Luego de la adhesión al protocolo contra la protesta social se anunciará la sede provincial de la Policía Federal y la instalación de un Escuadrón de Gendarmería.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 19 de febrero de 2016
La reunión del Consejo de Seguridad de Interior (CSI), realizado el pasado martes y miércoles, que aprobó un escandaloso protocolo contra la protesta social, contó con una entusiasta participación de funcionarios del gobierno de Manzur.
Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad provincial, aprovechó su estadía en Bariloche para reunirse con su par Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación. Amado también contó con la compañía de Paul Hofer, secretario de Seguridad provincial.
Según reflejan las actas de la reunión del CSI, Amado se mostró una clara afinidad en torno a las políticas represivas del PRO. “Vamos a tomar las pautas que nos fije Nación”, había adelantado en torno al programa de Emergencia de Seguridad Nacional.
En el debate por el protocolo contra la protesta social, Amado fue un entusiasta del proyecto, sosteniendo que en dicha reunión sí o sí deberían llegar a un acuerdo entre los diferentes gobiernos provinciales. Finalmente, el 80% de las provincias adhirió al protocolo y el resto pidió tiempo para evaluarlo.
El ministro manzurista intentó matizar las críticas al protocolo afirmando que “los cortes de ruta son actos que debemos tratar para mantener el derecho de los ciudadanos de expresarse libremente y a la vez evitar que afecte los derechos de terceras personas. El protocolo es importante, habla de cumplir la ley”, declaraciones que se alejan de lo que en realidad plantea el protocolo.
La izquierda ha planteado su rechazo a la aplicación del protocolo en la provincia “por parte del gobierno de Manzur, quien asumió ilegitimamente con miles en las calles denunciando el fraude y ahora está procesado por corrupción. Con este protocolo las movilizaciones para exigir #NiUnaMenos y justicia por Marita Verón o Paulina Lebbos deben ser reprimidas, lo mismo vale para las marchas de estudiantes o las diferentes protestas de trabajadores defendiendo sus puestos de trabajo. ¿Qué pasaría si alguien quiere protestar contra los tarifazos?”, declaró Alejandra Arreguez, referente local del Frente de Izquierda y dirigente del PTS.
Más policías y gendarmes
Amado utilizó su primera intervención en la reunión del CSI para “agradecer públicamente a la Ministra (Bullrich) y sus funcionarios” por la gestión de la instalación en Tucumán de una agencia de la Policía Federal. Esta sede será inaugurada el próximo lunes 22 por Bullrich y el comisario general Román Di Santo, jefe de la Policía Federal. Esta agencia tendrá jurisdicción además en las provincias de Santiago del Estero, Salta y Jujuy, y trabajará en conjunto con las Policías locales.
En una segunda etapa de este plan se cuenta la instalación de un Escuadrón de Gendarmería Nacional. En Bariloche, Amado y Hofer se reunieron con Gerardo José Otero, comandante general de Gendarmería, acordando un “trabajo en conjunto” con la Policía de Tucumán y la Policía Federal. El Escuadrón se instalará en Capitán Cáceres (en el departamento de Monteros), un pueblo creado por Antonio D. Bussi para la instalación estratégica del Ejército durante la segunda etapa del “Operativo Independencia” en 1976.
La “lucha contra el narcotráfico” es el argumento esgrimido para la instalación de ambas fuerzas y el desembarco de efectivos.
Como señaló Ricardo Ragendorfer, en una serie de entrevistas para este diario, “el narcotráfico es una excusa para engordar la Ley Antiterrorista” y fortalecer al aparato represivo. Según el periodista especializado en la crónica de crímenes vinculados al mundo policial, la intención de instalar “la hipótesis de un enemigo social en el narcotráfico” como una estrategia de “saturación del espacio público” que permite criminalizar la pobreza y disponer de las fuerzas de seguridad para la represión de los conflictos. Resta agregar que son numerosos los casos donde se ha comprobado que son los efectivos de estas fuerzas los que posibilitan el negocio del tráfico de drogas.
En Tucumán, el Frente para la Victoria acuerda en profundizar la avanzada de la política represiva del PRO. El intento de recortar el derecho a la protesta y de fortalecer el aparato represivo debe ser contestado con una contundente movilización desde los sindicatos, los centros de estudiantes, las organizaciones de DDHH, sociales y políticas.
