Más de 150 motocicletas han sido retiradas de circulación por parte del Municipio de Antofagasta, dejando a trabajadores y sus familias sin la única fuente laboral que permite su subsistencia ¡Por el derecho al trabajo! ¡Basta de criminalización!
Domingo 24 de julio de 2022
El pasado Jueves 07 de Julio, decenas de trabajadores de delivery se movilizaron a las afueras del Municipio en Antofagasta, luego de que el Municipio, liderado por el Alcalde Jonathan Velasquez, lleve adelante la política de intensificación de fiscalizaciones sobre normas de tránsito, por parte de las fuerzas policiales a trabajadores migrantes que se desempeñan como repartidores de delivery, lo que ha producido el retiro de circulación y confiscación de más de 150 motocicletas según datos de Carabineros. Con lo cual una gran cantidad de trabajadores ha perdido su única fuente de trabajo y sin recibir ninguna solución por parte de la autoridad local a pesar de que el gremio se ha reunido con el Alcalde.
La exigencia del cumplimiento de requisitos administrativos de regularidad, actúan como el condicionante con el que la persona migrante debe cumplir para ejercer derechos esenciales a la vida del ser humano tales como el derecho al trabajo. Las leyes discriminatorias que rigen actualmente en materia de migración se han encargado de implementar barreras al traslado fomentando así la situación de irregularidad, como el Decreto Ley N°1094 promulgado en dictadura y la reforma de Piñera durante el 2018, que abordan la migración desde un enfoque de seguridad nacional eliminando visas e imponiendo mayores dificultades.
De esta manera la persona migrante es arrojada a la informalidad y a la precariedad laboral, ya que al no contar con la regularización de sus papeles no pueden acceder a trabajos formales mediante contratos de trabajo y por ende deben desempeñarse en el marco de la informalidad para el sustento propio y de sus familias. Así de acuerdo con un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, solo en Antofagasta las personas migrantes dedicadas al empleo informal llegan al 40,6%, porcentaje que está muy por encima del promedio nacional de empleo informal de personas migrantes. ¡Basta de trabajo precario, condiciones de trabajo dignas para migrantes!
Trabajadores de delivery deben arriesgar sus vidas en trabajos precarios mientras son los empresarios quienes se enriquecen
El trabajo en aplicaciones como Rappi, Pedidos ya o Uber Eats, considerado de "segunda categoría", resultó ser esencial durante la pandemia, permitiendo que las personas se pudieran quedar en sus casas y jugando un rol esencial para la economía. Mientras las plataformas aumentaban sus ganancias, los trabajadores vivían en la desprotección y la falta de derechos laborales, sin la garantía de un seguro en caso de contagiarse o condiciones y elementos de seguridad para prevenir el contagio. Así, los empresarios de las aplicaciones esquivan no solo cuestiones como las imposiciones y el pago de un sueldo fijo y sino que también se ahorran el pago de colación, la conexión online a la aplicación, horas de descanso y herramientas de higiene y seguridad.
¿Cómo es el trabajo del repartidor? En bicicleta, en moto o en auto el delivery tiene diez minutos para llegar al local de destino sin importar la distancia o el tráfico, lo que se traduce en una exposición diaria a accidentes para lograr cumplir con el tiempo. En caso de no llegar a tiempo la aplicación te sanciona con un bloqueo de media hora y la baja del porcentaje de aceptabilidad, es decir, el repartidor debe elegir entre poner en riesgo su vida o no recibir remuneración. El día transcurre en esta dinámica, siendo la única prioridad el conseguir las ganancias necesarias para subsistir, teniendo en cuenta que éstas parten desde los 500 pesos. Todo esto sin derecho a un espacio donde colacionar, ir al baño o renovar utensilios de higiene.
