Los hechos del barrio porteño de Flores conmovieron a todo el país que los siguió por televisión y generaron un fuerte debate en torno al tema de la “seguridad”. ¿Se puede reformar a la Policía corrupta y criminal?

Julieta Azcárate Docente. Redacción de La Izquierda Diario CABA
Miércoles 28 de diciembre de 2016 09:04
Según las versiones oficiales Brian, de 14 años, murió a causa de un balazo, luego de haber estado internado un día en el hospital Gutierrez, por haber quedado en medio de un robo callejero.
El hecho provocó la bronca de vecinos que se acercaron a la comisaría 38, la tomaron y finalmente, luego de varias horas y de casi haber levantado la toma, la Policía terminó desalojando con gases lacrimógenos y balas de goma.
El reclamo entre los manifestantes fue por más mano dura y mayor presencia policial en las calles.
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Política de maquillaje y más saturación
Este reclamo tuvo su culminación en el encuentro, este martes, entre el abuelo de Brian y representantes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, a partir del cual se removió al comisario de la 38 y el gobierno se comprometió a aumentar los efectivos policiales en el barrio y a reforzarlos en la zona sur de la Ciudad, entre otras cosas.
Pero la salida de “más policía” sólo puede traer más inseguridad ya que las fuerzas represivas del Estado garantizan el sostenimiento del crimen organizado: son cómplices y parte fundamental del narcotráfico, las redes de trata, el regenteo de la prostitución, los robos y desarmaderos de autos. Sin la participación directa de las fuerzas de “seguridad” ningún individuo o banda que actúe en algún tipo de mercado ilegal podría sostenerse sin ser alcanzado por “la ley”. Incluso los talleres clandestinos, que proliferan en el barrio de Flores, donde los trabajadores están en condiciones de esclavitud, incluidos niños, están sostenidos gracias a la complicidad de la Policía. El incendio en un taller clandestino, por el que murieron Rolando y Rodrigo, es una prueba contundente.
En el caso de la Comisaría 38 de Flores en los últimos cinco años estuvo implicada en casos de sustracción de armamento, liberación de calles para el delito contra autos y casos de proxenetismo, según publicaron diversos medios de comunicación.
Desde hace décadas la inversión de los distintos gobiernos en “seguridad” aumenta año tras año, mientras que los índices de robos y demás hechos de violencia encuadrados en la categoría de “delitos” se mantienen proporcionalmente en los últimos años. Incluso los “nichos” del gran crimen organizado (con capitalistas multimilonarios que operan y viven en las zonas más protegidas y caras de Buenos Aires y otras ciudades argentinas) no sólo no han bajado sino que se han desarrollado aún más en ese mismo período. Al mismo tiempo, cada 25 horas en Argentina muere una persona (mayoritariamente jóvenes y pobres) a manos de policías, gendarmes, prefectos y agentes penitenciarios por torturas y “gatillo fácil”.
No es un policía, es toda la institución
Al referirse a la reciente unificación de la Policía Federal con la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires, el legislador por el Frente de Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, Patricio Del Corro, señaló que: “unificarán dos fuerzas que manejan el crimen organizado de la Ciudad con prontuarios tenebrosos. Horacio Rodríguez Larreta nunca contestó al pedido de informes que realizamos donde preguntábamos por qué mantenían el 70 por ciento de la cúpula de la Metropolitana con personal que cumplió funciones durante la dictadura cívico Institucional. A esta fuerza sumarán a la Policía Federal, a la cual la Procuraduría de Violencia Institucional denunció como la institución que reúne mayor cantidad de denuncias por simulacros de fusilamiento, uso de la picana, golpes y amedrentamientos, entre las formas de la violencia a niños y adolescentes”.
En verdad, no hay posibilidad de “reformar” a la Policía. Como sintetizó la diputada Myriam Bregman vía twitter, “no hay delito organizado sin complicidad estatal, policial. Si se atacara eso, bajaría también el delito callejero”. El reclamo por mayor “mano dura”, con más uniformados, balas y patrulleros en la calle, genera un incremento del gatillo fácil y la reproducción misma del crimen organizado, con sus saldos fatales para las familias del pueblo trabajador.
No es la primera vez que se remueve la cúpula de la comisaría 38. ¿Acaso esto erradicó, o al menos disminuyó, el negocio del narcotráfico en el barrio, o la trata de personas, o los talleres clandestinos? La realidad indica que se “renuevan” los funcionarios de seguridad, siempre con el mismo fin: proteger la propiedad de los empresarios y sectores poderosos de la sociedad, reprimir a los sectores populares y mantener sus propios negocios. Porque ese es el origen de las fuerzas de seguridad: “cuidar y proteger”, no a “la comunidad”, sino a la propiedad privada capitalista.
La pobreza estructural y la miseria
La situación de pobreza estructural, con jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar ni trabajar, niveles de desigualdad exorbitantes, es el trasfondo de los “robos”, que tanta prensa le dan en los medios de comunicación. Las situaciones de pobreza, precariedad laboral y de vida, pauperización y miseria, son caldo de cultivo para pibes que muchas veces el sistema no le ofrece ni facilita otra posibilidad.
Incluso en esos casos también la Policía hace lo suyo. La desaparición durante años de Luciano Arruga y el posterior hallazgo de su cadáver enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita sacó a la luz el modus operandi policial basado en la extorsión a jóvenes pobres, obligándolos a robar para el comisario “a cambio” de no hostigarlos ni perseguirlos en la calle (una negociación totalmente falsa, además, ya que esos pibes siempre son carne de cañón cuando hay que inflar estadísticas policiales de “combate al delito”).
Sin embargo, los medios de comunicación, el gobierno y parte de los vecinos que salieron a manifestarse contra el comisario, en lugar de plantear terminar con la desigualdad, fortalecen el pedido de “mano dura” contra los pobres, haciéndolos responsables de una situación estructural que el propio sistema capitalista genera.
Los aspectos de inseguridad cotidiana de la clase obrera y el pueblo pobre, como no tener acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, que los pibes no puedan comer, quedan completamente borrados de la llamada “opinión pública”. ¿De quién es la responsabilidad política de que esto suceda? ¿Es un problema de los chicos y familias pobres, o un problema de los gobiernos?
La salida de fondo es contra el sistema
Es una ilusión pensar que es posible reformar las fuerzas de seguridad, “mejorar” la policía, a través de la elección de los comisarios por “voto popular”, o abriendo los libros de las comisarías bajo control vecinal, o a través de los cambios de maquillaje de renovación de cúpulas policiales. Lamentablemente parte de la izquierda que se proclama anticapitalista y revolucionaria plantea consignas de este tipo como si fueran verdaderas medidas de transición a una solución de fondo. Pero no es así. Esto no implica una salida de fondo al problema de la “inseguridad”, ya que la función social de la policía es la de garantizar el orden capitalista, sosteniendo al crimen organizado. El PTS, por el contrario, plantea que no es posible generar confianza en el cambio de cúpulas policiales y cierto “control comunitario” de esas bandas de criminales a sueldo.
El problema de la inseguridad y el delito es un problema social profundo y estructural, que sólo se resolverá cuando se ponga fin al sistema capitalista. La burguesía pretende resolverlo con más policía, aparato del estado y represión, mientras que la única forma de resolverlo es cambiando el sistema. En este camino, también es necesario acabar con las fuerzas de seguridad que lo sostienen.
Darle salida al sistema capitalista de conjunto es la única forma de acabar con la “inseguridad” en la Ciudad, en el país y en el mundo.

Julieta Azcárate
Nació en Buenos Aires en 1982. Militante del PTS, licenciada en Sociología y docente.