Tras las medidas cautelares contra los primeros involucrados en el caso de corrupción conocido con el nombre de Penta, la Fiscalía, la Justicia y el Parlamento, refuerzan las investigaciones y procesamientos. Nuevas querellas, ampliación de las actuales, activación de las comisiones parlamentarias, están marcando la política nacional y buscando poner una barrera al incendio que sacude al régimen.
Miércoles 11 de marzo de 2015
Foto: EFE
El fiscal Carlos Gajardo es quien lidera la causa por la “arista tributaria” del caso Penta, por el delito de fraude al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Esta “arista tributaria” investiga el acuerdo entre funcionarios del SSI y un grupo de contadores para beneficiar a más de 120 contribuyentes (entre personas físicas como sociedades) y que pudieran obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos desde el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Esta semana se retomó la audiencia preparatoria del juicio contra los acusados por el delito de fraude impositivo que involucra casi 3 mil millones de pesos chilenos.
Los acusados son cuatro. Dos de ellos, los ex funcionarios del SII Iván Álvarez y Mitzi Carrasco por los delitos de cohecho, fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias) por devoluciones indebidas de impuestos, y lavado de dinero. Los otros dos son los contadores Juan Carlos Prieto y Sergio Díaz por soborno y delito tributario. Las condenas pedidas llegan a 15 años de prisión efectiva para los dos primeros, y de 8 años para los dos segundos.
Además, en un juicio abreviado, fueron declarados culpables de delito tributario y soborno y condenados a cinco años de libertad vigilada, Francisco Sivit, Hernán Díaz, Horacio Mayquel y Orlando Carvajal.
Se amplía investigación de la “arista SQM” del caso Penta
Los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena ampliaron la investigación, que se limitaba al año 2009, pidiendo a la empresa SQM información que va de ese año a 2014. Buscan encontrar más boletas y facturas falsas. Tanto la empresa SQM, como el grupo Penta están siendo investigados no solo por utilizar facturas falsas para conseguir beneficios fiscales por medio de un fraude impositivo, sino que también se descubrió que hicieron donaciones a campañas políticas de manera ilegal.
Recordemos que en la primera fase de esta investigación aparecieron varios involucrados, tanto de la derecha como de la Nueva Mayoría. Entre ellos, el dirigente de la UDI y ex ministro de Educación del gobierno de Piñera, Joaquín Lavín, y el senador del PS Fulvio Rossi, por financiamiento irregular de campañas políticas.
La empresa se mostró disponible para entregar toda la información haciendo que la pradera del régimen político se siga incendiando.
Nuevos procesamientos judiciales
El año 2006, el ex diputado independiente por Magallanes, Miodrag Marinovic, inició una querella contra el senador independiente por la misma Región Carlos Bianchi, por supuestas irregularidades en el arriendo de su sede parlamentaria.
El senador fue imputado por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, concretamente, por el sobreprecio de arriendo de su sede parlamentaria, defraudando al fisco en más de 45 millones de pesos. El juez dictaminó 60 días de investigación, sin medidas cautelares.
Con relación al caso Caval (otro escándalo de corrupción de una empresa inmobiliaria ligada al hijo de la presidenta Bachelet), también se preparan nuevas querellas. El empresario Hugo Silva dueño de la empresa Silca, que pagó 9.500 millones de pesos a Caval por los terrenos de Machalí esperando el cambio del Plan Regulador, alega que con el escándalo público esto podría retrasarse o impedirse, lo que perjudicaría su negocio, querellándose por estafa ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
Acciones parlamentarias
A pedido del diputado del Partido Comunista (PC) Daniel Nuñez, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados citó al diputado y presidente de la UDI Ernesto Silva por sus vínculos con el grupo Penta. Esta citación se debe a la acusación sobre Silva por haber promovido una modificación a una ley que habría favorecido al grupo Penta, dueño de Banmédica.
Para la Nueva Mayoría debería haberse inhabilitado en la votación, por tener un conflicto de interés. Ya que, recordemos, fue accionista de la Isapre Banmédica durante 2013, y hubo un intercambio de correos electrónicos entre Silva y el empresario dueño de Penta, Carlos Lavín.
Cortafuegos que echan bencina al fuego
Las medidas cautelares hicieron decir a la “Penta-Casta” que las “instituciones funcionan”, para intentar una solución desde arriba que haga pagar los platos rotos a personeros emblemáticos, y permitir poner un cortafuegos que evite que el incendio se propague. Lo cierto es que agregan bencina al fuego.
Cada ampliación de las investigaciones, cada nueva querella, cada acción de fiscalización parlamentaria, abre nuevas aristas, saca a la luz pública a nuevos involucrados, revela nuevos escándalos.
El más reciente, que estará a la luz pública en los próximos días, será el caso del ex presidente Sebastián Piñera.