En esta misma tónica, Rappi, presiona a repartidores para ser “categoría diamante” con mayores beneficios pero a costa de sus vidas, ya que dicha categoría se obtiene aceptando pedidos y llevándolos en el menor tiempo posible. Esto aumenta accidentes laborales que no son reconocidos por las empresas de aplicaciones que no otorgan seguros efectivos a los repartidores. Incluso en Santiago, Rappi comenzó a implementar “Rappi turbo”, que promete entregar pedidos en 10 minutos, exponiendo así a los repartidores y a la población a accidentes. El lema de estas empresas es “sé tu propio jefe”, sin embargo, esta independencia esconde una profunda precarización laboral, pues no hay horarios de trabajo fijos, pudiendo trabajar más de 45hrs semanales. Asimismo, estas empresas exigen turnos y horarios que hacen parecer como optativos, pero si no los tomas tendrás menos pedidos.
¿Mayor control policial y más familias en las calles o mejores condiciones laborales y de vida?
Los repartidores denuncian irregularidades en controles de identidad, discriminación por parte de Carabineros y ninguna solución para poder trabajar. Por lo cual piden un permiso transitorio mientras regularizan su situación migratoria y la convalidación de sus licencias para poder alimentar a sus familias. Ello en un contexto donde la inflación y la carestía de la vida golpean fuertemente a millones de familias en el país y en el mundo, el precio de los alimentos aumenta, hay más trabajo precario y los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes. Lo cual impacta principalmente en la región de Antofagasta, que existe una contingencia habitacional en la que a partir del 2019 se ha registrado un aumento de las familias asentadas en campamentos, llegando a 90 campamentos en el año 2021 según cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
¿En qué destinan los recursos el Gobierno y la Municipalidad?
El alcalde Jonathan Velásquez se ha destacado por implementar medidas parciales haciendo vista gorda del problema de fondo y por criminalizar a las personas migrantes, en un primer momento enfocando la limpieza de la ciudad en desalojar a vendedores ambulantes, en su mayoría migrantes, del centro de la ciudad y no en gestionar un cierre real del vertedero junto a un plan de remediación para el mismo lo cual terminó por desatar una gran crisis ambiental. Ahora vemos que sus intereses están puestos en potenciar un mayor control policial y utilizar las leyes de tránsito para perseguir específicamente al gremio de trabajadores repartidores de comida rápida, que en su mayoría son jóvenes y migrantes.
¿La solución esta en manos de una institución criminal que roba, mata, tortura y reprime al pueblo trabajador? A pesar de las múltiples necesidades de la población de Antofagasta y a pocos días de que la delegación presidencial decidiera cerrar por falta de presupuesto la entrega de servicios públicos a la población migrante que se realizaría través del gabinete migrante, las prioridades del gobierno están puestas en materias de seguridad y en fortalecer las policías. Ello se confirma con la visita de la ministra Izkia Siches a la Región, para destinar más de $2500 millones en seguridad, contemplados para el aumento de la dotación de profesionales de Fiscalía en la macrozona norte para y nueva tecnología para fortalecer labores investigativas. Un valor exorbitante que podría estar destinado a financiar la educación, la salud, la vivienda o un plan de emergencia que permita hacer frente a la carestía de la vida e inflación.
No dejemos que dividan a las familias trabajadoras entre migrantes y chilenos ¡Por el derecho al trabajo! ¡Basta de criminalización!
Negarles a los trabajadores repartidores de comida rápida trabajar significa aumentar la pobreza y llevar al colapso a algunos sectores del comercio que requieren este servicio, es urgente la implementación de un salvoconducto transitorio que permita mantener las fuentes de trabajo. Además de un plan serio de acogida que incluya la convalidación de títulos profesionales, convalidación de licencias de conducir, habilitación de albergues, visas laborales, convalidación de títulos profesionales y dejar de poner obstáculos que solo profundizan las malas condiciones de vida. En este sentido la lucha de los trabajadores del delivery es una lucha del conjunto de las y los trabajadores, donde se vuelve clave la solidaridad de todas y todos los trabajadores precarizados y además otros sectores estratégicos para la producción económica, para forjar una unidad que confíe en sus propias fuerzas para a doblarle la mano a los empresarios.
