Resolución. Más policías: el Gobierno bonaerense ordenó que efectivos retirados vuelvan a la fuerza

A través de una resolución administrativa, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, resolvió "convocar a prestar servicio obligatorio" a los efectivos de la Policía Bonaerense retirados. La medida se enmarca en “la Ley N° 14.806, prorrogada sucesivamente por su similar N°15.165 y por el Decreto N°1176/20, donde se declaró la emergencia en materia de seguridad en la provincia. Abarcará a aquellos efectivos pertenecientes al Escalafón Suboficiales y Tropa cuyos antecedentes resulten inobjetables, quedando sujeta a las necesidades del servicio”, dice el texto oficial.

Según dispone esta iniciativa, los efectivos que se encuentren en esa situación percibarán un haber “equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la sumatoria del Sueldo Básico, Suplemento por Riesgo Profesional, Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 2° del Decreto N° 1254/10 y modificatorios, y Bonificación Remunerativa No Bonificable del artículo 3° del Decreto N° 1629/10 y modificatorios, de su jerarquía de revista”, además de “el cien por ciento (100%) de su haber de retiro acordado oportunamente, quedando exceptuado del régimen de incompatibilidad previsional y/o de cualquier norma de carácter similar”.

La medida bonaerense llega en los últimas semanas de campaña electoral en las cuales uno de los ejes elegidos es la llamada “inseguridad”, no solo por la derecha de Juntos por el Cambio, sino también por el propio Frente de Todos. Algo que se vio claramente en el debate legislativo del 21 de octubre en TN en el que Nicolás del Caño, fue el único candidato que no defendió la mano dura.

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Medidas como esta, tienen un claro tinte electoral, y sobre todo teniendo en cuenta la gran derrota que sufrió el Gobierno nacional. La crisis es tan grande que desde hace días además asistimos a un cruce interno entre Berni y el ministro de Seguridad nacional, Anibal Fernández.

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Hay que decir también que por más que la letra diga que los efectivos convocados serán aquellos que "cuyos antecedentes resulten inobjetables", en los hechos esto no es así porque estamos hablando de una fuerza conocida como la "maldita policía" y del "gatillo fácil".

Como analizan, Rosa D’Alesio y Daniel Satur "un mayor fortalecimiento del aparato armado del Estado, un mayor endurecimiento del Código Penal y aumento exponencial de la tecnología de control -cámaras, radares, alarmas- y de represión -armas, móviles, tropas de élite- no sólo no derivaron en una vida más “segura” para las mayorías sino que no sirvieron para prevenir ni impedir las más diversas formas del delito".

Al contrario, el resultado termina siendo el aumento de las políticas represivas y la criminalización de la protesta, sobre todo en momento como este donde la pobreza y la indigencia golpean fuerte.

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