Tras el innegable empuje presidencial a este sector destructivo y contaminante, el secretario de Minería viajó para ofertar los bienes naturales de la Argentina entre inversores canadienses.
Valeria Foglia @valeriafgl
Martes 3 de marzo de 2020 17:51
Montaje: Alberto Fernández reunido con representantes de mineras durante la campaña. De fondo el Cerro Vanguardia, explotado por AngloGold en Santa Cruz
“Vamos a extraer los recursos a partir de un entramado productivo, tecnológico y diversificado en todas las provincias argentinas”, afirmó Alberto Fernández en su efusivo mensaje a favor del extractivismo durante la Asamblea Legislativa. Hablar del agua como "recurso" y prometer el saqueo "en todas las provincias" dice mucho de las intenciones del presidente que se había propuesto "salir del extractivismo".
Apenas asumida su gestión, el Frente de Todos ya había mostrado la clara orientación de favorecer a estos sectores, tejiendo pactos sin grieta con la UCR en Mendoza. Ante el silencio de Juan Cabandié, ministro de Ambiente, el presidente festejaba la "ley cianuro" que había acordado con el gobernador radical Rodolfo Suárez a espaldas del pueblo de Mendoza, que acabó derrotándola en las calles.
Las medidas concretas de las que habló Fernández no tardaron en llegar: su secretario de Minería, Alberto Hensel, confirmó en un encuentro con inversores mineros en Canadá que pretenden reducir nuevamente las retenciones a las exportaciones del sector en nuestro país. Un contraste grosero con la "solidaridad de pobres con pobres" que impusieron con el ajuste a los jubilados que cobran apenas un poco más que la mínima.
Hensel, exministro de Minería de José Luis Gioja durante el desastre de Barrick Gold en 2015, participó en representación de la Argentina de la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), una de las mayores ferias mineras, que se realiza anualmente en Toronto. Con el foco puesto en el pago de la deuda, el secretario llevó su apuesta de triplicar las exportaciones mineras de Argentina, proyectando llegar a los US$ 10.765 millones para el 2030.
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El funcionario del Frente de Todos no se caracteriza por defender la soberanía ni los recursos y bienes naturales del país, por lo que se descuenta que habrá ofrecido a las corporaciones mayores ventajas y promesas de “relajación” o eliminación de normativas como la ley de glaciares, a la que apuntó especialmente al referirse a que también existen "algunos embates cíclicos a la actividad y otro antiguo tema que es la ley de glaciares". Hensel y la subsecretaria, Silvia Gimbernat, son firmes impulsores del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, creado recientemente para avanzar contra toda legislación que limite o prohíba la actividad.
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Hensel propone que la reglamentación de la ley de emergencia “flexibilice” las retenciones "con la apertura suficiente para sentarnos con los empresarios y contribuir a la mejor salida (de cada proyecto)", confirmando que, pese a la resistencia de comunidades afectadas y organizaciones, el Gobierno ya se encuentra trabajando en una iniciativa de esa índole.
La sanción de la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en diciembre pasado ya incluía la rebaja de las retenciones a la exportación de productos primarios (entre otros, los minerales) del 12 al 8 %, una cláusula sumada casi a último momento. Ahora Hensel anuncia las intenciones de seguir favoreciendo a las multinacionales que arrasan y contaminan cerros y reservas de agua en nuestro país. Más aún, clarifica la posición oficial al afirmar, según consigna Télam, que "ante una retención del 8 %, puede ser en la práctica hasta de 0 %, todo depende de la evaluación y análisis que hagamos proyecto por proyecto".
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“Hay que salir del extractivismo”, lanzó Fernández durante la apertura de sesiones. El secretario de Minería que escogió, repudiado por las asambleas sanjuaninas por su lobby a favor de Barrick Gold y su ataque a ambientalistas, aseguró que se proponen que la reglamentación “flexible” de la ya concesiva ley de solidaridad sea "no solo para la minería, sino para todas las actividades”.
Luchas como las de Mendoza, Chubut, San Juan, Río Negro y Jujuy contra la minería a cielo abierto, contaminante, destructiva y que mantiene en el atraso a las distintas regiones donde se instala, demuestran que el Gobierno del Frente de Todos se encontrará con un importante escollo a la hora de dar luz verde a los pulpos mineros: la actividad no tiene licencia social en nuestro país.
Este 22 de marzo la Marcha Plurinacional del Agua para los Pueblos que culminará en la Plaza de Mayo denunciará la complicidad del Gobierno con el extractivismo, un modelo injusto y destructivo.
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