Salió el magisterio de las calles. Empresarios demandan mayor presencia de fuerzas represivas en espacios públicos, con la excusa del aumento de violencia criminal y las protestas. Una avanzada para ahogar el descontento social. La clase trabajadora y los sectores populares deben ponerse en guardia.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Jueves 13 de octubre de 2016
Ante lo que perciben como fracaso de la actual estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón pidió al Ejecutivo que a cuatro años de gobierno se haga un análisis.
Señaló Castañón: frente el alza de la cantidad de robos en carreteras, linchamientos, tomas de fábricas, bloqueos y homicidios, así como ante el aumento de las manifestaciones contra las medidas gubernamentales que implican un riesgo para la gobernabilidad del país, urge una seria revisión de la estrategia de seguridad.
Más aún, afirmó en relación con las protestas: “Es estructural no dejar crecer este fenómeno social que se ha venido incrementando en los últimos tres años".
A su vez, realizó un reconocimiento a las fuerzas armadas y exigió al Congreso la aprobación de una Ley de seguridad interior que dé mayor margen de acción a las fuerzas armadas, y cuestionó “que las instituciones defienden más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas”.
Estas declaraciones se realizaron en una conferencia realizada en el Club de Industriales de la que participaron los líderes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur); de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra); de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis); de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
La “seguridad pública” de los negocios capitalistas
Castañón, vocero de los empresarios, lo que pide es que el gobierno redoble la ofensiva contra la protesta social, a través de mayor despliegue policial y militar en las calles, así como plena impunidad para que operen. Su objetivo: que se garanticen sus negocios y que se apliquen al 100% las reformas estructurales.
En su discurso Castañón reivindica a las fuerzas armadas, responsables de innumerables masacres, como la de Tlatlaya, la de Apatzinagán, la de Tanhuato, la de Aguas Blancas, la de Tlatelolco. Que fueron parte de la noche negra de Iguala y de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa.
Hoy empresarios y CEO’s han tomado nota del surgimiento y desarrollo de la protesta social en distintos puntos del país: el magisterio, el movimiento por Ayotzinapa, los paros y los plantones en las maquilas del norte, a pesar de los años de militarización. También señalan que son perjudicados por la proliferación de la violencia.Son una pequeña minoría que vive a costa del trabajo de millones de personas que han visto avanzar la degradación de sus condiciones de trabajo y de vida.
Los empresarios -nacionales y extranjeros- con la imposición de los salarios que se cuentan entre los más bajos del mundo, han hundido a millones en la pobreza y excluyen también a miles que son orillados a convertirse en mano de obra del crimen organizado.
Miseria y descomposición social es lo único que tienen para ofrecer los poderosos a la clase trabajadora y los sectores populares. De la mesa de su banquete de lujo aun caen algunas migajas hacia sectores privilegiados de las clases medias, que pueden convertirse en el respaldo del pedido de más “seguridad pública” de los de arriba.
Ante esta situación, es urgente que los sindicatos que se reivindican opositores, junto con organizaciones de derechos humanos, comunidades y pueblos originarios, mujeres y jóvenes, pongan en pie un gran movimiento contra la militarización, en el camino de la lucha contra los planes de Peña Nieto, el imperialismo estadounidense y las transnacionales.
