El intendente reconoce públicamente que "tenemos las mismas camas que hace 10 años” y que se necesitan los hospitales abiertos luego de que el HAM anuncie que deja de recibir internaciones. El 50% de los casos confirmados de la ciudad son trabajadores y trabajadoras de la salud.
Miércoles 15 de abril de 2020
Se hicieron conocidos los resultados de 11 casos positivos relacionados con las trabajadoras y trabajadores del HAM. Este hospital que estuvo a la cabeza de recibir los primeros casos de COVID-19 en la ciudad anunció que seguirá trabajando con quienes están internados y no recibirán nuevas internaciones en los próximos días. A estos casos se suma uno más del Hospital Italiano.
Hoy mismo el intendente Héctor Gay en una entrevista con La brújula reconoció que: "tenemos las mismas camas que hace 10 años. De ninguna manera podemos darnos el lujo de tener fuera del sistema 15 días un hospital".
El intendente de Bahía Blanca por Juntos por el Cambio había tomado la iniciativa del gobierno nacional de Fernandez en la ciudad. Siguiendo con el modelo de Larreta y distintos gobernadores de la oposición, el gobierno local se ha encolumnado detrás de la unidad nacional. El peronismo local se ve obligado a plegarse a la danza conciliatoria que le impone la crisis internacional y nacional para comandar el país.
Andrés Malamud -polítilogo recibido en la UBA, doctorado en Ciencias Políticas del Instituto Universitario Europeo e investigador de la Universidad de Lisboa, Portugal donde vive actualmente- reconoce que en Argentina se ha logrado “unificar al gobierno con la oposición detrás de una propuesta común”. El politólogo Malamud plantea que lo que suma en este momento son los gobernantes que muestran una personalidad centrípeta, es decir, que tienden a cooperar dirigiendo la política hacia el centro, una perspectiva antibrecha que la representa en la relación entre Alberto y Larreta, y siguiendo su razonamiento también Héctor Gay.
En relación a la salud se puede afirmar que el gobierno local desarrollaba una propuesta de colaboración entre entidades de la salud privadas y públicas con el objetivo de no saturar la atención pública de los hospitales. Esta política de reducción de gastos comienza a recibir golpes en la primera línea de flotación, y en lo que parecía relativa calma por la unidad de propósitos se filtran los primero roces y las ideas y vueltas por las responsabilidades políticas.
Mientras el secretario de salud Pablo Luis Acrogliano hace responsable a las y los trabajadores de la salud por acusarlos de no cumplir con el protocolo, la respuesta del doctor Carlos Deguer -titular de la Asociación Médica- en entrevista con FM de La Calle es clara “ Se ha chequeado a todo el plantel de salud, todos negativos. Ahora se vuelve a hacer un chequeo a un círculo más amplio. Estos tiene que ver con el chequeo masivo como forma de detectar casos y cortar la cadena de contagios. El chequeo masivo no cura pero detecta fácilmente los pacientes asintomáticos y corta la cadena de contagio”.
En la respuesta de la institución se deja entrever una posición que va más allá de lo que sucede dentro del hospital, el criterio epidemiológico del HAM para lograr cortar la cadena de contagio esta directamente relacionada con la necesidad de realizar testeos masivos. Teniendo en cuenta que el personal de salud trabaja en varios hospitales a la vez el testeo de todo el personal sanitario -no sólo el del HAM- es imprescindible para cuidar a quienes nos cuidan.
Otro punto importante de esta política de alineamiento tiene que ver con la perspectiva social del gobierno nacional en relación al problema de la pobreza. El gobierno plantea que se triplicó la entrega de bolsones, llegando a las 16400 unidades. Hoy son 6000 las familias que reciben en Plan Alimentar y casi 9000 las que viven en asentamientos y villas miserias en la ciudad.
Aún así el gobierno también impulsó la medida del recorte de un 30% en los salarios de los funcionarios tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, una propuesta que surgió del corazón del macrismo . Esta suma se destina al Fondo de Emergencia Alimentaria como aporte “frente a la situación sanitaria, social y económica que estamos viviendo”, según el intendente. Este aporte es igual a $20 por persona en situación de pobreza en Bahía Blanca.
La oposición exige la declaración y el tratamiento de Emergencia Alimentaria, pero no ha hecho una propuesta seria sobre qué partidas y recursos “extraordinarios” poner a disposición de la alimentación.
En este marco se lanzó la campaña #RememosJuntos en la que participa la iglesia católica de Bahía Blanca (Cáritas) y el Banco de Alimentos “Nutrirnos+”, este último también es parte en la campaña “Edificio solidario”. Las provisiones también provienen de donaciones de empresas como Nutribras SA, Cia Molinera del Sur, Mc Cain, Distribuidora Ocean, Ser Natural, Cooperativa Virrey Loreto, Georgalos, Coca Cola Andina, Citybank, De la Bahía Reciclados y Expreso Oro Negro.
Ahora bien, la pregunta entonces sería ¿cuál es el objetivo de esta política?¿Por qué apela a las empresas en clave solidaria para aportar donaciones para alimentar a los pobres urbanos? Porque efectivamente estas empresas multimillonarias como Profertil, Dow o Unipar y las miles de familias que viven hacinadas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas son dos expresiones enfrentadas de la misma realidad social.
Es claro que esta agenda no está orientada a liquidar las profundas diferencias sociales que se expresan en la ciudad y que en la crisis del 2001-2002 dejó un 20% de desocupados, sino más bien el objetivo es que la contención logre evitar el estallido de la profunda fractura social.
Este plan de contención busca administrar el estado crítico del sistema de salud -a través de los directivos de los hospitales y funcionarios de turno- en vez de reorganizarlo bajo control de sus propios trabajadores y trabajadoras para reducir el costo humano de la pandemia. Es fundamental que sean ellos y ellas quienes planteen qué elementos son necesarios para capear la crisis sanitaria a nivel local y se acompañe esta demanda con una reconversión de la producción de las principales empresas del polo para abastecernos de lo que sea necesario. También es fundamental aplicar un impuesto del 3% a las grandes empresas para financiar un salario mínimo de cuarentena de $30.000 para todos aquellos que lo necesiten.
Como también dice Andrés Malamud no se sale limpio de la cuarentena y las consecuencias sociales de la crisis que el COVID-19 profundizó drásticamente ya empiezan a hacerse sentir.
