pruebas pueden servir a los afrentados, como el caso Ester Quintana, que perdió un ojo por una pelota de goma y el juez absolvió a los dos policías acusados. No parece exagerado decir que un principio de autoridad en estas condiciones supone un atropello a las libertades democráticas y civiles de los ciudadanos.

3. No son trabajadores, son represores

Lejos de considerarla un cuerpo de funcionarios, al menos, neutral, que vela por algún ideal de justicia, la policía es un órgano represivo que sirve para mantener el orden dentro de los Estados capitalistas.

Mientras la población se muestre dócil ante el Estado, sus fuerzas del orden supuestamente las “protegerán”. Bastará un mínimo cuestionamiento, un estallido de rebelión para que muestren su auténtica función: ser la fuerza de represión del Estado. Es una demostración contundente de esto que el reforzamiento de las fuerzas del orden sea siempre inversamente proporcional a la tensión en las calles fruto de la precarización y de la miseria.

El capitalismo y sus Estados son un sistema que se sostiene en la explotación del trabajo, que gestiona las vidas humanas según los baremos económicos, que no duda en dejar que millares de personas se ahoguen en el Mediterráneo, que fallezcan en sus hogares víctimas de la pandemia, en sus lugares de trabajo debido al exceso de explotación, y por eso hoy más que nunca es necesario desmentir que la policía (y por ende todas las fuerzas armadas) sean protectores y aliados. Sería un contrasentido creer que un Estado, que bebe de exprimir el trabajo y la vida de los explotados podría formar un órgano con medios armados que sirva en su contra.

De aquí se deriva que los intereses de la policía nunca puedan ser los mismos que los de los trabajadores. Aquellos sectores de izquierda que reivindican a la policía como “trabajadores con uniforme” cometen un grave error con terribles consecuencias: es como abogar por una máquina de tortura más eficiente para el verdugo. En lugar de luchar contra la represión de la clase trabajadora, prefieren incluir a las fuerzas armadas en el saco y afilar las armas que luego irán contra ella cuando esta denuncie su precariedad.

4. “Menos maderos, y más enfermeros”

Que le partan la cara a uno está mal, pero que además haya que pagar para ello, debiera estar prohibido. Y es que soltamos más dinero para que nos hagan daño que para que nos curen médicos y enfermeros.

Antes dijimos que en los tiempos de crisis una gran cuota del presupuesto va a las fuerzas del orden. Pues bien, en 2019, el presupuesto de la policía creció 8.56%, alcanzando los 8.34 millones de euros. En el caso de la policía nacional creció más, un 8.7%. En el caso de la Sanidad sólo creció un 0.9% a pesar de que el gasto aumentó en un 1.22%. Por supuesto, resulta absurdo comparar en términos brutos una dimensión y otra, ya que la estructura sanitaria requiere más dinero para sostenerse, pero si comparamos la proporción del presupuesto que se lleva el brazo represivo del Estado con el sistema sanitario, caemos en la insuficiencia de la financiación de este último respecto del primero.

Una buena radiografía de esto es el personal de una institución y otra. Sólo en Madrid hay más de 13.000 agentes entre nacionales y guardia civil, y más de mil municipales. El salario medio de un policía nacional es de 1.500 euros al mes.

Por su parte, contamos un personal sanitario, entre estatutarios, funcionario laboral, de 68.000. Aunque los médicos más antiguos pueden llegar a alcanzar los 53.000 anuales, el 46% no llega a los 40.000 anuales y sus contratos tienen condiciones significamente inferiores a la policía (temporalidad, salario desglosado en bonificaciones, etc.). Por otra parte, la mayoría del personal sanitario lo conforman técnicos sanitarios, enfermeros y contratados temporales de otros servicios (como la limpieza). Los técnicos tienen un salario base al mes que no llega a 800 euros, los enfermeros tienen un sueldo base de 1.000 que sólo se aumenta a base de dietas y cuantías fruto de las guardias, y los contratados dependen de la categoría, pero la mayoría no alcanzan el sueldo de enfermeros y lo hacen condiciones de precariedad, con contratos temporales y siempre amenazados por la injerencia de privatizaciones y recortes de personal.

5. Los sanitarios son necesarios, pero la policía no

Para curar hace falta acumular conocimiento social, preparación, ciencia y técnica. Siempre habrá enfermedad, padecimientos de todo tipo, y los médicos cumplen un rol crucial para el bienestar social. Y nadie mejor que los médicos junto al resto del personal sanitario para organizarse y establecer los métodos necesarios para favorecer la salud pública.

En cambio, la policía, es una institución reaccionaria de la que podríamos prescindir. En este caso, además de la imposición por la fuerza del orden establecido, se suele atribuir como una necesidad social la supuesta seguridad que ofrece la policía. Pero no podemos confundir la supuesta “protección” con el sometimiento, un cuerpo policial permanente que actúa para proteger los intereses de una clase, contra otra.

Luchar por terminar con la policía del Estado capitalista es abogar, en perspectiva, por la construcción de cuerpos autoorganizados de auto seguridad formados por la propia clase obrera y sectores populares, que no cobren más que cualquier otro trabajador, y que estén al servicio de los intereses de la mayoría, no de los que rigen las instituciones del Estado capitalista.