Se trataría de 68 investigaciones ya en marcha de abusos sexuales a menores en instituciones religiosas tales como colegios, tanto de la Iglesia católica como de otras congregaciones.
Irene Olano Madrid
Miércoles 16 de febrero de 2022
La Fiscalía ha solicitado información en los últimos días a las diferentes fiscalías territoriales después de que el diario El País le hiciera llegar un informe con más de 250 denuncias relativas a instituciones de la Iglesia Católica.
La investigación ha arrojado un total de 68 casos en curso que estarían siendo investigados entre denuncias y querellas abiertas tanto en sede judicial como fiscal. Se distribuyen en 12 de las 17 comunidades autónomas, siendo la más afectada Cataluña con 14 casos.
Se trata de la primera estadística de abusos en instituciones religiosas existente, porque hasta el momento las administraciones guardaban silencio, no diferenciando entre casos cometidos en el seno de la Iglesia de los abusos sexuales a menores en general.
No obstante, la cifra no incluye la totalidad de los casos existentes, porque no incluye las sentencias condenatorias pasadas. Además, una parte de estos casos no llega a la justicia civil, sino que se instruye en procesos eclesiásticos, aumentando la opacidad y el secretismo. En estos casos, a menudo los propios cargos religiosos imponen silencio sobre lo ocurrido y los delitos quedan impunes.
La noticia se conoce apenas unas semanas después de que se conocieran un millar de inmatriculaciones ilegítimas de la Iglesia en los últimos años, algunas de las cuales habrían sido ya vendidas. Se trata de más de novecientos inmuebles de un total de 35.000 de inmatriculaciones que la Iglesia ha podido realizar gracias a una ley de la administración de Aznar.
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La impunidad de la Iglesia es absoluta y la separación entre Iglesia y Estado, aún una tarea pendiente. Continúan los tratos entre la Iglesia y los gobiernos y la invulnerabilidad pese los delitos cometidos por esta, por lo que está por ver cuántos de estos 68 casos investigados llegan a sentencias que condenen a cargos eclesiásticos.
De hecho recordamos como desde el Gobierno se ha propuesto que sea una comisión independiente, con la participación nada más y nada menos que de la propia Iglesia, la que investigue los numerosos casos de abusos sexuales que suceden en el seno de su organización. El Gobierno "progresista" no ve problema en que la Iglesia sea verdugo y juez a la vez.
Un escándalo que muestra que en el Régimen del 78 la ley no es igual para todos, y más si consideramos que la Iglesia sigue siendo una institución reaccionaria que se opone al derecho al aborto o al matrimonio homosexual, por ejemplo.
En 2022 debemos seguir peleando por la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado y por el fin de los abusos sexuales, y más si son a menores. Una pelea donde las feministas debemos estar a la cabeza, como la punta de lanza contra la Iglesia y la derecha más reaccionaria que la protege, pero también contra el gobierno que no la condena firmemente y mantiene los lazos de cooperación intactos.
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